“El fallo es un aval al terrorismo de Estado, a la privación ilegítima de la libertad y a la desaparición forzada, así como a todos los delitos que se cometieron al amparo del mismo”, dijo Rosa Roisinblit, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, en una conferencia de prensa en la que se trató la decisión de la Corte Suprema de no avalar la obligatoriedad de los análisis genéticos para los hijos de desaparecidos que fueron apropiados durante la dictadura. El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, estuvo presente en la sede de la institución y adelantó que impulsará una ley que “repare” la resolución del tribunal.
Roisinblit leyó un comunicado en el que se señaló que las Abuelas sienten que “según el criterio de la Corte la lucha de todos estos años ha sido en vano y estamos de vuelta teniendo que explicar lo injustificable”. Las Abuelas hicieron hincapié en que la misma Corte había fallado antes a favor de la realización de los análisis de ADN y en que no tiene sentido modificar los argumentos porque los niños hoy sean mayores de edad.
Los abogados de la institución, Alcira Ríos y Ramón Torres Molina, ratificaron que denunciarán al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e iniciarán juicio político contra los ministros que firmaron el fallo, es decir, Enrique Petracchi, Carlos Fayt, Augusto Belluscio, Eduardo Moliné O’Connor, Antonio Boggiano, Guillermo López y Adolfo Vázquez.
Sentada al lado de Roisinblit, Angélica Bauer estuvo callada durante toda la conferencia de prensa. Ella quiere saber si la joven que se crió con el marino Policarpo Vázquez es su nieta y aún espera que Evelyn se decida a realizarse el análisis de ADN que podría darle esa respuesta y, luego, acepte conocerla. “No quiero que cambie su vida. Sólo quiero saber si es mi nieta”, afirmó.
“El fallo viola tratados internacionales y plantea una diferencia formal entre el DNI y las actas de nacimiento. Se explayan en ese tema porque no tienen fundamentos acerca del análisis genético. Además, avalan el uso de documentos falsos”, afirmó Ríos, aludiendo a que el tribunal ordenó devolverle a Evelyn Vázquez –la joven que se niega a hacerse el examen de ADN– el documento de identidad que la jueza María Servini de Cubría había retenido. Si bien el DNI fue otorgado legalmente, fue hecho en base a datos falsos que figuran en la partida de nacimiento elaborada por los apropiadores de Evelyn.
El presidente de la Corte, Carlos Fayt, aseguró ayer en declaraciones radiales que el fallo fue “meditado a fondo”, que “enaltece a la persona humana” y que rige sólo para este caso particular. Pero para Ríos es un precedente peligroso. La abogada rechazó el argumento usado por la Corte, que privilegió el derecho a la intimidad por sobre el derecho de los familiares de desaparecidos y de la sociedad en general de conocer el destino de la hija de Susana Pegoraro, que nació en la ESMA. “La Constitución reconoce el derecho a la intimidad siempre que no se afecte el orden público, la moral y los derechos de terceros. En este caso, se afecta el orden público, porque el Estado tiene obligación de garantizar el derecho a la identidad; la moral, porque es inmoral lo que le hicieron a los chicos y los derechos de las familia biológica”, aseguró.
“Hay que remediar lo que la Corte ha hecho”, dijo Duhalde a los diferentes medios luego de abrirse paso en la poblada casa de las Abuelas. El secretario de Derechos Humanos anunció que el Gobierno impulsará una ley que garantice que los hijos de desaparecidos recuperen su identidad. También fueron a respaldar a las Abuelas el ex secretario de Derechos Humanos Oscar Fappiano y la diputada del ARI Marcela Bordenave.
Representantes de diferentes organismos de derechos humanos, como Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), acompañaron a lasAbuelas. Este último manifestó en un comunicado que la Corte “no sólo no castiga a los responsables sino que premia su accionar al permitir que cualquier persona pueda ampararse en los efectos del delito por ella cometido, en este caso la apropiación ilegal, para tener que responder ante la Justicia”.