Frente a la negativa del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, la fiscalía de esa ciudad insistió en que se revisen los beneficios de prisión domiciliaria otorgados a 15 represores, en su mayoría integrantes de la Marina, que están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos en la Base Naval de Puerto Belgrano.

La Unidad Fiscal de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos, a cargo de los fiscales José Nebbia y Miguel Angel Palazzani, recurrió en queja a la Cámara de Apelaciones el viernes pasado para que el tribunal a cargo del juicio en curso por delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar en esa provincia acceda a revisar la situación de detención de más de la mitad de los imputados.

“Entendemos que es una cuestión de justicia el hecho de analizar caso por caso, confirmar o rechazar si los acusados están en condiciones de estar en cárcel común como cualquier preso. Si no, uno entiende que hay privilegios”, apuntó Nebbia en diálogo con este diario. El pedido apunta a que si, si nada lo impide, los represores sean trasladados a la Unidad Penal 4 de Villa Floresta, en las afueras de Bahía Blanca.

Los fiscales requirieron la revisión de la situación de los imputados Tomás Carrizo, Oscar Castro, Félix Cornelli, Eduardo Fracassi, Edmundo Núñez, Leandro Maloberti, Manuel García Tallada, Enrique De León, Domingo Negrete, Raúl Otero, Néstor Nougués, Gerardo Pazos, Pedro Pila, Luis Pons y José Luis Ripa, a quienes el Tribunal Oral en lo Criminal Federal subrogante de esa ciudad bonaerense confirmó la prisión domiciliaria que habían logrado durante la etapa de instrucción de la causa.

La mayoría de ellos perteneció a la Marina, fuerza que encabeza las acusaciones en el juicio que se sigue a 24 represores, entre los que también figuran ex integrantes del Ejército y ex policías. La fiscalía está intentando que se incorpore a la acusación al marino retirado Alejandro Lawles, que permaneció prófugo hasta hace algunas semanas. Todos los integrantes de la Marina que figuran como imputados en ese debate oral poseen el beneficio de la prisión domiciliaria.

El tribunal respaldó su decisión en la edad avanzada y el estado de salud de los imputados. Sin embargo, no ordenó revisación médica alguna que actualizara y confirmara tales datos, procedentes de los tiempos en los que aún la causa estaba en período de investigación.

Para los fiscales, la decisión del tribunal de no volver a estudiar tales cuestiones fueron arbitrarias. “Se deben, cuanto menos, revisar en qué situación llegan a juicio cuando el debate comienza”, evaluó Nebbia. Al inicio del juicio oral expresaron este pedido a los jueces Jorge Ferro, José Tripputi y Martín Bava, quienes rechazaron el planteo. Nebbia y Palazzani insistieron en llevar la situación a Casación, pero el Tribunal doblegó su negativa. Entonces llegó el recurso de queja. En ese escrito, los fiscales aseguraron que “la decisión de mantener el beneficio de la prisión domiciliaria a los imputados mencionados es equiparable a una sentencia definitiva causa agravio a esta parte y el mismo constituye una cuestión federal”.