Los jueces de la Cámara de Casación se pusieron de muy mal humor al enterarse que la Corte Suprema decidió dejar en sus manos una definición sobre la validez de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y no se pronunciarían hasta entrado el año que viene. “Hay incomodidad y malestar con la medida, que no es otra cosa que un invento de la Corte para ganar tiempo”, dijeron allegados a los camaristas. La resolución que los cortesanos tomaron el martes motivó, además, un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados contra los cinco ministros que la firmaron.
El fallo de la Corte prolonga la incertidumbre sobre la posibilidad de que los juicios por los crímenes cometidos durante la dictadura militar lleguen hasta la condena de los represores, con el argumento de que cuando hay cuestiones de constitucionalidad en juego debe expedirse Casación como tribunal intermedio. El enojo de algunos camaristas se debe, en parte, a que ellos ya habían rechazado su competencia. Eso fue hace cerca de dos años, después de que el entonces juez Gabriel Cavallo (ahora camarista) y la Sala II de la Cámara Federal porteña declararan la nulidad e inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, como había planteado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En Tribunales explican que la Sala I de Casación recibiría el expediente, aunque no está definido si resolverá por sí misma o elevará la causa al plenario de la Cámara por ser un tema tan trascendente. Existe la posibilidad de que los camaristas se vuelvan a negar a opinar sobre la cuestión de fondo, aunque otra versión dice que es igualmente posible que analicen primero la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dispuesta por el Congreso y luego convoquen a las partes a una audiencia. Después entrarían en el debate sobre la inconstitucionalidad. “Puede llevar largo tiempo”, reconocen los funcionarios del fuero federal. Después la causa volverá al alto tribunal, que tiene la última palabra.
En Casación –tribunal creado por el menemismo– hay quienes acusan a los supremos de haber “hecho una pirueta por no poder resolver la cuestión entre ellos”. Es cierto, dicen en la Corte, que no hay una mayoría de cinco supremos a favor de la inconstitucionalidad o bien en contra. Y, sobre todo, los que en 1987 ratificaron la validez de las leyes de impunidad (Enrique Petracchi, Carlos Fayt y Augusto Belluscio) están ante un dilema. Con todo, el asunto resurgirá cuando tengan que abordar el planteo sobre la extradición del ex marino Alfredo Astiz.
El abogado Eduardo Barcesat, que en otra causa contra Astiz y otros represores que está en la Corte pidió la inconstitucionalidad de las leyes que interrumpieron los juicios por violaciones a los derechos humanos, ayer pidió la remoción de los jueces que firmaron la resolución del martes: Adolfo Vázquez, Guillermo López, Antonio Boggiano, Fayt y Petracchi. Se basó en “el tiempo transcurrido (dos años)”, calificó el fallo de “argucia dilatoria que no condice con una causa que inviste trascendencia y gravedad institucional” y dijo que la Corte ya le había dado trámite de recurso extraordinario al expediente por lo tanto remitirlo a Casación es “incurrir en una nulidad”.