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La Constitución Nacional dedica una sección completa –Del Poder Legislativo– y cinco capítulos (Primero: De la Cámara de Diputados; Segundo: Del Senado; Tercero: Disposiciones Comunes a Ambas Cámaras, Cuarto: Atribuciones del Congreso, y Cinco: De la Formación y Sanción de las Leyes) para definir el rol de los legisladores en la arquitectura institucional argentina. Son 40 artículos, del 44 al 84, algunos de ellos de una extrema precisión, como el artículo 75, con sus 39 incisos.

Todos esos atributos, misiones y funciones, detalladamente expuestos en la Carta Magna, no son, sin embargo, suficientes para la oposición política al momento de tener que cumplir el cometido para el cual sus representantes fueron electos: legislar.

Contrariamente a su obligación, como sucede ahora, al momento de considerar la iniciativa de constitución de la Agencia Federal de Inteligencia, huyen del recinto, el lugar emblemático del debate legislativo; se niegan a opinar sobre el proyecto en discusión y, lo peor, bastardean la metodología republicana, contraponiendo a la sesión legislativa un mero acto de agitación excéntrico, fuera del hemiciclo, lejos de las bancas, sólo al amparo de los flashes mediáticos.

Aunque la actitud de esta oposición podría escandalizar en cualquier país, desgraciadamente en el nuestro contamos con el antecedente de los años parlamentarios 2010 y 2011 cuando, en ocasión del relativo éxito opositor en las elecciones de 2009, el llamado Grupo A logró el control del Congreso.

Evocar aquella etapa es traer a la memoria dos períodos de declinación del proceso de elaboración de las leyes donde el lugar central lo ocupó la puja entre las diversas facciones parlamentarias por apoderarse de cargos en comisiones y otros pliegues rentados del Poder Legislativo. Preocupa que algunos legisladores deserten irresponsablemente de sus funciones –del mismo modo que algunos fiscales lo hacen con las suyas reemplazando su misión de investigar por la de protestar– en momentos en que tras 30 años de estabilidad democrática todos los sectores debieran trabajar para la consolidación no sólo de la gobernabilidad, sino del perfeccionamiento del régimen democrático. A menos que ese objetivo no esté, precisamente, entre sus planes.

* Militante del Socialismo para la Victoria. Secretario de Relaciones Parlamentarias de la Nación.