La Legislatura porteña aprobó la expropiación de Brukman, que será finalmente traspasada a sus trabajadores. Con muy poca oposición –encabezada por el ucedeísta Julio Crespo Campos, quien calificó a los obreros de “intrusos” y agradeció que “ni el comunismo ni el marxismo” gobiernen el país– los diputados aprobaron, al final de un debate de dos horas, la declaración de utilidad pública de la fábrica. Se estima que en el plazo de un mes los integrantes de la cooperativa podrán reingresar a la planta textil, de la que fueron desalojados hace siete meses, y volver a trabajar.
“Estamos contentas de poder demostrar a la sociedad que la lucha no fue en vano. Es una medida que nos merecíamos”, dijo luego de la aprobación Celia Martínez.
La ley declaró “sujeto a ocupación temporaria” el edificio de Jujuy 554 y expropió de manera definitiva las máquinas, marcas y patentes, hasta el monto de 150 mil pesos. La decisión implica que el Gobierno de la Ciudad va a pagar durante dos años un alquiler a los antiguos dueños, tal como está haciendo en otros casos de expropiaciones temporarias, y cederá las maquinarias en comodato a la cooperativa obrera.
Durante la sesión, las bandejas para el público estuvieron llenas y mucha gente siguió el debate desde los pasillos, de pie. Hubo, junto a Brukman, delegaciones de otras fábricas ocupadas como Zanon, Ghelco y la Cooperativa de Salud Medrano.
El consenso para aprobar la expropiación se logró luego de que la semana pasada la Justicia dictara la quiebra de la empresa. Para votar a favor, los legisladores consideraron que “existen en la actualidad 90 empresas autogestionadas en todo el país, lo cual demuestra que esta modalidad es válida para preservar las fuentes de trabajo”.
Los discursos que se escucharon ayer en el recinto compartieron un tono épico inusual. Los diputados de los bloques mayoritarios criticaron duramente a los empresarios y felicitaron a los trabajadores por haber defendido la fábrica. Recordaron que “la empresa los sometió a una situación injusta, llegando a pagarles 5 pesos por semana”. Luego, coincidieron distintas voces en el recinto, un día antes del levantamiento del 19 de diciembre, la empresa abandonó la planta. Por suerte los trabajadores la ocuparon y la pusieron en producción. (Se expresaron variados agradecimientos por este punto.) Más tarde, “fueron injustamente desalojados, dejándolos sin trabajar”, pese a lo cual (siguió el relato en las distintas intervenciones de oradores del PJ, la UCR y otros partidos) “siguieron con su lucha, abriendo camino a estos proyectos de ley”. En este clima de intervenciones, y puesto que la solución al tema había sido en realidad un proceso lleno de dificultades dentro de la Legislatura, Abel Lattendorf agradeció la presencia de los trabajadores en el recinto. “Me han permitido escuchar discursos que nunca antes había oído en este lugar”, ironizó.
La posición en contra fue defendida por Crespo Campos, de la UCeDé, quien le dijo al público que “el futuro va a ser de los trabajadores si cumplen con el Código Penal”. El diputado discrepó con la manera en que estaba siendo relatado el conflicto. A su entender, lo que en estos dos años ocurrió en Brukman había sido otra cosa: “Lo que pasó fue que un grupo minoritario de obreros, apoyados por activistas políticos, intrusaron la fábrica en forma ilegal”, definió. Como desde las bandejas se escucharon algunas risas, el diputado señaló hacia las mujeres de delantal celeste y advirtió que no se trataba de “señoritas, ni son caperucitas rojas”, sino “partícipes de una operación orquestada por el Polo Obrero”.
La izquierda respaldó el proyecto con críticas. Vilma Ripoll planteó que para volver a la planta los trabajadores habían resignado “su aspiración más importante, que era que Brukman fuera estatizada. Pero es una aspiración lícita que yo también comparto”. Y Jorge Altamira, del Partido Obrero, se quejó de que el tope para pagar las máquinas fuera de 150 mil pesos, porque la tasación oficial calculó su valor en 300 mil pesos.
A las siete de la tarde el proyecto se votó en general y fue aprobado, entre una lluvia de papelitos.
El texto incluyó un artículo por el cual la cooperativa deberá aceptar a los ex empleados que no participaron de la toma y ahora quieran sumarse, reconociéndoles igualdad de derechos. También señala que en el edificio funcionará, además de la textil, una escuela de confección.
Tras la sanción, los trabajadores volvieron a la carpa en la esquina de la textil, donde decidieron mantener la espera hasta que se completen los trámites legales para volver a entrar.