”Existe una ambigua y fuerte relación de dependencia (del movimiento piquetero) con el Estado a partir de la institucionalización de los planes sociales... Se establece una relación con los poderes públicos que tiende a desdibujar los planteos estratégicos (la demanda es por trabajo), en favor de las soluciones de corto plazo (la lucha es por los planes sociales). En el extremo, el medio pasa a transformarse en un fin en sí mismo”.
Maristella Svampa – Sebastián Pereyra
“Entre la ruta y el barrio”.

La anécdota la relata un prominente dirigente duhaldista que sigue siendo prominente en este gobierno. Llamémoslo M. M. manejaba un área social sensible en la provincia, corría el año 2001 y los cortes de ruta estaban a la orden del día, M. tenía una buena relación con un dirigente piquetero de los considerados duros. Llamémoslo P. “Nunca aparecíamos juntos, porque eso podía debilitarlo ante su gente –asume campechano el duhaldista–, pero acordábamos cosas. Y los dos cumplíamos los pactos.” Uno de esos pactos era restringir los cortes a la mitad de la ruta. Una tarde P. y su gente ocuparon toda la ruta. M. intentó comunicarse con él para disuadirlo, pero no pudo dar con su paradero. Al día siguiente M. contactó a P. y le reprochó “¿cómo no me avisó? ¿Cómo no pude dar con su celular?”. “No me comuniqué porque estaba en la pura ruta. Y no tengo celular, porque no puedo pagarlo”, argumentó, acaso chicaneó P. “Ese mismo día le empezamos a pagar el celular”, explica el prominente funcionario duhaldista. Esa módica factura telefónica, abonada a un dirigente que sostiene un discurso y una praxis duros es un buen símbolo de lo compleja que es la relación entre los líderes de los movimientos de desocupados y los gobernantes de este sufrido país.
La primera hazaña de los piqueteros fue salir de la invisibilidad. La segunda persistir. Ambas se urdieron interpelando al poder político. Los discursos piqueteros pueden ser drásticos, socialistas, anarquistas. Pero su praxis los lleva casi exclusivamente a la interlocución con funcionarios estatales. Ha habido, acá y allá, algunos piquetes frente a empresas privadas, pero el desocupado –por más anticapitalista que sea su visión del mundo–, por definición, no contiende (ni interactúa) con la patronal sino que apela a los gobernantes para ejercitar su tercera, cabal, hazaña que es sobrevivir.
Conservador popular cabal, Eduardo Duhalde supo percibir el rol de contención y de integración que cumplen los movimientos piqueteros. Muchos de sus hombres aprendieron a dialogar (a veces celular mediante) con dirigentes surgidos de distintas variantes de la izquierda argentina, anche la peronista. Al principio necesitaban intérprete. Otra anécdota, ésta con nombre y apellido, viene al caso. Cuando Aníbal Fernández fue ministro de Trabajo de Carlos Ruckauf y debió comenzar a negociar con los jefes piqueteros le pidió ayuda a un primo suyo que, a diferencia de él, tenía luenga militancia en la iz-quierda peronista. Se llama Héctor Metón, maneja desde hace años el Plan Arraigo (titularización de propiedad de la tierra para los humildes), y es hasta hoy un operador insustituible del kirchnerismo.
“Ni palos ni planes”
“Ni palos ni planes” fue la permanente directiva de Néstor Kirchner desde que llegó a la Rosada, de cara a las movilizaciones piqueteras. No reprimir, desde luego, pero tampoco ceder. Es una consigna clara, tajante, de cara a una situación intrincada, poblada de sutilezas como la que cuenta la cita del epígrafe (la demanda es el trabajo, la lucha es por los planes). A fuer de simplista, la consigna no es sencilla de plasmar y lo cierto es que su gobierno no la plasmó del todo. No la plasmó, hasta ahora, por el lado de los planes. En estos días derrapó hacia el lado de los palos, aunque luego corrigió su rumbo. Pero vamos por partes.
La supuesta neutralidad a la que alude la consigna presidencial no fue la directriz de la política del gobierno que intervino enfáticamente en la interna piquetera. Vayan algunos ejemplos a cuenta:
- Por lo pronto, hubo “planes”. Aunque el cupo del Plan Jefas y Jefes está congelado desde mayo, ha habido entrega de planes alternativos durante esta gestión. Los números cabales son arduos de conseguir, pero fuentes oficiales reconocen que habrán sido 100.000. Reconociendo que no hay datos precisos, ni especial transparencia, Página/12 calcula que podrían ser 150.000, acaso más. Estos planes, otorgados de forma potestativa, beneficiaron especialmente a la Federación de Tierra y Vivienda que conduce Luis D’Elía y al sector de la Corriente Clasista y Combativa que encabeza Juan Carlos Alderete.
- El sector de D’Elía también fue mayoritario receptor de los proyectos de autoconstrucción de viviendas motorizado por el ministro Julio De Vido. Y el mismo dirigente matancero recibió apoyo oficial simbólico y no tanto para su poco feliz incursión electoral en la provincia de Buenos Aires. Las relaciones ahora se han enfriado, en la Rosada son varios los que motejan a D’Elía James Bond (“porque sacó el 0,07 de los votos”) y hacen cuentas aviesas (“sacó menos votos que los planes que maneja”), pero lo cierto es que hubo avales y acaso efectividades oficialistas conducentes tras su candidatura. Tanto que el propio Víctor de Gennaro ha tenido un par de agarradas con el dirigente territorial por su sobreactuada adhesión a Kirchner.
- También hubo armados políticos de nuevos movimientos kirchneristas y hasta algún acto público del nuevo piqueterismo oficial en la Federación de Box cuyo numen fue el Ricardo “Pacha” Velazco, un dirigente que suele reportar directamente a Carlos Kunkel.
“Los que no saltan la valla”
En la Rosada y aledaños minimizan esos datos, subrayando en cambio el afán de diálogo entre el gobierno y “las organizaciones sociales”. “Las llamamos así –dice Oscar Parrilli, habitual interlocutor del sector– porque reconocemos su rol, antes que destacar uno de sus métodos, el piquete”. El secretario general y otros funcionarios consultados por este diario prefieren enfatizar que el Gobierno dialoga con los dirigentes sociales y que se esmera en proveer recursos para el armado de cooperativas, microemprendimientos, comedores populares o empresas recuperadas. “No les preguntamos si son duros o qué piensan en materia política. Les decimos ‘traigan proyectos que acá los bancamos’. El único límite que les ponemos es que no salten la valla, que no radicalicen el conflicto.” También destacan que existe un virtual gabinete paralelo, formado por hombres de larga militancia, formateados todos en la izquierda peronista de los ‘70, bien dispuestos y bien capacitados para la interlocución con la nueva dirigencia territorial (ver en más detalle en las páginas 8 y 9).
La radicalización de la protesta preocupa al gobierno. “Quebracho va a relanzarse el 20 de diciembre” menea la cabeza, preocupado, un funcionario insospechable de macartismo. La radicalización es un riesgo que acecha a todo movimiento social, máxime cuando el Gobierno incentiva a los “dialoguistas”. La afiliación al piquete es esencialmente precaria, sus integrantes “votan con los pies”: la base se mueve a otra agrupación si no recibe beneficios. Los planes son la medida de la eficacia del dirigente y condicionan, día a día, su representatividad. La entrega de planes por pura discrecionalidad del funcionario, así no haya corrupción ni mala leche, es una participación decisiva en las organizaciones sociales.
Como fuera, sin total imparcialidad, pero siempre dialogando, “haciendo política”, bancando algunos metafóricos celulares, el gobierno venía muñequeando bien el conflicto social, la protesta callejera venía en sensible baja, la pradera no daba trazas de arder... Hasta que el Presidente, nada menos que el propio Presidente jugando de local, cometió un par de errores.
La compañera Pandora
Es curioso, el episodio detonante en el Ministerio de Trabajo venía discurriendo conforme la consigna de Kirchner. Un grupo pequeño, de magra representatividad (“una patrulla perdida en la selva” define un baqueano oficial), se excedió en la protesta. Cortó Leandro Alem durante casi doce horas, cerró puertas y candados, prepoteó de más. Los funcionarios de Trabajo no cedieron ni reprimieron. No hubo planes ni palos, pero el Presidente husmeó que se ponía en entredicho la autoridad pública y le ordenó telefónicamente a Carlos Tomada, esa misma noche, que presentara una denuncia judicial.
Horas después, ante fuentes irreprochables, ingresó al despacho de Alberto Fernández y le pidió que pensara en la creación de una brigada antipiquetes. El ministro de Trabajo y el jefe de Gabinete hicieron públicas las mandas presidenciales y el clima público se enrareció. Nadie es totalmente dueño de las consecuencias de sus actos en una sociedad compleja, animada por actores múltiples y activos. La autoridad debe ser preservada, la denuncia era (quizá) una obligación legal, pero la entidad que le dio el Gobierno, en su vértice, derechizó el escenario. De pronto, Kirchner y las brigadas fueron elogiados por corifeos de la derecha (incluido el propio Oscar González Oro) que por acá pululan.
La protesta fue desmedida y el Gobierno no la reprimió ni criminalizó. Pero Kirchner la judicializó, que es un paso en ese nefasto camino. La Justicia argentina, ya se sabe, es una caja de Pandora y más vale no abrirla. El fiscal Héctor Comparatore hizo una lectura inquisitorial del escenario propiciado desde la Rosada y propuso una pena desmesurada para los piqueteros en cuestión. Un disparate producto de una mentalidad represiva que entorna la puertita para virtuales imitadores futuros. La causa recayó en el juzgado de Norberto Oyarbide a quien el Ministerio de Justicia tiene en la mira para someterlo a juicio político. No es un acierto haber puesto en sus manos algunos rehenes judiciales. Superada la bronca presidencial, el Gobierno analiza ahora “dormir” el expediente, pero éste tramita de oficio y no depende sólo del Ejecutivo. Los jueces de la servilleta son de temer y no son mancos ni dubitativos a la hora de disponer arrestos. Han llevado a la cárcel a ex presidentes, ex superministros, actuales dueñas de multimedios, ¿qué induce a pensar que trepidarán ante un puñado de desocupados?
El celo con que mide Kirchner su autoridad le jugó una mala pasada, a contramano de lo que fueron las líneas maestras de su política desde el 25 de mayo. Con una acción decidida el Gobierno viene corriendo virtuosamente los márgenes de la política. Esta vez tironeó para el otro lado. Dos ítem añadió a la agenda pública, la denuncia de la protesta y la brigada antipiquetes. Ahora, otros actores pueden valerse de esas doctrinas.
Cabe reconocer que en la Rosada se percibió velozmente el error cometido. Kirchner, con reflejos veloces, intentó tascar el freno. Lo que hizo en parte a su manera y en parte no. Programó una maratón de reuniones con dirigentes piqueteros y de derechos humanos, que seguirá desde mañana. Eso es, a su manera.
Lo que inauguró el Gobierno, contrariando su conducta previa desdichadamente, es la sempiterna costumbre de otros anteriores de negar sus propias acciones y sus dichos. Varios funcionarios salieron a explicar que nunca se pensó en una brigada antipiquetes, siendo que sí se pensó y se verbalizó en el más alto nivel del gobierno.
“Nos equivocamos. Cambiamos de discurso. No es lo nuestro denunciar a los militantes sociales ni armar brigadas represivas” –reconoce un importante integrante del gabinete, pingüino por más señas. La autocorrección es importante, pero es también real que el Gobierno enrareció el escenario y que sólo el tiempo y el accionar de otros protagonistas (jueces que pueden sentirse Torquemadas, fiscales que pueden creerse Comparatores, gobernadores, intendentes o particulares que pueden judicializar protestas “como lo hizo el gobierno”), determinarán cuáles son las secuelas del error.
Un camión arrolló a Cavalieri
Si el episodio de los piqueteros fue una innecesaria tormenta en un vaso de agua, el conflicto de encuadramiento gremial resuelto esta semana fue un caso piloto de innegable magnitud. Todos los involucrados lo advirtieron y eso explica que Carrefour apelara al gobierno francés en pos de respaldo por un tema que involucraba a pocos cientos de trabajadores.
Quienes confrontan son dos sindicalistas que crecieron en los ‘90 al calor del terremoto que azotó la economía argentina. Tanto el ramo del transporte, al que pertenece Hugo Moyano, como el del comercio, en el que revista Armando Oriente Cavalieri, crecieron al calor de la terciarización de la economía. En los ‘70 el conflicto de encuadramiento más fuerte era el que enfrentaba a la UOM de Lorenzo Miguel con el Smata de José Rodríguez, gremios de fábrica o de taller. Hoy pugnan actividades de servicios y eso es todo un dato.
Otro es que Cavalieri en los ‘90 fue un soldado del menemismo y que Moyano fungió de antimenemista. Y que, astuto cual es, se percató de que ahora podía proponer una pelea que hace años hubiera dado por tierra con él. Lo cual no quiere decir que su mirada no sea tan expansionista como la de Cavalieri. El “camionero” aglutina la actividad de transporte de carga, también la de correos, la de recaudación de caudales, la de recolección de basura. Y ahora va en pos de la distribución de bienes, que abarca no solo a los supermercados, también por caso, al reparto de diarios y revistas.
En esa pelea de pesos pesado, el gobierno no actuó como los de los ‘90. Para éstos el feroz lobby ejercitado por la triada Cavalieri-Carrefour-Jacques Chirac hubiese sellado la pulseada a su favor. La decisión de Trabajo privilegió criterios técnicos y lo hizo de modo inobjetable, como reconocieron con inusual unanimidad los asesores legales de la CGT oficial y de la CTA. El laudo definió su estricta aplicación para el caso en debate, dándole la razón a Moyano, pero acotando sus pretensiones. Pero es evidente que los contendientes no se darán por satisfechos y la batalla continuará.
La resurrección del conflicto gremial es síntoma de la reactivación económica, que por ahora discurre reproduciendo desigualdades de origen. La torta ha dejado de menguar, pero sus porciones siguen siendo muy desiguales. Que los principales protagonistas del primer conflicto serio del siglo XXI sigan siendo los de los ‘90, sí que con fuerzas diferentes, es todo un detalle.
Los derechos de los otros
“Estos días estuvimos en riesgo, a punto de plegarnos al reclamo de quienes piden mano dura y ‘limpiar las calles’. No se engañe, muchos son de clase media. Nosotros no podemos entrar en ésa.” Quien reflexiona así es el pingüino con oficinas en la Rosada que se mencionó líneas arriba. El riesgo no acecha apenas al Gobierno sino a la sociedad toda. Las radios metropolitanas, buen termómetro de climas de opinión, reflejaron cierta afinidad entre muchos oyentes y el tono represivo que cundió a principios de semana. La inseguridad crispa y opera virajes a derecha. Por añadidura, el repunte económico no borra las fronteras de la desintegración, antes bien ensancha ciertas diferencias.
Hacer invisible la pobreza es un modo perverso de garantizar su perpetuación. Demonizar a su dirigencia es un tortuoso camino que interpela a algunas almas bellas. Cabría señalarles, a título de balance parcial, que el movimiento piquetero –cuyos dirigentes no son homogéneos ni todos santos, ni todos sagaces– ha sido una bendición para la sociedad argentina.
La protesta de los desocupados tiene –como el propio movimiento– características exóticas, interpela al Estado, fastidia a los conciudadanos. La ocupación del espacio público suele incordiar a los gobernantes y Kirchner no fue la excepción. Suele hablarse de (improbables) líneas nítidas que esta vez fueron transgredidas. Algo de eso hubo, pero vale puntualizar que la protesta callejera es ínsitamente conflictiva. En un artículo reciente, por demás recomendable (“El piquete en su laberinto”, revista Debate) Beatriz Sarlo recuerda “la máxima de que el espacio público debe ser usado sin molestar a otro es abstracta. La ocupación del espacio público es, inevitablemente, conflictiva y de lo que se trata es de preguntarse por qué algunos sectores, para presentar sus necesidades, carecen de otros medios”.
“Condenados” a movilizarse permanentemente, desprovistos de trabajo, de dinero, de partidos que los representen, agredidos por comunicadores que hacen tres comidas diarias, los invisibles recuerdan a los transeúntes más venturosos que la Argentina no es aún una sociedad. No merece llamarse tal aquella que niega los atributos de la ciudadanía a una porción elevada de sus integrantes.