El proyecto de Presupuesto para 2004 que Roberto Lavagna presentó ayer en el Congreso contempla un ajuste del gasto, tanto como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) como en términos reales. En la comparación nominal –que no toma en cuenta el impacto de la inflación–, las erogaciones previstas superan en casi un 9 por ciento las pautadas para este año. La necesidad de obtener un fuerte superávit fiscal para cumplir el acuerdo con el FMI impidió una mayor utilización de los recursos. Dentro de ese marco acotado, el Gobierno privilegió áreas sensibles, como la asistencia social, la educación y las inversiones en ciencia y técnica, con matices que conviene atender. Otro rubro favorecido es el de obras públicas, especialmente las que se encararán en el interior del país. Por el contrario, los fondos comprometidos para el pago de intereses de la deuda disminuyen. Néstor Kirchner buscó enviar estas señales que reafirman el rumbo elegido, aunque asumiendo un contexto restrictivo.
Las pautas macroeconómicas del Presupuesto indican que la economía crecerá un 4 por ciento, la inflación se ubicará entre el 9 y el 11 por ciento –Lavagna explicó que como no se pueden fijar bandas, en el texto se fijó una proyección del 10,5 por ciento– y el dólar se mantendrá en los niveles actuales. La iniciativa está elaborada con una estimación del dólar que promediará el próximo año los 2,86 pesos. El PIB llegaría a 416.865 millones de pesos, con una suba del consumo de 4,5 por ciento y un incremento de la inversión del 10,7 por ciento.
La recaudación –incluyendo los aportes a la seguridad social– aumentaría 13,7 por ciento respecto de la presupuestada para 2003, hasta alcanzar los 79.416,8 millones de pesos. De ese total, 57.175,1 millones corresponderán al gobierno nacional, mientras el resto se coparticipará. Otras fuentes de ingresos llevarán los recursos totales de la administración nacional a 62.012,2 millones de pesos.
Contra esos fondos se asignaron gastos por 59.708,6 millones de pesos. La cifra es un 8,8 por ciento mayor al gasto presupuestado para 2003. Pero respecto al PIB, implica una caída del 0,6 por ciento. Y más importante que ello es que el gasto disminuye un 0,8 por ciento en términos reales, considerando la evolución de la inflación mayorista y minorista. El dato fue aportado por la consultora Cippec, en base a la información oficial. El propio Lavagna reconoció que “los superávit están logrados en base a una suba del gasto nominal por debajo de los niveles de inflación, y no de una mayor presión fiscal”. Eso quiere decir que no habrá aumento de impuestos, pero también que “hay una baja del gasto real”.
Sin embargo, el jefe de Economía remarcó que la reducción “no se ve en todos los ítems”. En efecto, hay gastos que aumentan. En términos reales, el gasto social sube 1,7 por ciento, alcanzando los 40.392,5 millones de pesos. En ese total se incluyen las erogaciones para desarrollo social (crecen 17,1 por ciento), educación (9,4 por ciento), salud (0,2 por ciento) y seguridad social (que a pesar del aumento a jubilados y en las pensiones no contributivas cae 0,5 por ciento). El gasto en salarios es el que más retrocede, un 7 por ciento, en términos reales. Esto se debe a que los ingresos de los empleados públicos quedarán congelados.
Otra forma de analizar el gasto es considerando el aumento nominal, que llega a 4816 millones de pesos respecto de este año. Ese dinero fue destinado casi íntegramente a las carteras de Desarrollo Social (982,3 millones), Planificación Federal (1004 millones), Trabajo (1693 millones) y Educación, Ciencia y Tecnología (610 millones). En total, el año que viene habrá 4289 millones más que éste para desarrollar una red de contención social, realizar obras públicas, sostener el aumento de la jubilación mínima, el programa que atiende a los mayores de 70 años y la inversión en educación. Este paquete es el que el Gobierno se esfuerza en promocionar, para mostrar el cambio de estrategia en la asignación de los recursos respecto de la década del ‘90.
La recepción de diputados oficialistas y opositores del proyecto que les entregó Lavagna fue positiva. La mayoría reconoció que las proyecciones son moderadas y los que acompañan al Gobierno elogiaron ampliamente la distribución de los recursos y el hecho de que no haya aumento de impuestos. Sin embargo, un dato que llamó la atención fue el 10,5 por ciento de inflación, que duplica la proyectada para este año. Varios legisladores confesaron su sospecha de que tal incremento anticipa un fuerte ajuste en las tarifas de los servicios públicos. Así lo expresaron, por ejemplo, el radical Horacio Pernasetti y el socialista Héctor Polino.
Por el lado de los ingresos, Lavagna remarcó que no habrá moratorias ni subas de impuestos. Y señaló que la intención es disminuir los tributos “distorsivos”. El primero será el impuesto al cheque, que el acuerdo con el FMI sostiene que empezará a bajar a mediados del próximo año, aunque varios suponen que ocurrirá antes. Pernasetti indicó que Lavagna le anticipó que la baja podría empezar en mayo próximo.
El grueso de la recaudación estará aportada por el IVA, con 22.500 millones de pesos. Luego le seguirán Ganancias (16 mil millones), las retenciones a las exportaciones y otros tributos sobre el comercio exterior añadirán 11.500 millones más. Los ingresos por IVA registrarían una suba del 17,7 por ciento contra los proyectados para este año. Entre otras razones, esa suba será posible por “la finalización a lo largo del 2003 de los planes de competitividad remanentes y por la eliminación gradual de los pagos a cuenta del impuesto sobre los combustibles en este gravamen”. Ganancias, en tanto, mejorará 16,3 por ciento. Lavagna subrayó que la estructura tributaria tiende a ser más progresiva. El impuesto al cheque dejará 6500 millones, sin que el proyecto contemple su disminución. Esto dio lugar a dudas en varios legisladores, que prometieron investigar la cuestión cuando estudien el proyecto.
Por otra parte, Lavagna habría aceptado impulsar un proyecto de ley que dará facilidades de pago a los que tengan deudas con la AFIP. Se trata de una iniciativa del diputado Aldo Ostropolsky, que el ministro aceptaría siempre que quede claro que no se tratará de una moratoria. La otra condición es que el Congreso termine de aprobar el paquete antievasión.