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La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, que preside Estela Barnes de Carlotto, sostuvo que “el recrudecimiento de la tortura como medio policial de investigación y de intimidación” compromete “la responsabilidad internacional de la República y la individual de quienes toleran tales ilícitos”. En una nota dirigida al nuevo ministro de Seguridad, Juan José Alvarez, la comisión también cuestionó “los diversos cambios legislativos registrados a partir del año 2000, especialmente las últimas reformas”, impulsadas por el gobernador Felipe Solá, que produjeron “un notable debilitamiento de los controles judiciales y de la defensa pública sobre la actuación policial”.
Según la comisión, sus propias funciones “no deben limitarse a ayudar a la construcción de memoria histórica del terrorismo de Estado y del autoritarismo, y a combatir la impunidad de esos hechos, sino también para que esta tarea tenga sentido, debe levantar su voz frente a las violaciones actuales de los derechos humanos, especialmente aquellas que pueden ser corregidas por obra del propio gobierno de la provincia de Buenos Aires. En el campo del sistema represivo, las mayores violaciones a los derechos fundamentales dentro del territorio provincial se registran en la superpoblación carcelaria y en la aplicación de tormentos u otros malos tratos por las fuerzas de seguridad y penitenciarias. Sobre estas situaciones ya se han expedido reiteradamente diversos organismos internacionales, a cuya competencia está sometida la República”.
Además de la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo firman la nota el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; Laura Conte, del CELS; el fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Cañón; Adelina de Alaye, de Madres de Plaza de Mayo, La Plata; el rabino Daniel Goldman, el pastor Aldo Etchegoyen; Carlos Sánchez Viamonte, Fabián Salvioli y Luis Lima, de la Universidad Nacional de La Plata; Mauricio Tenembaum, de la Agrupación Convergencia por un judaísmo humanista y pluralista; Víctor Mendibil, de la Asociación Judicial Bonaerense y la CTA; Elizabeth Rivas, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata; la Subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, Sara Derotier; los legisladores provinciales Alejandro Mosquera, Alfredo Antonucci, Patricia Jorge y Elisa Carca y el consultor académico Leopoldo Schiffrin.
Su texto añade que pese a su notoriedad, los reiterados casos de torturas a detenidos “raramente dan lugar a causas penales por notable incuria o tolerancia de gran parte del Ministerio Público y de la magistratura frente a esas aberraciones”. También recuerda sus denuncias previas sobre “el debilitamiento de la defensa pública en que se encuentra empeñado el procurador general de la Suprema Corte”, Eduardo Matías De la Cruz. “Los mecanismos de auditoría e investigación interna del propio Ministerio de Seguridad deberían emplearse a fin de investigar los numerosos casos registrados en el banco de datos de la Defensoría de Casación o de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia.” El viernes, Alvarez recibió a una delegación de la comisión, integrada, entre otros, por Pérez Esquivel, Laura Conte y el camarista Schiffrin. El ministro reconoció su preocupación por los casos de torturas y prometió un contacto fluido con la comisión. La nota también recordaba que la comisión propuso crear una mesa de trabajo entre organismos de derechos humanos y los ministerios de Seguridad y de Justicia, coordinada por la Secretaría de Derechos Humanos para rediscutir las objetadas políticas de seguridad y penales. Alvarez aceptó el diálogo en lo que concierne a su ministerio, pero dijo que el establecimiento de esa mesa excedía su competencia. La comisión solicitó que se reanuden las reformas iniciadas en el año 1998, durante la gestión del ex ministro Carlos Arslanian, “mediante el cumplimiento de la legislación ya vigente y la implementación de propuestas complementarias”. También pidió que Alvarez “imparta instrucciones precisas a fin de que la policía a su cargo evite cualquierdetención que no se ciña estrictamente a los marcos legales”, en los términos planteados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al fallar el Caso Bulacio.