La comisión tomó contacto con numerosas fuentes para relevar la información sintetizada en el apartado sobre la situación de los derechos humanos en la provincia. Entre las fuentes se encuentra el Obispado de Santiago, la CTA, la organización Mesa de Tierras, la Comisión de Familiares y Ex Detenidos por Motivos Políticos: un pool de organizaciones que, según la comisión, “actuaron como relevo del Estado provincial” para estos casos. Allí describen los patrones de las persecuciones y torturas policiales a los jóvenes del barrio Pacará.
De la síntesis de la Secretaría Diocesana, preparada para la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Santiago, el informe retoma algunos antecedentes y manifiesta que la “mayor cantidad de casos denunciados para todos los años se refieren a la tortura y apremios cometidos por la policía”. Aunque observan una disminución de denuncias en 2002 y 2003, algunas fuentes y testimonios plantearían, según la comisión, que tal rebaja no es producto de mejoras sino “más bien de un reforzamiento de las coacciones y la cultura del miedo”.
Distintas centrales campesinas pertenecientes al Mocase denunciaron por ante la comisión la detención ilegal de al menos 38 miembros durante el 2002-2003.
La aplicación de torturas físicas cuenta con un apartado. La comisión hizo 12 entrevistas a jóvenes de entre 20 y 24 años de Pacará y Campo Contreras. Con esos casos pudieron establecer un patrón común. En síntesis, ese patrón indica lo siguiente:
- Los jóvenes son arrestados sin orden judicial y una vez en la comisaría son intimados a aceptar la comisión de algún delito. Las detenciones suelen producirse los viernes, con lo que se prolonga hasta el lunes. En muchos casos, se hacen después de allanamientos absolutamente ilegales, realizados por la policía en sus casas y destrozando en la mayoría de los casos el mobiliario.
- En caso de negarse a aceptar los cargos, son sometidos a torturas. Entre las prácticas más habituales se encuentran: submarino seco, llamado “bolseo”, el paso de corriente eléctrica por el cuerpo, golpes de puño y con cachiporras. En varios casos se ha denunciado la ejecución de esas torturas con la persona puesta en cuclillas y esposado a un palo.
- El médico policial no toma nota de los hematomas y de las marcas en el cuerpo. Algunos jóvenes han denunciado que ni siquiera fueron revisados en el momento de su liberación.
- Los jóvenes denuncian una profunda discriminación por ser habitantes del barrio Pacará y plantean que la policía ha tendido un verdadero “toque de queda” por las noches para evitar los movimientos hacia otros lugares de la ciudad.
A este esquema, denuncias recogidas por la organización de padres nucleados en las Madres del Dolor revelan que “son constantes –dice el informe– los casos de aplicación de tormentos seguidos de muerte”. Un dato que los miembros de la comisión mencionan junto al silencio que mantiene la provincia sobre estos casos: “Santiago del Estero –dicen– no ha mandado información sobre las causas abiertas relacionadas con la tortura para la elaboración del Informe Nacional sobre la Tortura”.