La marcha del “silencio” convocada por fiscales y a la que adhiere todo el arco opositor por la muerte del fiscal Alberto Nisman también cosecha rechazos desde la propia Justicia, sectores sindicales, del oficialismo y de los propio familiares de las víctimas de la voladora de la AMIA.

El dirigente de la Asociación 18J Sobrevivientes, Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA, Sergio Burstein, advirtió que “alguno de los acusados por encubrimiento, que llegará a juicio oral a mitad de año, podría pedir la recusación o apartamiento” de aquellos magistrados que participen de la marcha y expresó su preocupación porque eso “podría demorar el inicio del juicio por el que los familiares esperamos más de 20 años”. Burstein destacó el caso de Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Nº 2 que llevará adelante el juicio por encubrimiento –que confirmó su presencia en la marcha por la muerte del fiscal de la causa AMIA– y afirmó que “los acusados, no la querella, pueden pedir su apartamiento por manifestarse en un acto así”.

“Quienes reclaman independencia de poderes acaban inmiscuyéndose de modo flagrante en acciones completamente ajenas a la función que les es propia, mientras que descuidan las que les corresponden”, destaca la filial cordobesa de Justicia Legítima, en la que también afirman que la marcha “es digna de rechazo porque, entre otros objetivos, busca presionar a la fiscal a cargo de la investigación de esta muerte (la de Nisman), a través de actos de fuerte repercusión pública”.

Esta posición fue reafirmada por el diputado Jorge Landau, apoderado del PJ, lo cual fue cruiticado por Julio Cobos y algunos de los fiscales que convocan a la marcha.

“La marcha es convocada por funcionarios judiciales que se oponen a los cambios que se sancionaron en la Justicia y en el Ministerio Público Fiscal en los últimos meses. A estos sectores no les interesa conocer la verdad sobre el caso Nisman”, observó el ex fiscal de Bahía Blanca, Hugo Cañón. El ex titular de la Comisión Provincial de la Memoria también recordó que algunos de los fiscales que llaman a esta manifestación cometieron “irregularidades en la causa AMIA y trabajaron para favorecer la impunidad en las causas de lesa humanidad”.

Para el fiscal general federal bahiense, Alejandro Cantaro, “es una marcha política y tengo buenas razones para pensar que detrás de esto hay una mirada opositora, seguramente de los fiscales que la convocan” y señaló que “me llama la atención que los fiscales marchen pidiendo que se investigue, cuando es lo que ellos tienen que hacer”. “No me parece que gente que forma parte del Poder Judicial, y que es la que debe hacer justicia o investigar los hechos para darle a la población una solución, convoque a una marcha”, sumó el juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja.

“La CTA no convoca ni comparte el contenido de la convocatoria. Tampoco comparte la catadura moral de los convocantes. La verdad es que la convocatoria a una marcha en un momento en el que haría falta que la Justicia pudiera actuar, que se pueda desentrañar a fondo de esta tragedia”, afirmó su secretario general Hugo Yasky.

“Lo que hace (el judicial moyanista Julio) Piumato es legitimar el accionar de un sector de poder mafioso que está en la Justicia”, afirmó la secretaria general de la seccional porteña de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Vanesa Siley. “Creemos que la movilización, que tiene como base poner a la gente en la calle, va a terminar siendo en contra del Gobierno, aunque los promotores no lo anuncien así”, afirmó Siley..

El director de la Anses, Diego Bossio, consideró hoy que “es legítima la marcha del 18 de febrero pero hay un gran oportunismo político de varios sectores desesperados por un voto”, al referirse a la convocatoria. En el mismo sentido se pronunció el diputado kirchnerista Mario Oporto, al afirmar que la marcha “es legítima”, pero analizó que “la oposición busca utilizarla para dañar al Gobierno”.