Los reflectores enfocan ahora la Corte Suprema. Pero el proyecto del Gobierno para renovar la Justicia no se termina junto con la mayoría automática del máximo tribunal. Lo dejó claro el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz, la semana pasada. “La batalla de la Corte fue sólo el primer paso”, le dijo a Página/12. Los jueces federales, que arrastran el estigma de la servilleta, son los que siguen en la lista oficial. En este caso, el recambio no depende del Congreso sino del Consejo de la Magistratura. Por eso, el Gobierno aspira a reemplazar algunos de los integrantes y modificar los mecanismos de este organismo. El propósito es dotarlo de una mayor iniciativa y agilizar sus tiempos. El tucumano Ricardo Falú, protagonista del juicio político a los supremos, es uno de los candidatos a integrarse al Consejo para infundirle cierto “aire K”.
En el Consejo de la Magistratura, que nació como producto del Pacto de Olivos con el objetivo de transparentar la elección y remoción de los jueces, conviven representantes de abogados, jueces, académicos, diputados, senadores y del Poder Ejecutivo. Su funcionamiento se implementó recién en 1998 y durante estos cinco años no estuvo exento de críticas. La mayoría estuvo vinculada con reproches sobre el resultado de los concursos y los largos tiempos que maneja, tanto para las designaciones como en el análisis de las denuncias. Para dinamizar las investigaciones contra los magistrados, el Gobierno aspira a integrar al organismo a legisladores de su confianza.
A ninguno de los legisladores peronistas que actualmente forman parte del Consejo se le vence el mandato a fin de año, pero en el bloque de diputados analizan pedirle a la menemista Lelia Chaya que deje su lugar. Ese sitio podría ser ocupado por Falú, actual presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja y clave en el proceso que terminó con las renuncias de Julio Nazareno y Guillermo López y la suspensión de Eduardo Moliné O’Connor. Chaya es vicepresidenta del Consejo y miembro de la estratégica Comisión de Acusación. A principios de este año sus compañeros del Consejo votaron para que no sea expulsada del organismo. El pedido lo habían hecho Poder Ciudadano y comunidades indígenas después de que la diputada apareciera en el programa “CQC” calificando a sus colaboradores como “collas, medio opas”. La labor en el Consejo de Jorge Casanovas tampoco es valorada especialmente por algunos colegas de su bancada, pero éstos admiten que su condición de bonaerense lo hace menos vulnerable. Otros prefieren no hablar de nombres, sino de un problema estructural.
“El organismo en su conjunto no ha cumplido con su cometido. El sistema está muy burocratizado y no tiene que ver sólo con los miembros que vienen de la política. Los abogados también defienden la corporación”, opinó un diputado oficialista. “El mecanismo se ha judicializado mucho y termina siendo casi como un proceso de instrucción de un juicio. Además, los que son legisladores no pueden dedicarse a full al Consejo y eso retarda mucho el trabajo de todos”, afirmó un miembro del organismo, que no es ni diputado ni senador. Más allá de las recriminaciones mutuas, todos los sectores reconocen falencias en el sistema y admiten que, al margen de las reformas en el reglamento que unos y otros proponen, el ingrediente clave que se necesita es decisión política.
Malla de protección
La recién iniciada causa contra Adolfo Vázquez puede ser la última avanzada contra los supremos en el Congreso. El año que viene será el turno de los jueces, y entre ellos se destacan los federales, que son quienes se encargan de los juicios por corrupción, narcotráfico,violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura y todo delito que los funcionarios públicos cometan en ejercicio de sus funciones. Estos magistrados nunca pudieron librarse de la marca que les dejó el ex ministro de Economía Domingo Cavallo cuando denunció que el entonces ministro de Interior, Carlos Corach, le había anotado en una servilleta los nombres de todos los magistrados que respondían a Carlos Menem. Si bien ya no tienen la exposición mediática ni el diálogo constante con el Poder de los noventa, en Comodoro Py continúan los cuestionamientos.
El juez Norberto Oyarbide, que estuvo vinculado a la protección policial de prostíbulos, se salvó de la destitución gracias a los senadores peronistas. Ahora investiga a su colega Claudio Bonadío por el arresto de los ex jefes montoneros Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía. Este magistrado, a su vez, tiene una pesquisa abierta contra Juan José Galeano por las irregularidades cometidas en el expediente por el atentado a la AMIA. Y los tres afrontan denuncias en el Consejo de la Magistratura.
Por el momento los más comprometidos son Bonadío y Galeano, aunque la investigación contra el primero recién está empezando –aún no se designó qué Consejo la llevará– y la del segundo la tenía Casanovas pero por “la dimensión del asunto” la pasó al pleno. “Es de todos, es decir, de nadie”, describió un miembro del organismo. Otro juez federal, pero no de la Capital sino de San Isidro, Roberto Marquevich, también tiene problemas en el Consejo. En su caso está avanzada la denuncia que se inició a raíz de la detención de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble pero también arrastra viejos cuestionamientos que nunca fueron desestimados.
“Hay diferentes camaristas en todo el país que han generado señalamientos sobre la conducta de magistrados de primera instancia. Esto se dirime en el ámbito del Consejo”, fue otra de las cosas que dijo Beliz la semana pasada.
La Cámara Federal porteña, de hecho, hizo, en duros términos, la denuncia contra Bonadío por el arresto de los ex jefes montoneros y “retó” en varias oportunidades a Galeano por el ritmo y rumbo de la investigación por el atentado contra la AMIA. El mismo tribunal inició un sumario a María Servini de Cubría por haberse negado a intervenir en la investigación sobre los crímenes cometidos durante la dictadura en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército. “La Cámara está tratando de poner orden pero esto no es nuevo, acá no hay efecto K.” “Lo que pasa es que antes había una malla de protección arriba y ahora es más probable que te presten atención”, coinciden, por separado, dos camaristas que tienen un prestigio que envidian muchos de sus colegas.
Otro tribunal de alzada que dejó recientemente al descubierto manejos poco claros de los jueces de primera instancia, ya no en el fuero federal, fue la Sala IV de la Cámara del Crimen. El tribunal cuestionó la actuación de los jueces Ismael Muratorio y Juan José Mahdjoubian en la causa promovida por Raúl Moneta contra su ex socio Thomas Hicks por el control de Cablevisión y criticó la existencia del “forum shopping”, es decir, el mecanismo mediante el cual alguna de las partes termina eligiendo el juzgado donde se tramitan los expedientes.
De todas formas, para comenzar con la renovación de la Justicia Federal no es indispensable que nadie se vaya. Cuatro de los doce juzgados de primera instancia de Comodoro Py están vacíos. Durante los primeros meses del gobierno de la Alianza parecía que se iba a producir un éxodo desde el edificio de Retiro. Sin embargo, los jueces no tardaron en recibir las señales oficiales que indicaban que, como en muchos otros temas, la estrategia era de continuidad y no de ruptura. Las vacantes que se produjeron se debieron a las renuncias de Adolfo Bagnasco, Gustavo Literas y Carlos Liporaci, que estaba a punto de ser destituido debido al escándalo que se armó cuando, mientras investigaba a los senadores por elpago de sobornos, se conocieron las dimensiones de su casa de Vicente López. A esas retiradas, se sumó el ascenso de Gabriel Cavallo a la Cámara Federal.
Los aspirantes a jueces federales ya pasaron por el examen correspondiente y el Consejo de la Magistratura está actualmente analizando las impugnaciones que realizaron los propios participantes. Por ahora el orden de mérito quedó establecido de la siguiente forma: el juez en lo contravencional porteño Marcelo Vázquez, los fiscales federales Eduardo Freiler y José Barbaccia, el defensor oficial Luis Salas, el fiscal adjunto de la Procuración Daniel Rafecas; Juan Culotta, prosecretario de la Cámara Federal de San Martín; el fiscal federal Guillermo Montenegro y el fiscal Marcelo Roma. Los candidatos pasarán luego por una entrevista y finalmente se elevará una terna al Poder Ejecutivo para que envíe los nombres de los elegidos al Senado.