Por Roberto Feletti *

Los cien días de “K” han hecho correr ríos de tinta. La derecha económica, abocada a la reconstrucción de poder político, se desgañitó calificando el accionar del gobierno de “actos de campaña” y el deseo de querer construir un poder hegemónico, terminando de desestructurar el orden político partidario golpeado en diciembre de 2001. El Gobierno, por su parte, rescató la necesidad de recomponer la calidad institucional y el funcionamiento del Estado como garante de derechos individuales y sociales, a la vez que fundó su legitimación en un conjunto de ideas, a las que el Presidente denomina “convicciones”, que guían sus actos de administración.
Sin embargo, el enfrentamiento es mucho más profundo y, seguramente, más prolongado en el tiempo que el inventario de aprobaciones o rechazos que sufren las decisiones gubernamentales en la opinión pública. La ruptura de la convertibilidad y el hundimiento del sistema político institucional que la acompañaba provocaron realineamientos en torno del rumbo del país, cuya consecuencia más visible fue quitar sustento electoral al modelo aperturista y promercado en crisis e instalar una mirada sobre la reconstrucción de un esquema agroindustrial, recreado al calor de políticas públicas, que recupere empleo y salario.
Esto último constituye, sin explicitarse, el verdadero “plan”, del que se acusa reiteradamente al Gobierno de carecer. Desde el gobierno de Duhalde hasta el presente se transitó en esa dirección, la pesificación de la economía en el marco del superávit externo y el equilibrio fiscal, que frenan cualquier ataque especulativo contra el peso, la resistencia férrea a aumentar las tarifas de los servicios públicos impidiendo una escalada inflacionaria y, a la vez, medidas de recomposición de los ingresos individuales por la vía de los planes sociales masivos y el aumento del salario mínimo.
Este es el camino que adoptó el país para salir de la convertibilidad, profundamente resistido por la derecha económica que carece de poder político para revertirlo. Por primera vez en casi tres décadas el rumbo socioeconómico recompone la relación entre política y sociedad, aunque se divorcia con conflictos crecientes del bloque de poder económico, que con matices detentó la hegemonía desde el fin de la dictadura.
Las tensiones entre “proyecto agroindustrial integrador” y “derecha económica sin respaldo institucional” se desenvuelven en dos planos, uno el externo, signado por la dura negociación con el FMI, y otro interno delineado por las elecciones distritales hasta octubre.
El Fondo ha dejado de lado los logros alcanzados en la estabilización macroeconómica, la recuperación del nivel de actividad y la institucionalización política, para presionar con los reclamos de la derecha económica: aumento de tarifas, reducción de la banca pública y mayor superávit fiscal. Convirtiéndose así en el principal factor de freno al rumbo económico posconvertibilidad.
Simultáneamente, la derecha económica procura reencontrarse con capacidad de intervención política operando en dos direcciones: mellar el respaldo del peronismo bonaerense al gobierno nacional y alentar liderazgos locales que le retornen los votos perdidos en el crac 2001/2002.
Para la provincia de Buenos Aires y la pampa húmeda en general, la reconstrucción de un esquema agroindustrial menos trasnacionalizado es decisiva para la gobernabilidad de los grandes centros urbanos. El Gran Buenos Aires sin industrias ni producción agropecuaria dinámica está condenado a vivir del subsidio fiscal y el asistencialismo social, extraído de recursos escasos. La recuperación de los precios internos, esencialmente las tarifas, en relación con el tipo de cambio y una economía sin moneda propia impulsarán nuevamente el deslizamiento de los aglomerados urbanos bonaerenses hacia el desempleo y la marginalidad. Entanto, la transversalidad política que alienta el Presidente involucre a sectores “agroindustrialistas”, es poco probable que el peronismo bonaerense se distancie del gobierno nacional.
Por el lado de la ciudad de Buenos Aires, el apoyo al candidato Macri aparece estratégico para la derecha económica porque ha recompuesto en la primera vuelta la coalición electoral de los noventa, que reúne los extremos de la desigual distribución del ingreso. Esta alianza tácita en las urnas, constituida a partir de un voto por demandas fragmentadas, donde los ricos votan por la seguridad jurídica y material de sus riquezas y los pobres, por una mejor calidad de asistencia que no cambia su condición de tales se ha convertido en la apuesta más fuerte del poder económico en el plano interno.
Ahora bien, la ciudad de Buenos Aires es también un conglomerado urbano que requiere de un destino productivo asociado al de toda el área metropolitana. Un proyecto político que consienta el aumento de tarifas de servicios públicos, una economía dolarizada en un nivel más alto que en la convertibilidad y la libertad absoluta del mercado para extraer renta dañarán el nivel de vida de los porteños, pero también la perspectiva de un rumbo socioeconómico más acorde con la historia de la Argentina.
La derecha económica requiere del voto fragmentado por demandas específicas, sin alterar las capas de la sociedad, como forma de consolidar la distribución del ingreso a favor de los ricos alcanzada una década atrás. La idea de una sociedad integrada en torno de un proyecto económico que la viabilice, con un rol activo del Estado y perspectivas de ascenso social, requiere de un apoyo a la instalación de demandas colectivas y no segmentadas. La convergencia de fuerzas para derrotar electoralmente a quienes más se beneficiaron en los noventa en la ciudad de Buenos Aires, es también un aporte al reencuentro de la Argentina, una apuesta fuerte al sueño colectivo que, aun en borrador, y con trazos gruesos, se está instalando en un país que quiere abandonar definitivamente su pasado reciente de exclusión e injusticia social.

* Presidente del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires.