No es ningún hallazgo. Es obvio, inclusive, pero sin embargo pasó inadvertido: todas las noticias destacadas de los últimos días coinciden, exactamente, con cada una de las deudas principales que arroja la democracia cuando acaban de cumplirse 20 años del retorno del voto.
Se puede empezar por cualquiera, ya sea porque el orden es aleatorio o porque se cruzan entre sí influyendo todas en cada una y viceversa. Parecería adecuado tomar en principio las alternativas del conflicto que se presenta como entre el Gobierno y el movimiento piquetero, en tanto se trata, primero, de la deuda más abarcadora: la social; y después, porque precisamente por eso hay un error, muy serio, en la generalizada forma en que se lo enfoca.
El oficialismo usó una táctica inteligente luego del confuso episodio que involucró al ministro de Trabajo. Con un país “estabilizado” tras la gran explosión, un Presidente con enorme margen de apoyo popular y cambiado, por tanto, el humor de la clase media y de los medios de comunicación hacia las protestas y la forma de actuar de los sectores más postergados, el Gobierno accionó en dos direcciones que los ingenuos suponen contradictorias. Por un lado, amenazó –y de hecho operó– con la criminalización de las luchas sociales. Y por otro, el jefe de Estado en persona se encargó de recibir a los líderes piqueteros y a la mismísima Hebe de Bonafini, para asegurarles que no sólo no hay persecución de ninguna naturaleza sino que están las puertas abiertas con el objeto de continuar dialogando y satisfacer sus demandas. Así, en una sola movida que pareció doble, hubo a la vez un guiño dedicado a los que exigen legalidad contra los díscolos y otro que se dirigió a mantener a los acusados bajo la fusta, pero acariciados. ¿Se resolvió algo de fondo? De ninguna manera, porque lo que hay allí no es un hecho aislado sino un conflicto central: la falta de trabajo. ¿Y acaso eso se puede solucionar de la noche a la mañana? Tampoco, pero una cosa es marchar en el sentido estructural correcto para aunque fuere amortiguar el drama de la desocupación –un plan económico de crecimiento, desde un modelo diferente de distribución de la riqueza– y otra, bien distinta, es disponer de muñeca política a fin de seguir cubriendo cráteres con parches. Eso es, en definitiva, lo que este tipo de democracia hizo desde que renació, para terminar en el patetismo de más de la mitad de la población hundida en la pobreza y la indigencia en una de las geografías más ricas de la Tierra. Y también es eso lo que convierte en una frivolidad insostenible a la pretensión de arreglar los pavorosos desequilibrios sociales con el Código Penal, exigido hoy por los mismos eclécticos que hasta ayer cantaban que entre piquete y cacerola la lucha es una sola. Allí están Alfonsín, De la Rúa, la propia rata, fustigados por la consideración de la historia, expulsados por incendios sociales y repudios masivos, tan presumidos ellos y sus alcahuetes del muñequeo negociador. De la capacidad de comprar voluntades. De la ensoñación que en algún momento generaron en las masas. Allí están. Tristes, solitarios y finales.
Allí está asimismo la sencillamente incontable búsqueda de acuerdo con los acreedores, expresada en estas horas por la propuesta oficial sobre los bonos defaulteados. Una historia que también arrancó con el recupero democrático, bien que como una de las tantas y escalofriantes herencias de la dictadura. El frustrado “club de deudores”; el Plan Brady; la fiesta roedora de la valorización financiera del capital; el Déficit Cero; el Blindaje; el Megacanje; el Corralón; el Corralito. La dependencia. Eso. La dependencia. Ese tumor que, en el mejor de los casos, ni siquiera se animaron a operar estos politiqueros de aldea, que el sistema, los medios y la desidia social supieron elevar a la categoría de estadistas. Casi veinte años de no hacer nada que no fuera lo exigido por nuestros verdugos, que también siempre hicieron lo mismo. Ejecutar todo lo contrario de lo que pedían. Emitir sin respaldo, expandir la economía por vía del gasto público, funcionar con las cuentas en rojo, mantener las áreas estratégicas bajo control estatal, subsidiar sus producciones, imponer barreras arancelarias, corromper a sus gerentes del mundo subdesarrollado, financiar dictadores. Ahora se indignan por la oferta de cobrar una parte de sus ilegítimas acreencias de acá a 40 años, y parece que esa proposición es un símbolo de soberanía cuando en realidad, por no ir más lejos, todo lo que crezca la Argentina tendrá como destino pagarles a los organismos de crédito.
Allí está igualmente la obsesión mediática con la presunta ola de secuestros extorsivos. Se pueden hacer varias preguntas y reflexiones puntuales respecto de la verdad, los mitos, la manipulación informativa y el origen “técnico” de esta moda real o supuesta. Advertir, por ejemplo, la eterna coincidencia entre la falta de novedades políticas de fuste y la difusión de asuntos escabrosos. Interrogar acerca de cuál hipótesis de renovación delictiva manejó el Gobierno después de liquidar la mafia policial de los desarmaderos de autos. Lo mismo en torno del seguimiento de los comisarios y oficiales descabezados. Pero nada de todo ello le puede al argumento incontrastable de esa muy buena noticia que se llama Eugenio Zaffaroni juez de la Corte Suprema, en declaraciones a este diario: “En una sociedad empobrecida delitos como el robo ya no rinden tanto”.
Queda la última, electoral y casi terminante a pesar de los matices que se pueden encontrar. El montón de comicios desarrollados este año trajo la infausta “nueva” de que volvieron todos los que nunca se fueron. Pero los últimos sufragios fueron particularmente espeluznantes. Ramón Saadi es senador electo por Catamarca, el hijo de Bussi por Tucumán y el menemismo ganó en La Pampa. Con eso sólo quizá alcanzara para no flagelarse, encima, viendo la lista peronista de Don Corleone que votaron los bonaerenses, la de Romero victoriosa en Salta, la de Fellner en Jujuy, la de Sobisch en Neuquén. Allí está el cuarto elemento coordinador: la falta de voluntad y la incapacidad del conjunto de la sociedad argentina, mucho más allá de su clase dirigente, para dotarse de una herramienta política auténticamente nueva y progresista, capaz de enfrentar en serio al orden y la mentalidad conservadores.
Allí están. Piqueteros. Acreedores. Inseguridad. Voto popular. O respectivamente: injusticia social; cobardía y complicidad gobernante; desmadre institucional más empobrecimiento y ausencia de alternativas populares. Lo dicho. Cada noticia se corresponde con cada deuda principal de estos 20 años que empezaron el 30 de octubre del ‘83.
Y como se aprecia, no todos tienen la culpa pero casi todos somos responsables.