El Senado cantó quiero retruco. Punto por punto, la Comisión de Asuntos Constitucionales desestimó ayer la totalidad de las recusaciones formuladas por la defensa de Eduardo Moliné O’Connor. Salvo la eventual disidencia de la menemista salteña Sonia Escudero, los rechazos tuvieron un respaldo unánime. No todo fue negativa. La comisión accedió al pedido del magistrado de ampliar su defensa in voce frente al plenario de la Cámara alta el próximo 8 de octubre. Luego de ello habrá finalizado la defensa del cortesano y, a partir de esa fecha, los senadores tendrán que resolver el pedido de la Cámara de Diputados de suspender provisoriamente al juez hasta que finalice el juicio político. Todas estas decisiones serán votadas hoy por el plenario del cuerpo.
–¿Qué gana la defensa apostando a obtener tiempo? –preguntó este diario a un conocedor de los vaivenes del juicio político.
–Van acumulando antecedentes y argumentos para recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Así se explica el uso de todo tipo de chicanas procesales.
La respuesta explica por sí sola por qué los senadores aparecieron tan cuidadosos del reglamento y los procedimientos del juicio político. Nueve eran las cuestiones en tratamiento. Salvo una, planteada por el senador entrerriano Jorge Busti, las ocho restantes correspondían a la defensa de Moliné O’Connor. La comisión también rechazó la ampliación del período de pruebas.
Apegada puntillosamente al reglamento, la santacruceña Cristina Fernández de Kirchner arrancó con el primer punto del temario. Aquí, Gregorio Badeni, defensor del magistrado, reclamaba la recusación del riojano Jorge Yoma por dichos del senador a los que consideró prejuzgamientos. Las manifestaciones de Yoma se habían realizado en el Consejo de la Magistratura, en el marco del juicio político al juez Roberto Murature. En esa ocasión, Moliné se excusó de participar en el jury de enjuiciamiento porque consideraba que se estaba avanzando sobre el contenido de las sentencias de Murature. Ese es precisamente su principal argumento defensivo en el Senado.
“Creo que en su explicación el senador Yoma no fue al corazón de la recusación planteada por la defensa de Moliné”, señaló Escudero, luego de escuchar los argumentos presentados por el riojano. “Es cierto que dije que hay jueces que no merecen seguir impartiendo justicia. Pero no me estaba refiriendo a Moliné sino a Murature, que era el caso que estábamos analizando”, insistió Yoma.
Con la excusación del riojano, el punto fue rechazado por unanimidad. Luego se discutió otra recusación a Yoma y al rionegrino Miguel Angel Pichetto. En este caso por el dictamen que, en su momento, ambos firmaron en el Consejo de la Magistratura cuando se analizó el caso del juez Magariños. El magistrado había sido sancionado por la Corte Suprema y precisamente ésta es una de las tres causas que Moliné debe enfrentar en el Senado. En este punto, Yoma explicó que su postura databa del 25 de febrero del 2003. Mucho antes de que la Cámara de Diputados formulara su acusación contra Moliné. También sostuvo que a su juicio “no se podía violentar la libertad de cátedra” y “que las medidas disciplinarias sobre los jueces le corresponden al Consejo de la Magistratura y no a la Corte”. Pichetto entregó su descargo por nota. En esta ocasión el planteo de la defensa de Moliné también fue rechazado por la totalidad de los senadores presentes.
El entrerriano Busti puso en conocimiento de sus pares que en su condición de haber sido gobernador de su provincia enfrenta una demanda que se sustancia en el alto tribunal. La menemista Escudero fue la primera en considerar al caso “como insignificante” y considerar que no ameritabaningún tipo de recusación. Eso sí, se preocupó de aclarar que la situación no se asemejaba en nada a la del radical Raúl Baglini. “Los supuestos fácticos son los mismos. La diferencia es que Baglini se manifiesta violentado moralmente y Busti no”, corrigió Kirchner.
El siguiente punto fue uno de los que mayores controversias deparó y fue el planteo de la defensa del supremo de reclamar un recurso extraordinario y la eventual apelación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No por casualidad, en consonancia con la apuesta a ganar tiempo que realizan los defensores de Moliné, la salteña Escudero reclamó dos semanas para que la comisión realice un fundamentado dictamen. El tema en discusión era la facultad de que haya otra instancia que revise las actuaciones del Senado. “Este es un proceso mixto, tiene partes regladas y partes discrecionales”, señaló la puntana Liliana Negre. Para la senadora precisamente “lo que no puede ser objeto de revisión es lo discrecional”. Para Kirchner, de existir una opción que revise las decisiones del Senado en los casos de juicio político llevaría a que “nadie pudiera controlar a los miembros de la Corte Suprema”.
Este argumento iba atado a la advertencia de Badeni de recurrir a la CIDH. Aquí Yoma sostuvo que “la constante apelación al caso de Perú merece recordar que allí hubo un Fujimorazo, es decir un golpe de Estado”. La mención era clara y destacaba que el magistrado “no había visto violada ninguna garantía constitucional”. La porteña Vilma Ibarra retrucó a Moliné con los propios fallos de Moliné. Así fue como citó opiniones del magistrado en los casos de reclamos de recursos extraordinarios conocidos como casos “Correa, Nicosia y Del Val”. En todos ellos, Moliné desestimaba los recursos porque si el Senado “delegara esa atribución no habría controles sobre el Poder Judicial”.