La defensa de Domingo Cavallo en el juicio por el megacanje le pidió al Tribunal Oral Federal 4 que convoque a declarar como testigo a Fernando de la Rúa. El ex presidente ya figura en la lista de quienes podrían dar testimonio, pero los jueces explicaron que el problema es que tiene falta de mérito en el expediente de instrucción, dictada en el año 2001, lo que lo ha dejado en una situación indefinida: no está imputado ni está sobreseído.

El ex ministro Cavallo es el único que está en el banquillo por negociaciones incompatibles con la función pública a través de aquella operación de canje de títulos, una medida que en el 2001 fue presentada como una promesa de alivio para la crisis económica. Sin embargo, terminó incrementando la deuda en 55 millones de dólares y beneficiando –por las abultadas comisiones cobradas– a un grupo de bancos (Crédit Suisse, First Boston, Banco Galicia, Banco Santander, BBVA Banco Francés, Crédit Suisse First Boston Corporation, HSBC Bank Argentina SA, J. P. Morgan Securities Inc. y Salomon Smith Barney).

“Es muy importante, no podemos prescindir de sus dichos”, insistió en relación a De la Rúa el defensor de Cavallo, Eduardo Oderigo. También dijo que el ex ministro ampliará su indagatoria. La fiscal Fabiana León también considera que puede ser relevante la declaración del ex presidente, igual que la de varios otros ex funcionarios de alto rango que participaron en el diseño del canje. Lo que sucede –le explicó a este diario– es que la situación judicial de muchos de ellos quedó indefinida. De hecho, recientemente la Cámara Federal sobreseyó a varios implicados por prescripción, y con la apelación del fiscal Germán Moldes el expediente debe ser revisado por la Cámara de Casación Penal.

Entre los beneficiados por el paso del tiempo se encuentra David Mulford, el ex secretario del Tesoro norteamericano que representaba al banco Credit Suisse y que es señalado como ideólogo del megacanje en sintonía con Cavallo. Mulford nunca se presentó a la indagatoria y el pedido de captura librado en su contra tampoco surtió ningún efecto. La Cámara también había dictado el sobreseimiento del ex asesor de Cavallo Tomás LIendo, el diputado de PRO Federico Sturzenegger, el ex secretario de Hacienda Jorge Baldrich, el ex subdirector de Financiamiento Julio Dreizzen, el ex director Financiación Externa de la Oficina Nacional de Crédito Público Norberto López Isnardi, el ex procurador del Tesoro de la Nación Ernesto Alberto Marcer, el ex director nacional de Crédito Público Carlos Federico Molina y el ex jefe de Gabinete de Asesores del ministro de Economía Guillermo Mondino.

La fiscal León insiste en que es muy difícil llevar adelante un juicio por negociaciones incompatibles “si sólo se juzga a uno de los que otorgan un beneficio pero no a los beneficiarios.”.

Ayer declaró como testigo la abogada María Victoria Vitali, quien trabajaba en la Oficina Nacional de Crédito Público y relató que se ocupaba de los expedientes para las operaciones de deuda. Explicó que para las operaciones de canje que se realizaron entre 1998 y 2000 no fue necesario un decreto, sino resoluciones de la Secretaría de Hacienda. “En comparación con otras operaciones, todo se hizo muy rápido”, dijo Vitali, quien además expresó que no recordaba que antes se hubieran utilizado asesores jurídicos externos, en alusión a Liendo. “La coordinadora nos pidió que le reenviáramos todo el trabajo a él.”

También declaró el analista financiero Juan Martín Gil Libarona, quien desde la Coordinación de Manejo de Pasivos estaba encargado de la proyección de escenarios y flujos de los bonos, pero ante las preguntas de la fiscalía aclaró que no recordaba quién fijaba qué precios se utilizaban para realizar las proyecciones.