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Felipe Solá apoyó la creación de la Comisión Provincial por la Memoria cuando era vicegobernador de Carlos Rückauf, como parte de su tentativa de diferenciación política. Pero desde que asumió como gobernador, hace casi dos años, sus relaciones se fueron haciendo cada día más tensas ya que, como dice en su nota, la comisión no aceptó ocuparse sólo del pasado e ignorar las violaciones graves, masivas y sistemáticas de los derechos humanos que ocurren hoy en la provincia. Los detenidos en sus cárceles por delitos comunes reciben un trato reminiscente del que imperaba con los detenidos políticos en los campos de concentración de la dictadura militar, incluyendo torturas y asesinatos, que se hacen pasar por suicidios o reyertas entre reclusos.
Desde la elección de la fórmula Rückauf-Solá la cantidad de detenidos en la provincia se duplicó. Las cárceles revientan de detenidos, que también se han derramado sobre las comisarías. Esto deteriora aún más la seguridad, ya que un alto número de efectivos, que algunas fuentes llegan a calcular en una cuarta parte del total, deben dedicarse al cuidado de los presos (por decirlo con una palabra indulgente). El gobierno nacional también ve con inquietud este fenómeno ya que, ante la carencia de una política criminal, el gobierno provincial sólo atina a derivar presos hacia el sistema federal.
Dado el crecimiento vertiginoso de la tasa de prisionización provincial, el secretario de Justicia Pablo Lanusse teme que también los penales de la Nación colapsen sin que, al mismo tiempo, eso alivie la situación bonaerense. La desproporción numérica es tan ostensible que sólo en las comisarías de Buenos Aires hay más personas privadas de su libertad que en las cárceles federales de todo el país.
Solá nunca asumió en serio este problema y su política ha sido tan errática como mediática, con anuncios inconexos de los que luego retrocede en silencio, como el del alojamiento de detenidos en containers o la extravagante “colimba educativa”. Durante la última campaña electoral, el gobernador pidió la renuncia al secretario de derechos humanos, Leonardo Franco, a raíz de un memorándum en el que opinó que las facultades concedidas a la policía para realizar allanamientos y detenciones sin orden judicial violan las normas constitucionales vigentes. Solá desmanteló entonces el Plan Provincial contra la Tortura, creado por el primer titular de la Secretaría, Jorge Taiana. Cuando el presidente Néstor Kirchner lo designó Secretario de Relaciones Exteriores, Taiana propuso como sucesor a Franco, quien duró poco más de un mes en el cargo. Los colaboradores más próximos de Taiana y Franco fueron despedidos y en su lugar se designaron punteros políticos.