El presidente Kirchner quiere impulsar en los próximos días cambios drásticos en el reparto de más de 2 millones de planes jefas y jefes de hogar. El objetivo es terminar con la inmensa trama del clientelismo político y corrupción tejida alrededor de los planes en todo el país. Para ello, se entregaría a cada beneficiario una tarjeta asociada a una caja de ahorro en un banco, donde el Gobierno depositaría los 150 pesos del subsidio. El jefe de hogar podría utilizar la tarjeta para hacer compras en almacenes y supermercados, y en la práctica quedaría exento del IVA, que hoy pagan por igual un indigente y un multimillonario. Porque la AFIP le reintegraría el 21 por ciento del valor de las compras en su cuenta bancaria. Así, sin un aumento en el monto del subsidio el poder adquisitivo de los planes llegaría hasta unos 180 pesos.
En despachos oficiales aseguran que poner en marcha el nuevo sistema llevaría al menos 60 días. En una primera etapa, el mecanismo sería implementado por el Ministerio de Trabajo a través de la Ansés. Pero el proyecto incluye la transferencia de toda la administración de los planes al Ministerio de Desarrollo Social, que comanda Alicia Kirchner, la hermana del Presidente.
La idea no es un nueva. Adeba, la asociación que nuclea a los bancos nacionales, acercó al Presidente un proyecto similar, con el fin de “bancarizar” a 2 millones de personas en la actualidad completamente al margen del sistema financiero. Pero en el Gobierno no están del todo convencidos en abrir el juego a la banca privada. Sin un severo control oficial, el riesgo sería que las comisiones bancarias licuaran las mejoras en el poder adquisitivo salarial del nuevo sistema. Otro inconveniente es que el nuevo método de pago podría perjudicar a los comercios y almacenes más chicos, para los cuales es todavía demasiado oneroso instalar un sistema de posnet, como el que utilizan las tarjetas de débito.
Salvado estos obstáculo, una modalidad como la descripta atenuaría la regresividad de la estructura tributaria. Hoy, al momento de efectuar una compra, pagan la misma alícuota de IVA un indigente y un magnate, ya que el impuesto del 21 por ciento viene incluido en el precio. Este hecho crea una situación de tremenda inequidad, porque el peso del impuesto sobre el bolsillo del carenciado es infinitamente mayor.
Exceptuar del IVA a todos los productos de la canasta alimentaria es un proyecto que todavía no termina de cerrarle al Ministerio de Economía. El problema es que beneficiaría a empresas y particulares que no tienen nada que ver con los indigentes. Por eso, reembolsar el 21 por ciento del IVA a un jefe de hogar desocupado sería un buen punto de partida para empezar a revertir la inequidad del sistema, que siempre beneficia a los sectores más acomodados. Para colmo, desde el año 2001, el Estado reembolsa a los consumidores de clase media el 5 por ciento de IVA por sus compras en tarjeta de débito y desde hace unos meses el 3 por ciento por el uso de las tarjeta de crédito.
Además, serviría para compensar –aunque mínimamente– la abismal caída en el poder de compra de los planes, que siguen congelados en 150 pesos mientras que, desde la devaluación, la inflación minorista acumula un 45 por ciento.
Bomba en el GBA
Sin embargo, es otro aspecto del programa el que desvela hoy al presidente Kirchner. Bajo el actual esquema, el plan Jefes, que distribuye unos 3000 millones de pesos al año, se ha convertido en una inagotable fuente de financiamiento del clientelismo político. Y facilita toda clase de actos de corrupción protagonizados por una larga lista de intermediarios: punteros políticos, concejales, intendentes y hasta gobernadores. La Ufises (Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social), a cargo del fiscal Guillermo Marijuán, ya radicó más de 800 denuncias penales contra intendentes, funcionarios municipales, concejales y miembros de los consejos consultivos locales, supuestamente encargados de fiscalizar los planes.
En líneas generales, se detectaron cuatro tipos de delito:
- Extorsión: pedido de dinero (50 pesos) a cambio de la inscripción en el plan, garantía de permanencia, o quedar exceptuado de la contraprestación laboral.
- La exigencia de contraprestaciones ajenas al plan: pegatina de afiches políticos, participación en actos de campaña, trabajo en comercios sin remuneración y hasta servicio doméstico en el domicilio de funcionarios.
- Beneficiarios que no cumplen con los requisitos: empleados públicos, familiares directos de funcionarios o dirigentes políticos, etc.
- Personas que cobran en lugar de los genuinos beneficiarios: en esta clase de ilícito, muy usual en la provincia de Buenos Aires, se sospecha de la complicidad de empleados del Banco Provincia.
El denominador común que atraviesa a todas las denuncias es la pegajosa red del clientelismo político, lo cual es groseramente notorio en la provincia de Buenos Aires, donde se pagan mensualmente 800 mil planes –el 40 por ciento del total del país– y algunos municipios del GBA distribuyen más subsidios que varias provincias juntas. Allí, los punteros del aparato duhaldista hacen y deshacen a su antojo, pero contra ellos también se apilan cada vez más denuncias penales.
Uno de los intendentes más poderosos del Gran Buenos Aires, aliado de Felipe Solá y de Kirchner, se reunió esta semana con el Presidente, ante quien no se anduvo con rodeos: “Esto es un descontrol. Llueven las denuncias, todos quieren sacar algún provecho y el que va a terminar pagando los platos rotos soy yo. Así las cosas no pueden seguir. Voy a renunciar públicamente al manejo de los planes”, le dijo.
El Presidente lo calmó y le pidió que espera novedades, porque anunciaría cambios sustantivos en los próximos días.