La última dictadura cívico-militar, el gobierno español de Adolfo Suárez y la monarquía de Juan Carlos I mantuvieron excelentes relaciones durante los años en los que en la Argentina reinó el terrorismo de Estado. Una batería de documentos confidenciales difundidos ayer por la prensa española así lo certifican: los genocidas argentinos lograron entablar con España no sólo “lazos de amistad”, que incluyeron intercambio de medallas, felicitaciones y apoyos en negociaciones internacionales –en trámites crediticios o conflictos territoriales–, sino también cerrar acuerdos comerciales y financieros por cientos de millones de dólares.

La información fue difundida por el periodista Danilo Albín en el periódico español Público. “Los acuerdos comerciales de 1976 son un claro ejemplo de las excelentes relaciones que existían entre ambos países”, analizó en diálogo con Página/12.

Albín aseguró en Público que “los archivos demuestran que el rey Juan Carlos fue el encargado de facilitar los acuerdos entre la España de la transición –Suárez fue el primer presidente tras la larga y sangrienta dictadura de Francisco Franco– y la Argentina de los vuelos de la muerte”. Según el periodista, el monarca se reunió con el embajador de la Primera Junta Militar en Madrid, Leandro Enrique Anaya, el 1º de julio de 1976, a quien le prometió que el ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz “tendría la mejor acogida y disposición de banqueros, inversores e industriales, para concurrir al encauzamiento y solución de los problemas que pudieran plantearse y/o proponerse” durante su visita a la tierra europea. Cuatro días después, España mostraba la primera carta: retomaba la compra de carne argentina con una partida que a la Argentina le significó 3,8 millones de dólares.

Martínez de Hoz llegó tan sólo unas semanas después: en 48 horas “pudo moverse con total libertad por los despachos más importantes e influyentes del país”, valora Público. Además de ver al rey, Martínez de Hoz prometió a varios banqueros, como el titular del Banco de España, Luis Coronel de Palma, el del otrora Banco Central Alfonso Escámez y su par del Santander, Emilio Botín. A estos últimos les prometió, y cumplió, devolver las sucursales que el ex presidente Héctor Cámpora había expropiado.

El resultado de esos coqueteos quedó plasmado en un documento confidencial firmado por Martínez de Hoz y el ministro de Comercio español José Lladó, designado por Suárez para la negociación, en Buenos Aires, en diciembre de 1976. De acuerdo con ese documento, ambos países acordaron “poner en práctica un programa de cooperación económica y financiera”. Argentina le compraría a España “bienes de equipo, barcos de características especiales, dragas y otros elementos flotantes, así como equipos de carga y descarga para puertos, locomotoras y demás material ferroviario, y otros equipos y plantas industriales” por 290 millones de dólares. ¿Con qué dinero? El Banco Exterior de España estableció “una línea especial de crédito” que permitiría “amparar compras argentinas por un valor máximo de 150 millones de dólares”. El resto del dinero se cubriría con “un crédito en condiciones concesionarias por valor de 50 millones de dólares”. “Parte de este crédito –añade el documento reservado– será utilizado para colaborar en el desarrollo de la industria naval argentina.”

Hay más papeles que certifican que las relaciones comerciales continuaron: de acuerdo con distintos informes elaborados por la Embajada de Argentina en España, el vínculo en 1977 “ha mantenido, en general, una tendencia creciente, que se ha producido por el aumento conjunto de las importaciones y exportaciones españolas a nuestro país”. Sin embargo, la evaluación que esa misma dependencia argentina realizó años más tarde fue bastante menos optimista. “España hizo su negocio sin otorgar ninguna concesión”, sentenció en abril de 1983, plena decadencia del terrorismo de Estado, el consejero comercial de la embajada, Sebastián Iturrioz.

A los abrazos

“Durante los siete años que duró el sangriento régimen cívico-militar argentino, las autoridades de Buenos Aires y Madrid intercambiaron todo tipo de medallas, apoyos y regalos”, apunta Público. La monarquía española “condecoró” a 23 militares argentinos. Antonio Vañek, uno de los genocidas responsables del centro clandestino que funcionó en la ESMA, fue uno de los reconocidos.

Pero no sólo intercambiaron medallas –la Argentina genocida también condecoró a miembros de la dictadura de Franco–, sino también apoyos en organismos internacionales para negociaciones crediticias o territoriales. En junio de 1976, España pidió formalmente por Argentina en el Consejo Internacional de Economías Regionales y en noviembre siguiente fue a la Asamblea General de la ONU con instrucciones de “prestar decidido apoyo a la reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas”.