El criterio de distribución del gasto del Presupuesto, junto al estilo de la negociación con el FMI, constituyen el esfuerzo más visible, hasta el momento, por cambiar el discurso económico dominante en la última década larga de la Argentina. El diagnóstico de situación del proyecto enviado al Congreso carga la responsabilidad, sin eufemismos, en la convertibilidad, haciendo justicia con la historia reciente. Y por primera vez en mucho tiempo hablar de ajuste de gasto no es sinónimo de reparto de sacrificios. Se observa, además, el intento de hacer “política económica” con el Presupuesto, en vez de ser un instrumento pasivo de imposiciones ajenas. Quedan, sin embargo, varios puntos oscuros.
En muchos casos, los aumentos de partidas en las áreas enunciadas como prioritarias son apenas tímidas asignaciones, si se las juzga por su monto, aunque audaces decisiones por lo que implican como cambio de criterio. El cumplimiento de las metas exigirá alcanzar un incremento importante en el monto de recaudación nominal, sobre todo teniendo en cuenta que la pauta de inflación planteada suena, en principio, como exagerada. Hay una apuesta mayor a lo que se admite públicamente a que el paquete antievasión rinda frutos en forma inmediata, no sólo para mejorar lo que ya se recauda sino para sustituir, además, la paulatina reducción del impuesto a los débitos y créditos bancarios a partir del segundo semestre del año entrante.
Otras dos incógnitas en el horizonte están dadas por la futura relación del Gobierno con los empleados públicos. En un contexto donde está planteada una tasa de inflación del 10 por ciento –que podría ser menor–, con aumento de tarifas públicas incluido, el Presupuesto se basa en el congelamiento de salarios estatales, lo que puede ser el prenuncio de conflictos. Por otra parte, la loable intención de poner en marcha múltiples planes sociales a partir de 2004 puede chocar con la morosidad para reactivar el aparato estatal, adormecido por la década larga de neoliberalismo. Vaya como dato que no sólo las partidas de inversiones muestran, en los primeros seis meses de 2003, importantes subejecuciones: también en el área social lo gastado en el primer semestre se ubica bien por debajo del 50 por ciento de lo presupuestado para el año, con una medición aún menor en las áreas de Salud y de Promoción y Asistencia Social.
El Gobierno está rindiendo, en esta instancia, la prueba de si es capaz de cumplir a la vez con el FMI y con el compromiso social de resolverle los conflictos más graves a la población. Sin ser demasiado ambicioso, el proyecto de Presupuesto vale como una señal de intención de cambio. El próximo examen será cumplirlo con eficiencia en los resultados.