El caso Santiago del Estero se resolvería “en horas”. Así lo dejó planteado ayer el ministro de Justicia, Gustavo Beliz. La decisión final, sin embargo, no está en sus manos sino en la cabeza ejecutiva del Gobierno. Néstor Kirchner evalúa en este momento la estrategia sobre Santiago a partir de dos elementos: las negociaciones dentro del PJ y los resultados del informe que anoche terminaba de preparar la Secretaría de Derechos Humanos después de su paso por la provincia. Ese material ahora es clave: contiene los datos y recomendaciones sobre la terrorífica situación jurídico-institucional de Santiago del Estero. Página/12 publica en esta edición un adelanto de ese informe. Se trata de un documento explosivo y durísimo que disparó la visita, las críticas y las denuncias de Eduardo Luis Duhalde y de Pablo Lanusse sobre Santiago. El informe contiene un anexo con 14 casos de torturas denunciados por los habitantes del barrio Pacará contra la policía y establece los patrones de esas torturas, que incluyen el submarino seco y la picana. Describe, además, la estructura del Poder Judicial con “ausencia de independencia respecto del poder político”, destaca los mecanismos que permiten la elección secreta de jueces y amenazas o remociones del Parlamento sobre los magistrados. Da cuenta de la vulnerabilidad del estado de derecho y recomienda un “remedio federal”, que tiene como blancos a la Justicia y la Policía: propone “un mecanismo para restablecer una administración de Justicia, independiente y objetiva e imparcial, y producir las necesarias depuraciones en los mandos de fuerza”.
El documento que está en manos de este diario es el resultado de un mes de trabajo de campo en la provincia de Santiago. Fue elaborado por una comisión organizada desde el Ministerio de Justicia para estudiar la gravedad de la situación institucional de la provincia de los Juárez, con el propósito de elaborar un diagnóstico y un remedio federal. Este preinforme fue terminado hace una semana, y fue el guión sobre el que trabajaron los dos enviados del Ministerio. Aun en su carácter de borrador que –tal como indicaron fuentes de la Subsecretaría quedó desbordado por la realidad vista y oída por los funcionarios–, el preinforme es una radiografía clara y durísima que cuestiona el manejo de las relaciones de poder y su abuso en la provincia.
A lo largo de unas cuarenta páginas, los observadores y técnicos del Ministerio analizaron el funcionamiento, las arbitrariedades y las denuncias de cada una de las instituciones santiagueñas: Justicia, Policía y un Parlamento hegemonizado por el juarismo.
En las consideraciones generales sobre la situación jurídico institucional, los observadores se concentraron en la dinámica y los resultados dados por el Poder Judicial. En línea con los proyectos que impulsan en el Congreso la intervención de ese poder, el informe indica que:
- “La caracterización principal de la justicia santiagueña es la ausencia de independencia respecto del poder político, y su baja eficacia en el cumplimiento en tiempo y forma del estudio y resolución de los casos presentados”.
- “Manifiesta una fuerte discrecionalidad en la investigación, a caballo de una policía profundamente cuestionada que tiene a cargo las instrucciones, y un bajo apego a las normas de debido proceso y a las garantías reconocidas en la Constitución provincial, nacional y los tratados internacionales”.
A continuación, después de aclarar que “numerosos son los casos” que “demuestran la falta de independencia y cooptación de Poder Judicial”, precisa la existencia de “reiteradas denuncias sobre las anomalías detectadas en el proceso de investigación”. Esas anomalías incluyen la demora o “excesiva prolongación” de resultados: en la comparación de sentencias condenatorias de hechos delictivos del año 2002, Santiago del Estero aparece con menos de 0,5 por ciento de resultados, el menor índice del país.
Sobre las respuestas de la Justicia alrededor del doble crimen de La Dársena, el paper toma en cuenta la designación del último juez, Arrulfo Hernández, como una respuesta institucional que implica “un reconocimiento expreso de la problemática mencionada”, pero advierte que ni siquiera eso es suficiente: “No es suficiente –dicen los técnicos del Ministerio– a los fines de poder revertir los problemas estructurales que presenta la administración de Justicia en la provincia”.
Finalmente, este apartado menciona “prácticas clientelísticas” similares al “resto del Estado” y en la Policía. Y plantea para la Justicia una combinación de “dependencia del poder político” y “gran desapego por la labor de administración de justicia”.
Otros puntos relevantes que dan cuenta de la dinámica de construcción y permanencia del poder en la provincia son los siguientes, según el informe:
- Consejo de la Magistratura: La elección de magistrados “omite la selección por concurso de oposición a fin de evaluar la formación teórica y práctica de los aspirantes y verificar el grado de idoneidad”. Además, “al ser un acto secreto”, tal como lo era hasta hace unas semanas, “no se garantiza el control de los actos de gobierno y tampoco se prevé la publicidad de la nómina de aspirantes, lo que impide que se realicen impugnaciones”. Las resoluciones del Consejo “no se asientan en el acta ni en la resolución, lo cual –aclaran– se traduce que en Santiago del Estero nadie sabe por qué es elegido”.
- Parlamento: El sistema de reparto agravado por la ley de lemas –indica– da cuenta de un “claro sesgo sistemático que favorece al justicialismo”. Con un 38 por ciento de los votos, obtuvo el 70 por ciento de las bancas. Este mecanismo le da al partido gobernante la opción de “hacerse del control de las mayorías necesarias para amenazar o directamente remover a los jueces que no acepten lo que los otros poderes indiquen”.
- Situación de la Policía: Con este subtítulo, el informe elabora un análisis sobre el aparato de seguridad de la provincia, cuya situación –indica– “no puede ser abordada sin comprometer el papel dramáticamente clave que el comisario retirado Musa Azar ha cumplido en la organización y doctrina de la fuerza”.
Luego de situarlo geográfica e históricamente en Santiago, recordar las acusaciones de Gustavo Beliz y las denuncias de los organismos locales por al menos 28 desaparecidos, los técnicos analizaron el legado y el desempeño de Musa Azar dentro de la fuerza. En ese sentido, indican que: “Ha organizado y sostenido, dentro del Estado provincial y fuera de la Constitución nacional, un verdadero aparato de inteligencia interna”. Entre otros aspectos, mencionan “los numerosos partes de inteligencia que con sello, firma y número de expediente se preparan para la jefatura sobre el accionar de opositores políticos”. Partes que “diversas fuentes estiman en más de 40.000 legajos personales que obran en la subsecretaría de informaciones mantenidos en el más riguroso de los secretos”.
Para la Comisión, “no hay ninguna duda que la recopilación de información sobre personas que realiza la agencia policial no solo implica un control ilegal de la vida de los ciudadanos, sino que es –subrayan– el recurso principal de la metodología del ‘apriete’ a los opositores”.
Musa Azar fue separado formalmente de la Secretaría de Informaciones a comienzos de junio como consecuencia de la estampida de denuncias tras el doble crimen de La Dársena. Sin embargo, tal como lo devela el borrador de la Comisión:
- “Las tareas de inteligencia interna que hasta hoy realiza la policía de la provincia constituyen uno de los más graves situaciones atentatorias de los derechos humanos de la provincia”.
- Un accionar que para los miembros de la Comisión genera “una policía servil y sesgada donde la ilegalidad es permitida, constituyéndose en norma y donde quedan severamente dañados los valores de apego a los procedimientos y subordinación que toda fuerza policial debe tener”.
- Con esa estructura, “las situaciones de torturas, gatillo fácil, apriete, sumadas al armado de causas”, son consecuencia directa de esa grave impronta de la policía santiagueña (ver aparte).
Uno de los aspectos medulares de la estructura policial son los mecanismos de ascensos, explica el informe, por “padrinazgos y lealtades”, entre quienes no cumplen con requisitos mínimos de capacitación o estabilidad en el rango. Para la comisión, las anomalías institucionales y violaciones a la ley de Generalidades para el personal policial incluyen una larga lista de ejemplos, como el caso del oficial principal Esther Norma Villar, que fue promovida a comisario. O el caso de Irma Zaon de Guzam que pasó de cabo 1º a subcomisario o Mirta Hortencia Chávez de Bustamante que pasó de sargento a subcomisario.
Para la comisión, la arbitrariedad en los ascensos son disposiciones violatorias que dan “señales contundentes de la existencia de la impunidad” y favorecen “conductas autónomas: no sólo el buen mando desaparece –dice– sino que además hace a la fuerza absolutamente permeable a la ejecución de órdenes ilegítimas y hasta ilegales”.
- Estado y clientelismo: Este es otro de los módulos relevados por la Comisión de la Subsecretaría de Derechos Humanos. El apartado comienza con una puesta al día del escenario sociopolítico del que se habla: “En Santiago del Estero –dice–, como muchas provincias del país, la acción del Estado es la variable económica central”.
Ese Estado que desde hace décadas está en manos del matrimonio Juárez tiene centralidad y está descrito básicamente de la siguiente manera:
- “No sólo se manifiesta en la posibilidad de acceder a un empleo público –dice el borrador– sino también en que el Estado es el principal regular del acceso a otros bienes y servicios tan vitales como el ingreso”.
- La participación política en Santiago “se ve convertida en una forma de acceso hiperregulado a los recursos que garantiza la subsistencia familiar”.
Algunos de los casos testigo de la sujeción ciudadana al aparato político son las denuncias presentadas por integrantes de la rama femenina del PJ, desplazadas porque eran parte de la estructura de Cristina Flores, una de las ex dirigentes del partido que ahora está detenida. Una de las denuncias menciona las órdenes impartidas por la “señora gobernadora”. Entre ellas, dice, “echar a los ministros a carterazos... bajo amenazas que de no cumplir dejaremos de depender de la administración pública”.