Camarista del juicio a las juntas en 1985, León Carlos Arslanian fue ministro de Carlos Menem pero también gestor de la reforma más importante de la policía bonaerense, un proceso que quedó trunco en 1999 con el “meta bala” de Carlos Ruckauf. Este mismo año presidió una comisión para terminar con los secuestros. El trabajo fue encargado por Eduardo Duhalde y entregado a Néstor Kirchner.
–¿El paquete antisecuestros sirvió para algo? Porque los secuestros no terminaron.
–Del paquete no se tomaron las medidas más importantes.
–Pero cambiaron las leyes: hay régimen para los arrepentidos, más poder a los fiscales y penas más duras para los secuestradores si son policías o ex policías.
–Sí, eso lo propusimos nosotros y sigo pensando que está muy bien. Pero el problema del secuestro es básicamente un problema policial.
–¿Que lo practica la policía?
–No. Que no es un tema del Código Penal y que solo secundariamente pertenece al Código de Procedimientos. El Código Penal llega tarde. Cuando llega, el secuestro ya se produjo o ya terminó. Por eso decía que es un problema policial. Lo primero y más importante es evitar que el hecho se produzca. Y cuando digo policial hablo de la inteligencia policial. O de la inteligencia criminal.
–¿Inteligencia para qué?
–Le doy un ejemplo. En la comisión nos dimos cuenta de que la información sobre secuestros estaba tabicada. La policía bonaerense tenía su información, la Federal la suya y Gendarmería la suya propia. No había comunidad de información. Con un agravante: el Código de Procedimientos cambia al cruzar el Riachuelo o la General Paz. Y el que delinque, en cambio, lo hace donde puede y en cualquier lado. El fraccionamiento siempre impidió generar un programa nacional de seguridad apto y válido para todo el territorio y para todas las agencias que intervienen.
–No veo la relación con los secuestros.
–Porque debe haber un programa nacional de inteligencia criminal para apoyar la prevención y la investigación de los secuestros extorsivos. Le cuento una barbaridad: en este país ni siquiera se recupera la información judicial. Nadie la concentra y la procesa en una base de datos. Es una pavorosa pérdida de información. Si no, será imposible elaborar un plan de trabajo, recomendar políticas, conectarse en red con otras bases de datos según un diseño homogéneo, establecer medidas de contrainteligencia para resguardar personas y bases de datos y fijar las restricciones de acceso. Y por supuesto no se podrá hacer el mapa del secuestro extorsivo.
–¿El mapa no se hizo?
–No. No se hizo.
–¿Por qué?
–No lo sé. Yo presidía honorariamente la comisión junto con otros juristas. ¿Por qué no cruzamos hechos de la provincia de Buenos Aires con hechos de la Capital? Hay áreas comunes donde se hacen los secuestros, áreas de donde se hacen las llamadas... Insisto en la prevención porque si hay acción policial eficaz, al desbaratar dos o tres bandas se dificulta el funcionamiento de los grupos de secuestradores.
–¿Incluso cuando hay policías que los integran?
–Haberlos hay, pero no sé cuantitativamente qué importancia tiene en el secuestro extorsivo.
–¿Por qué habla solo del extorsivo y no del secuestro express?
–Porque hay una división del trabajo. A veces el grupo del secuestro express vende al cautivo a otro grupo para que éste pida rescate. Antes predominaban solo los secuestros más chicos, dando vuelta con un coche. Luego fueron apareciendo organizaciones más complejas que apelaban a una manera más o menos calculada y programada. Ahora se combina todo. Unos levantan al voleo a gente con un buen auto o buena apariencia y a veces, cuando le queda grande, lo pasan. Y también está el secuestro programado completo, con inteligencia previa.
–¿Hay más casos?
–Hay mutación. Antes era negocio robar al pasajero de taxi. Después los pasajeros se previnieron y se desarrolló el radio taxi. Entonces fue el turno de las salideras bancarias. Ante mayores medidas, como vigilancias de proximidad en los bancos, aumentó el robo de autos. Al desmantelar los desarmaderos creció el secuestro extorsivo. Hay una mutación continua por una intensificación de la prevención en las áreas sensibles.
–¿Y no hay vacuna contra la mutación?
–En la comisión propusimos crear un comité nacional contra el secuestro y demás atentados contra la libertad de las personas, Conasep. Ese comité debía estar presidido por el secretario de Seguridad Interior y tener miembros permanentes (fiscales, policías, Gendarmería, Prefectura, Comfer, fiscales, el gobierno nacional) y no permanentes (un representante del ministerio público de cada provincia). El Conasep debía elaborar un programa nacional de prevención contra los atentados en forma coordinada con el programa de inteligencia criminal. También, hacer un registro de personas con secuestro denunciado.
–¿No existe?
–Aunque usted no lo crea, no hay una lista nacional. Le digo otras sugerencias: elaborar un manual de prevención de secuestros, difundir los resultados de las investigaciones, impulsar la formación de redes sociales de prevención, con lo cual volveríamos a la idea de los foros que impulsé en la provincia de Buenos Aires, para que los vecinos estén atentos entre sí en ciertos horarios y miren la cuadra o avisen de algo sospechoso.
–Todo suena a reunión de datos o bases para procesar y sacar conclusiones a largo plazo.
–No, no es así. Elaborar un programa de prevención es algo rápido, y las medidas también.
–¿Por ejemplo usted que haría esta misma semana?
–Hoy, en la provincia de Buenos Aires, yo crearía una policía del conurbano ex novo.
–¿Desde cero?
–Sí, absolutamente nueva, con gente capacitada a partir de una academia ad hoc. Y seguiría reformando a la policía existente con los lineamientos del plan que aplicamos en 1998. Mientras, además de crear el Conasep, difundiría las penas por secuestro y anunciaría qué recompensas hay para quien denuncia.
–¿No es peor denunciar el secuestro a la policía?
–No, es un mito que se generó.
–El argumento es que peligra la vida del secuestrado.
–Ante la denuncia la policía no interfiere en una negociación, pero permite que si los familiares y los delincuentes no se ponen de acuerdo en el monto pueda haber un operativo de liberación de la víctima. Y hay una extraordinaria chance de esclarecimiento de los hechos, porque en algún momento, con tanto tiempo, alguna comunicación se logra interceptar. Ahora, cuidado, que la denuncia no tiene que ser pública. Tanto la policía de la provincia como la Federal tienen extraordinaria eficiencia para investigar. Otra medida urgente es abrir las villas.
–¿Abrir calles en las villas?
–Y levantarlas. Las villas son lugares apropiados para aguantaderos, para reducir botines, incluso por sus características constructivas. La policía no entra a las villas. Si no se hacen calles ni se ponen luces, ni tienen un mínimo diagrama de circulación, ¿cómo se puede vigilar? Las víctimas terminan muchas veces en La Cava o en la Carlos Gardel.
–¿No está victimizando a los villeros?
–Al contrario. No hablo mal de los pobres, que son las primeras víctimas y están a expensas de las formaciones mafiosas que disputan territorio. Pero si usted está en su casa, para prevenir hace falta un patrullero que pase por la puerta cada tantos minutos. Si no, se crea un ámbito excluido. Qué lástima que se interrumpió la reforma cuando vino (Carlos) Ruckauf y fumigó todo.
–Usted habla de hace muchos años.
–Sí, del ‘99, cuando primero se interrumpió la reforma de seguridad que yo encabezaba para no chocar con las propuestas de Ruckauf, que en ese momento era candidato a gobernador. Y después, como gobernador, aplicó lo que había prometido: la fumigación.
–¿Pero qué fumigó Ruckauf?
–Lo que habíamos empezado a hacer. Por lo pronto, los foros donde participaba la comunidad. También destruyó el Instituto de Política Criminal, que era un centro de excelencia de propuestas, trabajo e investigación de campo. Dejó de hacer el mapa del delito, que es un seguimiento georreferenciado de los crímenes. Nosotros obligábamos a las direcciones departamentales de la policía a que nos remitieran planillas día a día. Eso permitía un seguimiento diario de cierto tipo de delito, y a su vez posibilitaba ajustar las estrategias desde el poder político.
–Sin embargo, Juan Pablo Cafiero, como ministro de Seguridad de Felipe Solá, no siguió la línea de Ruckauf.
–No, claro. Su afinidad con nuestra propuesta era plena, pero no se tradujo por ejemplo en la activación de los foros. Tampoco en la profundización del proceso de descentralización. Y tampoco con el plan trienal que habíamos diseñado para darle continuidad a la reforma. Yo lo dije por lo menos dos veces. No solo a Cafiero. También a Solá.
–¿Cuándo?
–La primera vez cuando era candidato a vicegobernador. Después insistí y él nunca acusó recibo.
–¿No estaba de acuerdo con la propuesta?
–No lo sé. Solá no me dijo nada. Puede que ni siquiera haya considerado lo que le elevé.
–¿Por qué insiste tanto con el plan trienal?
–Porque hace falta un mínimo de política sostenida en el tiempo para conseguir los primeros resultados en seguridad. Hoy estaríamos mejor si no se hubiera interrumpido la reforma, que tuvo sus dificultades pero comenzó con mucha fuerza. Primero practicamos un proceso de depuración de la fuerza. Después dictamos una nueva orgánica de la policía de la provincia de Buenos Aires. Dividimos la policía en 18 pedazos, siguiendo el criterio de los departamentos judiciales existentes. Suprimimos la figura del jefe de policía, y recuperamos la conducción de la fuerza por parte del Poder Ejecutivo provincial. Había un civil que por supuesto reportaba a la Legislatura. Incorporamos los foros de los que le hablé, con facultades legales de intervención, con el derecho de formular propuestas y controlar la gestión policial. Todo eso más un aparato muy fuerte de Asuntos Internos que vigilara cualquier irregularidad de la policía.
–¿Qué faltó?
–En el plan proponíamos una división neta entre policía de investigaciones y policía judicial. Eso, claro, solo era posible con un programa de reestructuración policial. Y arrancaba identificando minuciosamente los recursos humanos desde los niveles más elementales. Queríamos que cada policía tuviese su ficha psicotécnica y médica, porque el personal de la Bonaerense nunca fue revisado.
–¿Cómo que nunca?
–Nunca. Hay gente con neurosis, con sobrepeso grave, con diabetes, con úlcera, con várices... Lo que quiera. Y no hay siquiera un sistema que permita la evaluación psicofísica del personal.
–¿Por qué usted tampoco la hizo cuando fue ministro?
–La pedí. Eduardo Duhalde, que era el gobernador, me dijo que costaba mucho chequear a 45 mil personas sin contar con la infraestructura necesaria. Llegamos a entrar en conversaciones con aseguradoras de riesgo de trabajo para que se encargaran pero nunca nos llegaron los recursos suficientes. Por lo menos nos contentamos con remediar parte de la insuficiencia técnica.
–¿Tiro?
–Sí. Había efectivos que no habían tirado nunca ni tenían dónde hacerlo. Los de Trenque Lauquen tenían que ir hasta La Plata para practicar puntería. Con nosotros cada departamental empezó a hacerlo. Y lo mismo ocurrió con la defensa personal. También ideamos un escalafón nuevo para, en muy poco tiempo, superar las asimetrías. Un escalafón de ocho o diez grados mientras estimulábamos a los policías para que terminasen sus estudios secundarios. La idea era completar todo contratando a personal civil y dándole grado policial, después de un entrenamiento apropiado. Los civiles podrían llegar incluso al grado de comisario. Hablo de gente con formación, como abogados o licenciados en Criminalística. Así, de paso, paliábamos el déficit de la policía de la provincia.
–¿De cuánto es?
–No sé ahora. En el ‘98 necesitaba unas 15 mil personas más. La cifra surgía de estudiar qué recursos humanos se necesitaban en cada uno de los departamentos y cruzarlos con la conflictividad social, con la existencia de villas y con el mapa del delito.
–Cafiero echó a comisarios corruptos. Y Juan José Alvarez está continuando con esa política. ¿No sirve?
–Sirve, pero no es suficiente. Mi estrategia fue primero depurar toda las capas superiores: comisarios superiores e inspectores, hasta que Duhalde lo paró. En una fuerza vertical, hay que descabezar porque la cabeza compromete de entrada a oficiales inferiores al obligarlos, por ejemplo, a buscar la recaudación de la zona. Los foros comunitarios, en mi estrategia, completarían la depuración al estimular el contacto directo con los vecinos y generar en la policía un objetivo ético que reconvirtiera a muchos efectivos. Al margen de los irrecuperables, hay muchos que son malos o buenos según el contexto. Recomiendo mando férreo y transparente, más dinero, universidad y cercanía con la comunidad.
–¿Y a corto plazo?
–¿Sabe qué pasa? Que uno no puede parar la policía. El delito no da tregua hasta que la reforma concluya. Por eso hay que tender un puente de plata y reconvertir corruptos. Si no, uno puede echar oficiales, pero cuando no erradica el fenómeno la corrupción se regenera. Y no hay Asuntos Internos que valga.
–¿Coincide con el Presidente cuando dice que una clave de los secuestros es cambiar la bonaerense?
–Sí. Usted pensará que soy un maniático, pero por eso propongo los foros, a los que nadie dio y da bolilla, empezando por los intendentes del conurbano. El plan trienal terminaba con la formulación y la gestión de presupuesto a cargo de cada uno de los jefes departamentales con un equipo de auditoría civil controlada y monitoreada desde el Ministerio de Justicia y Seguridad y la participación de los vecinos.