Hoy se inicia el juicio oral por un caso que viene a ser una radiografía de la mirada judicial sobre las excepciones. Es decir, la vara con que transforma lo excepcional en regla casi universal. La acusada es Reina Maraz, indígena de origen kichwua (nacida en un pueblito perdido en Bolivia), quien estuvo presa durante más de tres años en la U33 de Los Hornos, imputada por el crimen de su marido (quien la ofrecía a un vecino como forma de pago de sus deudas). Como nota por el Día de la Diversidad de 2013, Página/12 publicó la historia de RM y de la particularidad de que estaba presa sabiendo lo que había hecho, pero desconociendo el motivo de su detención: en pocas palabras, ni ella habla el español para entender la acusación y argumentar en su defensa, tal como se supone el proceso si no se lo considera una mera formalidad; ni la Justicia contaba con un intérprete de quechua que les permitiera a jueces, fiscal y defensor entender lo que quería preguntar o transmitir la acusada. Recién al año de prisión y por casualidad, la Comisión Provincial por la Memoria, en una visita habitual a la U33, detectó el caso y llevó una intérprete, que la Justicia recién aceptó incorporar oficialmente tres años más tarde. Hoy y mañana, ya como persona reconocida, RM podrá escuchar y argumentar en juicio oral a través de la voz de su intérprete que su caso, como la mayor parte de los casos penales, carga sobre sus hombros la excepcionalidad hecha costumbre.

El juicio lo lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Quilmes, a cargo de las juezas Silvia Etchemendi, Marcela Vissio y Florencia Butiérrez. El fiscal es Fernando Celesia y la defensa está a cargo de José Mastronarid, defensor 18 de Florencio Varela. La CPM participa como veedora de que el proceso se realice de un modo transparente y “donde la voz de Reina sea escuchada y se garantice la mayor amplitud probatoria que permita impartir justicia luego de casi cuatro años detenida”, dijo Margarita Jarque, directora de Litigio Estratégico de la CPM y que siguió el caso de RM desde el inicio. Durante las audiencias se presentarán los presidentes de la CPM Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, el vicepresidente Aldo Etchegoyen y Roberto Cipriano García, integrante de la Comisión.

RM sufría violencia doméstica y sexual cuando su marido la entregaba como parte de pago a un vecino con quien mantenía una deuda. La investigación, con elocuente concepto de la justicia del dominador, al detener a la acusada no le preocupó demasiado qué tenía que decir ella al respecto. De hecho, es mujer, indígena, boliviana, analfabeta (según la curiosa manera de suponer a quien no habla un idioma de origen europeo, y el español lo es), migrante y, para colmo, había matado a su marido. La acusan de esto último aunque su derrotero pareciera indicar que la acusan de todas esas etiquetas. Si no cómo explicar que al año de presa en Olmos, la CPM la detectara en una celda de la U33, sin que nadie hubiera dado aviso del problema por el que pasaba.

En realidad, su caso es particular. Las cárceles están llenas de particularidades semejantes en su vulnerabilidad.

Recién entonces una intérprete proporcionada por la Comisión comenzó a asistirla, aunque la Justicia recién aceptó a Frida Rojas como intérprete del caso, tres años después de presa. No fue fácil. Hubo que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia. Después de la incorporación oficial de Rojas, se logró que RM llegara al juicio oral con prisión domiciliaria, viviendo con su hija más pequeña, nacida en la U33, en casa de unos familiares radicados en el conurbano bonaerense.

“El caso de Reina Maraz visibiliza la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra una persona al coincidir en ella una especie de intersección de causas de desigualdad: es mujer, es pobre, migrante, indígena y víctima de situaciones de mucha violencia, lo que la coloca en una situación particular que debe ser tenida en cuenta por todos los actores institucionales intervinientes”, aseguraron desde la CPM.

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