La Justicia intimó al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, a que en el plazo de diez días acredite haber reglamentado la ley para dar protección y asistencia a testigos en causas por delitos de lesa humanidad, con la advertencia de que deberá pagar de su bolsillo una multa de 500 pesos por cada día de dilación. Se trata de una norma sancionada en el 2009, como parte de las medidas y programas de protección impulsados tras la desaparición de Julio López, pero que en este caso espera hace cinco años ser reglamentada.

La intimación fue dictada por la jueza Elena Liberatori, que ordenó expresamente que el jefe de Gobierno porteño sea notificado de la decisión “en forma personal en su despacho”. La magistrada hizo lugar a un pedido de

HIJOS y el Observatorio de Derechos Humanos (ODH). “La Justicia ya le había dado a Macri tres veces la orden de reglamentar la ley”, explicó Demián Kofino, del ODH.

En este sentido, el Código en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires les da a los jueces la facultad de “imponer sanciones pecuniarias compulsivas” frente al incumplimiento de una sentencia.

La ley que Macri mantiene en el freezer fue sancionada por la Legislatura porteña para dar asistencia psicológica y acompañamiento especializado a testigos, víctimas y querellantes de causas relacionadas con el terrorismo de Estado. El Poder Ejecutivo local tenía plazo hasta el 31 de marzo del 2009 para reglamentarla.

Cuando habían pasado casi tres años sin que la ley fuera instrumentada, el hijo de desaparecidos Carlos Pisoni presentó un pedido de amparo ante la Justicia. En mayo de 2012, el juez Juan Vicente Cataldo hizo lugar a la demanda y le dio al Ejecutivo de la Ciudad la primera orden de que no se demorara más. En su fallo, el magistrado explicó que cuando una ley dice explícitamente que debe ser reglamentada en un plazo concreto “la reglamentación no es una facultad optativa de la administración”. Cataldo ordenó entonces que en veinte días debía reglamentarse la ley.

Los funcionarios macristas apelaron, quejándose de que el plazo no era razonable. La causa pasó así a la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El 26 de junio del año pasado, ese tribunal de alzada indicó que, dado que la ley es de 2009, el plazo era más que razonable. Por otra parte, los camaristas advirtieron que la administración macrista no había dado ningún argumento de por qué necesitarían más tiempo para implementar la ley.

El gobierno porteño volvió a apelar ante el Superior Tribunal de Justicia, que rechazó el recurso de queja. Así, el expediente hizo todo el recorrido hasta la máxima instancia judicial posible, y en todos los casos los tribunales le ratificaron a Macri que debía reglamentar la norma.

En los hechos, la falta de reglamentación de una norma opera como un veto encubierto. La ley puede estar así teóricamente en vigencia, pero no cumplirse en la práctica.

“El gobierno porteño no ha dado contención a un solo testigo en los juicios por el terrorismo de Estado que se realizaron o realizan en la ciudad. Ni siquiera cuando la Justicia se lo ordenó específicamente, con el amparo que presentó Pisoni, se acercó a cumplir con la sentencia”, recordó Kofino.

“La ley no sólo habla de dar protección, sino también de dar la posibilidad de alojamiento a los testigos y querellantes que vengan de otros lugares del país, habla de poner a disposición un teléfono del programa y darle difusión, y de contar con profesionales aptos para la tarea, pero el jefe de Gobierno no ha tenido ninguna intención de hacerlo. Se han iniciado juicios importantes desde la sanción de la ley, como el de la ESMA y el del circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo. Muchos juicios que tramitan en la Ciudad podrían haber sido acompañados, y el jefe de Gobierno porteño ha perdido la oportunidad de hacerlo. Es claro que no está a la altura de la historia en lo que tiene que ver con este proceso que nos pertenece a todos los argentinos.”