Si el Congreso aprueba el proyecto de Código Procesal Penal que impulsa el Poder Ejecutivo, los juicios que ya están en trámite quedarían afuera de ese nuevo sistema y seguirán regulados por las viejas normas. Sólo los casos nuevos tendrán un sistema acusatorio. Eso es lo que prevé la propuesta que diseña en estos días el Ministerio de Justicia, según explicaron autoridades de la cartera. Esto significa que los funcionarios, banqueros, empresarios o cualquier persona que ya tenga una causa abierta, que esté implicada en algún delito, seguiría siendo investigada por el mismo juez/a o fiscal que hasta ahora y con el sistema todavía vigente. El dato apunta a refutar, en cierta medida, las críticas más extremas de algunos dirigentes opositores, que dicen que el proyecto de Código Procesal pretender generar “impunidad” para los funcionarios y que está pensado “a medida” de Amado Boudou. Las posiciones legislativas, en rigor, tienen muchos matices y en general hay consenso sobre su necesidad. La discusión central pasa por cómo se implementa.

El proyecto de reforma del Código Procesal todavía está bajo análisis de Cristina Kirchner y sometido a retoques. Sería enviado al Congreso en los próximos días. Plantea un sistema acusatorio, donde los fiscales llevan adelante la investigación y los jueces revisan lo actuado, son jueces de garantías.

El ministro de Justicia, Julio Alak, sostuvo hoy que el nuevo Código será “un instrumento eficaz en la lucha contra el delito y, fundamentalmente, contra el narcotráfico, la trata de personas y otras formas de crimen organizado”. “No queremos mano dura simbólica ni demagogia punitiva retórica; queremos un Código para llevar adelante una lucha eficiente contra el delito”, dijo

El secretario de Justicia, Julián Alvarez, ayer volvió a defenderlo públicamente. Dijo que el propósito es “acelerar todas las causas, incluso las causas por corrupción”. También lo presentó como “una respuesta concreta al problema de la inseguridad, porque los delincuentes van a tener una condena rápida y no van a poder apelar a más chicanas judiciales”. La propuesta prevé que una investigación preliminar no dure en promedio más de un año y que tres sea la duración máxima. “Es terrible y payasesco”, sostuvo Alvarez, el planteo de que “el Gobierno quiere anular las causas por corrupción”. “Las causas que se iniciaron con el procedimiento anterior continúan con el procedimiento anterior”, aclaró.

El viceministro respondía a publicaciones periodísticas que instalaron la idea de un Código para generar impunidad, de la que se hicieron eco algunos legisladores. La diputada Graciela Camaño (Frente Renovador) advirtió: “Este código que quieren reformar no es para la gente, es para los funcionarios públicos. Es la manera en la que vienen a la búsqueda de impunidad”. Patricia Bullrich (Unión por Todos) dijo que es “bueno” implementar un “sistema acusatorio”, pero cuestionó: “Necesitamos que el Ministerio Público sea, como dice la Constitución, un extra poder y no un poder ligado al Ejecutivo”. Sugirió implementar el nuevo Código de manera escalonada, desde 2016, ocho provincias por año.

También hubo dirigentes elogiosos con el anteproyecto, como el diputado Hermes Binner (FA-Unen), quien destacó que puede traer cambios “extraordinariamente positivos” y dio como ejemplo su provincia, que “salió de un sistema inquisitivo y pasó a un sistema acusatorio, donde el fiscal acusa, el defensor defiende y el juez sanciona”.

En Justicia insisten en distinguir que una cosa es el Código Procesal en sí y otra es la ley complementaria que se debe aprobar para implementarlo, junto con una reforma de ley orgánica del Poder Judicial y del Ministerio Público. Manuel Garrido (UCR) considera que en esas leyes que se aprobarán aparte del Código está la clave. “Argentina tiene una legislación penal atrasada y un sistema acusatorio es bienvenido. Uno no legisla para hoy, sino para los próximos treinta o cuarenta años, no se puede guiar por lo que está pasando en el momento”, le dijo a Página/12. “Si la investigación la van a tener los fiscales, van a tener que nombrar más fiscales, hay que pensar en esas cuestiones operativas.” “Por eso hay que modificar la Ley de Ministerio Público y para generar mecanismos de control sobre la cabeza de la Procuración, ahora Alejandra Gils Carbó”.