La primera foto se la tomaron a las 15 horas, 44 minutos y 33 segundos del lunes 20 de octubre. Se lo ve de frente, con una mano sobre el mostrador, mientras alcanza al cajero el dinero del franqueo. La segunda, de perfil izquierdo, fue registrada a las 15:44:47. Otros doce segundos después miró hacia la derecha y el obturador de la cámara volvió a registrarlo, en el otro perfil, a las 15:44:59. Después salió despreocupado de la oficina del Correo Argentino, caminó unos metros y volvió a su trabajo habitual, en el edificio contiguo.
Anónimo
La carta llegó dos días después al despacho del fiscal federal Jorge Alvarez Berlanda, en los tribunales de Retiro. Contenía un anónimo de dos hojas, con denuncias contra el interventor en la Administración Nacional de la Seguridad Social, Anses, Sergio Massa. La Anses es un organismo descentralizado del Ministerio de Trabajo, que administra los fondos de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, y el Fondo Nacional de Empleo. Según el anónimo, Massa habría incurrido en irregularidades en el manejo de programas financiados por el Banco Mundial. Designado en esa función durante el gobierno interino del Senador Eduardo Duhalde, la última actuación pública resonante de Massa fue en septiembre, cuando solicitó al Consejo de la Magistratura que suspendiera la jubilación especial de 14 mil pesos del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Julio Salvador Nazareno. Massa alegó que Nazareno tenía desde 1990 una jubilación como juez del Superior Tribunal de Justicia de La Rioja.
Nazareno renunció a la jubilación riojana, para cobrar la nacional, que es más sustanciosa, y el Consejo de la Magistratura ya había puesto a su disposición dos cuotas de 14.000 pesos cada una, por los meses corridos desde su renuncia, en junio. Nazareno se alejó de la Corte cuando la Cámara de Diputados comenzó el procedimiento del juicio político, porque de ser removido no podría cobrar su jubilación de privilegio. A pedido de Massa, esos fondos fueron congelados. Junto con la denuncia, venía abrochada una esquela más pequeña. “Le mando esto a usted doctor, porque el fiscal Guillermo Marijuan no va a investigar nada. Es amigo de Massa y ha desprestigiado a la Ufises”, decía. La Ufises es la Unidad Fiscal especializada en delitos contra la Seguridad Social, que Marijuan atiende todas las tardes. Fue creada como consecuencia de una investigación desarrollada por su fiscalía federal 12, por el fraude con las jubilaciones de la provincia de La Rioja.
Familiares y amigos
En abril de 1996, a solicitud del entonces presidente Carlos Menem, el gobernador Angel Mazza cedió a la Nación las cajas de jubilaciones de la provincia, de acuerdo con lo convenido en los Pactos Federales de 1993 y 1994 entre la Nación y las provincias. El convenio de traspaso daba tres meses para seguir tramitando jubilaciones con pocos años de servicios en la provincia, establecía la continuidad de las jubilaciones de privilegio ya acordadas y fijaba un régimen especial para los trabajadores del Banco de La Rioja, que iba a cerrar: sus 120 empleados al momento de la clausura recibirían el beneficio previsional, con sólo acreditar 15 años de trabajo. El promedio de las jubilaciones que la provincia descargó a la Nación rondaba los 1500 pesos mensuales, que casi se duplicaban si se excluía del cómputo a las amas de casa. Uno de cada cuatro riojanos en edad de trabajar cobraba beneficios previsionales y un tercio de los jubilados de privilegio de las ex cajas provinciales estaban en La Rioja.
La Anses comenzó a revisar el padrón transferido y detectó unos 750 casos irregulares. Estableció que las jubilaciones provinciales tendrían el mismo tope de 3100 pesos que las nacionales, lo cual puso en evidencia al entonces Procurador General de la Nación, Angel Agüero Iturbe, quien cobraba más del doble, y a Ada Ocampo de Granillo, madre del entonces ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, con 5162 pesos mensuales. Cinco familiares de Carlos Menem, de menos de 50 años, cobraban más de 2500 pesos mensuales de jubilación. Los sobrinos del entonces presidente, Carlos Omar, Carlos Elbio y Angel Omar Menem, figuraban con 6296, 3250 y 2840 pesos mensuales. Carlos Elbio sólo había sido empleado público, con un sueldo de 900 pesos mensuales. Su esposa, Raquel Pedernera de Menem, figuraba con 3600 y Raúl Armando Menem con 2730 pesos. Agüero Iturbe, que cobraba 10.000 pesos mensuales como Procurador General de la Nación, también recibía 7400 como jubilado riojano, por su fugaz desempeño en el Superior Tribunal de la Provincia, entre el 28 de diciembre de 1983 y el 30 de octubre de 1989. Eso lo ayudó a mudarse al edificio de los nuevos ricos de Quintana 59. Agüero Iturbe había sido abogado de la empresa Skycab, de Alfredo Yabrán. En la Procuración General, Agüero Iturbe designó a varios fiscales generales de su mayor confianza personal, entre ellos Joaquín Gaset Waidatt y Eduardo Daniel Miragaya.
El representante de la Anses Miguel Arturo Priolo formuló la denuncia a la justicia en 2001, y el juez federal Rodolfo Canicoba Corral delegó la investigación de la causa (que lleva el número 2431/01 “Montoya, Rubén Florencio y otros”) en el fiscal Marijuan, quien solicitó el procesamiento, entre otros, de Agüero Iturbe. El ex Procurador fue abogado externo del Banco de La Rioja, pero se jubiló a los 43 años como si hubiera sido empleado de planta. Entre los centenares de procesados está el masajista de Menem, Miguel Italo Buongiorno y el profesor de tenis de su hija Zulema, Edgardo Romero Chacón, quien se jubiló a los 33 años. Los 120 jubilados originales del banco de La Rioja se habían convertido en 1200. Algunos habían trabajado en el banco, pero no tenían los años de servicio necesarios para jubilarse, otros jamás trabajaron allí. Entre el millar de amas de casa jubiladas abundaban las que tenían menos de los 55 años requeridos y hasta había chicas veinteañeras.
Marijuan viajó a La Rioja para proseguir la investigación. Uno de los gerentes del banco, Francisco Valdez, declaró que su firma en los legajos jubilatorios era falsa. El albañil José Ponce dijo que el ex titular del Organismo que otorgaba las jubilaciones, Diego Alvarez, le había concedido el beneficio para que él y sus parientes votaran a una determinada lista peronista. El gobernador Mazza dijo que se trataba de una persecución política. Mazza y la mayor parte de los investigados pertenecen a la línea interna del Hermano Eduardo, como la ex legisladora Marta Rivadera, quien en el debate de la ley de Etica Pública fue una de las más tenaces opositoras a la difusión de las declaraciones de bienes de los legisladores. Parte de los expedientes probatorios de las irregularidades desaparecieron y el resto, que Marijuan trajo de regreso en un camión, estuvieron a punto de seguir el mismo destino, cuando el vehículo fue tiroteado en el partido bonaerense de San Martín, poco antes de ingresar a la Capital. La policía contestó los disparos y los atacantes huyeron.
Marijuan también recibió un pequeño ataúd, que contenía una foto del fiscal, con la recomendación de que se olvidara de la causa de las jubilaciones. Mazza viajó a Buenos Aires y se reunió con el juez Canicoba Corral, pero Marijuan se negó a recibirlo, ya que no era parte en la causa. También visitó la Procuración General, donde Nicolás Becerra ya había sustituido a Agüero Iturbe. En ausencia del Procurador, Mazza se reunió con Miragaya y con Gasset Waidatt, cuya hermana, Herminia Hortensia G.W. de Pérez es una de las procesadas. Herminia Hortensia nunca trabajó en el Banco de La Rioja, pero cobra más de mil pesos mensuales como jubilada allí a los 44 años. En total, Marijuan llevó a juicio a 150 falsos jubilados y desbarató una defraudación de no menos de 10 millones de dólares. Recién entonces cesaron las amenazas, pero no los rencores. Entre los funcionarios procesados están las autoridades de los organismos previsionales riojanos que consumaron el fraude. El juez Jorge Urso, que continuó la causa, dio por probadas la existencia de documentos de identidad adulterados, constancias de servicios apócrifas y documentación falsificada. Un defensor oficial riojano solicitó que la causa fuera remitida a la provincia en la que vivían los jubilados. Marijuan y el juez defendieron su competencia porque la víctima del ilícito es un organismo nacional con sede en la Capital, que es donde se revisaban los expedientes. Pero el juez federal riojano Enrique Chumbita, que tiene dos familiares en la nómina, amparó a varios de los indagados, de modo que siguieran cobrando el beneficio. El escándalo de las jubilaciones falsas truncó la carrera de Agüero Iturbe en la Procuración. Luego de la reforma constitucional de 1994 y de la sanción de la ley del Ministerio Público, hubiera necesitado el voto de 2/3 del Senado. Al no conseguirlos, renunció.
Jefas y jefes
Como secuela de esta investigación, la Procuración creó la Unidad Fiscal de Investigación de la Seguridad Social, que quedó a cargo de Marijuan. Sus líneas investigativas no le ganaron nuevos amigos. Sólo este año ya ha presentado 1700 denuncias por la asignación a punteros políticos de subsidios del plan Jefas y Jefes de Familia Desocupados. Ahora está cruzando la nómina de beneficiarios con la de los empleados de las policías provinciales y ya detectó medio centenar de coincidencias en San Juan y Santiago del Estero. También solicitó a todos los municipios bonaerenses la lista de sus empleados. El gobernador Felipe Solá apoyó la solicitud con una circular a los intendentes. Cuando termine de recibir las respuestas, Marijuan emprenderá el cruce con la nómina del plan Jefas y Jefes. De ese modo podrá determinar en qué casos el subsidio no se entrega a quienes corresponde sino para financiar la actividad partidaria. El anónimo podía provenir de cualquiera de esos sectores afectados.
El franqueo de la carta no tenía una estampilla convencional, sino un código de barras. El fiscal Alvarez Berlanda y su adjunto, Gerardo Pollicita, preguntaron al Correo Argentino qué datos codificaban esas barras. Les respondieron que el lector indica la sucursal desde la cual se despachó la carta, el día y la hora en que fue impuesta y en qué caja. Con ese dato llegaron a la oficina del Correo Argentino de la Avenida de Mayo 770. Allí supieron que la máquina selladora está conectada con una cámara que registra cada operación y que también consigna el día y la hora. Todos los días esos registros se archivan en un edificio del Correo Argentino en Monte Grande. Las fotografías correspondientes a las 15:44:35 horas del lunes 20 de octubre mostraban a un hombre joven, de unos 30 años, vestido con saco y corbata, que miraba hacia ambos lados. Alvarez Berlanda y Pollicita se dirigieron entonces a la Anses. Allí nadie había visto ese rostro. Les llamó la atención que la puerta contigua a la de la oficina de Correo correspondiera a una de las sedes de la Procuración General de la Nación en Avenida de Mayo 760. Decidieron hacer la prueba allí.
La búsqueda concluyó con la primera pregunta: los porteros que atienden la entrada vieron la foto y dijeron: “Es Martincito Vidal, de la Oficina de Notificaciones”. Alvarez Berlanda y Pollicita lo citaron allí mismo, en la oficina de recursos humanos de la Procuración, donde le mostraron las fotos. Muy nervioso, Vidal les dijo que se negaba a declarar. Los fiscales le informaron que en ese caso sería procesado como testigo reticente, un delito castigado con pena de hasta un mes de prisión. Vidal pidió entonces la asistencia de un letrado. Cuando le explicaron que no correspondía porque no era imputado sino testigo, se resignó a declarar y dijo que la carta con el anónimo la había enviado por pedido del fiscal general Eduardo Miragaya, uno de los hombres de confianza que Agüero Iturbe dejó al retirarse de la Procuración. No explicó por qué despachó la carta desde la oficina del Correo y no desde la estafeta postal correspondiente, con cargo a la cuenta oficial de la Procuración General.
Amistades
Miragaya fue desplazado de la sede central de la Procuración al edificio de Avenida de Mayo el año pasado, luego de que se abriera una investigación sobre su patrimonio, a raíz de una nota en una revista de escándalos. Decía que Miragaya poseería una casa en Núñez con pileta climatizada, valuada en de 650 mil pesos, otra en Punta del Este, valuada en 300 mil pesos, un departamento en Belgrano, una lancha, una camioneta Toyota 4x4 y dos cuatriciclos. Como parte de esa investigación, a cargo del juez federal Claudio Bonadío, el fiscal Oscar Amirante allanó una de las propiedades indicadas. La nota incluía cargos más graves, contra Miragaya y otros fiscales, que no se reproducen por falta de pruebas o indicios serios que la sustenten y que dieron lugar a otra causa penal, que en este momento está en etapa de instrucción. La nota también señalaba que Miragaya era amigo personal de Zulema Yoma y Zulema Menem.
Cuando Vidal confesó que había enviado el anónimo a pedido de Miragaya un grupo de fiscales reunidos en la Procuración expresaron su solidaridad con Marijuan y pusieron lo sucedido en conocimiento de Becerra. Si el Procurador no ordenara la instrucción de un sumario, es probable que alguno de los fiscales lo denuncie por mal desempeño e incumplimiento de sus deberes. Ese sumario se sumaría a la instrucción penal que llevan adelante Alvarez Berlanda y Pollicita y que derivará en una denuncia penal. Miragaya, quien estaba en Punta del Este, regresó y se presentó en el expediente. Declaró que el abogado Lisandro Cabo, a quien mencionó como “funcionario de la Anses”, le había entregado un sobre cerrado para que se lo hiciera llegar al fiscal Alvarez Berlanda. No explicó por qué no lo remitió el propio Cabo, ni por qué él le encomendó esa tarea a Martín Vidal, en una oficina de Correo que no es la oficial de la Procuración. Su presentación añade que Marijuan separó del cargo que tenía en la Ufises a Patricio Pizzoglio, novio de su hija Julieta Miragaya, y dice que el envío del sobre provocó “una interna” en la Anses. “De haber tenido conocimiento del contenido del sobre, si hubiera estado abierto y no dirigido a persona alguna, lo hubiera entrado por Mesa de Entradas de esta Procuración General”, agregó. Esa endeble explicación tal vez le sirva para eludir una causa penal, sobre todo si Cabo ratifica que es el autor del anónimo y que Miragaya no conocía su contenido, pero no disipará la certidumbre de que esta operación de menemismo explícito es la vendetta por el corte de los fraudes jubilatorios riojanos.