La hermana de una fiscal de La Matanza fue secuestrada, durante tres horas, el viernes pasado, en pleno Palermo Hollywood. Pero no le robaron nada ni exigieron pago alguno. Conocían a la perfección sus pasos. La secuestraron al bajar del colectivo. La adormecieron con cloroformo. Y la dejaron en la puerta de su propia casa. Lo curioso del hecho deja de serlo si se lo analiza desde la perspectiva del mensaje mafioso, que últimamente tiene como blanco a fiscales, jueces y defensores oficiales. Cuando se despertó, dentro del auto de los secuestradores, uno de ellos le dio un mensaje y destinatario: “Decile a tu hermana que la próxima no se salva”. La destinataria, la fiscal de La Matanza Belén Casal, investiga causas por corrupción, enriquecimiento ilícito y desarmaderos. Tras las amenazas, aunque no se descarta nada, la lupa está puesta sobre una causa contra una red de desarmaderos allanados en julio pasado en La Matanza, Castelar, La Reja y en un depósito en la zona de Warnes, Dorrego al 300. Esta vez, el toro decidió clavar sus astas en territorio porteño: las sospechas por las amenazas se las llevan los uniformados federales.
El viernes pasado, por la tarde, María de los Angeles Casal regresaba de su trabajo en la Comisión de Energía Atómica. Eran las siete menos veinte cuando el colectivo de la línea 111 la dejó en Bonpland y Costa Rica. La mujer recordó más tarde que todavía era de día cuando dio los dos primeros pasos por la vereda. Fueron dos, o tres, no más. No lo recordó con precisión porque, por detrás, y a la vista de todos, un hombre le tapó la boca con un pañuelo con cloroformo que cumplió sus efectos de inmediato. Adormecida, fue empujada pero sin violencia al interior de un auto.
“Era verde o azul metalizado –dijo su hermana, la fiscal Belén Casal, a Página/12–. Era un auto mediano, del tipo Corsa, pero no estaba segura porque perdió el conocimiento.” Cuando se despertó notó que ya era de noche, que estaba dentro del vehículo y que había tres hombres con ella. Dos se sentaban en los asientos delanteros. Y el tercero, atrás, a su izquierda. Su acompañante fue el único que habló en todo momento. Que dijo: “No levantes la cabeza. No nos mires”, le recomendó.
María de los Angeles seguía con la cabeza entre sus rodillas cuando el auto se detuvo. Entonces escuchó: “No me mires. Decile a tu hermana que esta vez se salvó. La próxima no se salva”. El hombre que estaba en el asiento delantero derecho salió del auto, abrió la puerta y ayudándola, porque estaba completamente mareada, la depositó en la vereda. No habían concluido allí los mensajes mafiosos. El último lo comprendió inmediatamente después de que el auto desapareció: la habían dejado en Fitz Roy al 1900, sobre la puerta de su propia casa.
Acompañada por su hermana, la secuestrada presentó una denuncia ante la División Delitos Complejos de la Federal. Desde allí se giró la causa al Juzgado de Instrucción 31, a cargo de Susana Castañera de Emiliozzi. Después la ratificó ante la Fiscalía 1 de La Matanza, a cargo de Eduardo Castelli.
Belén Casal está a cargo de las fiscalías 3 y 4 de La Matanza. La primera, provisoriamente hasta la designación de un nuevo titular. La 4, correccional y criminal, está a su cargo. “Tenemos más de 7 mil investigaciones –dijo la fiscal a este diario–. Desde las más chicas hasta casos de homicidios, investigaciones sobre personal policial, corrupción, enriquecimiento ilícito, allanamientos a desarmaderos. No podemos saber aún cuál de estas causas provoca las amenazas.”
Entre ellas, la que se lleva todos los méritos para sentarse bajo la lupa es una que está en trámite, sobre una banda de cortadores de autos. “La causita” la llaman en la fiscalía 4. Lleva el número 183.087 y fue iniciada el 20 de junio pasado, cuando puebladas y secuestros ponían en jaque al gobierno de Felipe Solá. Diez días más tarde, el ministro de Justicia y Seguridad de la Nación, Gustavo Beliz, reclamaba a Solá mayor energía. “Hay que tomar el toro por las astas”, polemizó en aquella ocasión. Poco después, Solá sacaba un decreto luego transformado en ley.Se lo conoció como el putsch contra la madre de todos los negocios bonaerenses: los desarmaderos, fuente de divisas de la Bonaerense, responsables del robo de 5500 autos al mes, y del 40 por ciento de los homicidios.
La 183.087 se inició con una investigación en La Matanza sobre una banda que operaba en el robo de autos. Los investigadores fueron siguiendo la ruta de un auto robado. “A través de vidrios polarizados, veían entrar autos que acababan de ser robados y que enseguida eran cortados”, señaló una fuente judicial. Se pudo determinar que los robos se realizaban en Morón y La Matanza, que los trasladaban a unos talleres en Castelar y La Reja donde los cortaban, y después los llevaban hasta un local para venta de autopartes en Dorrego al 300. “El traslado era hormiga, utilizaban una utilitaria”, dijo la misma fuente. El 17 de julio, en plena cresta del putsch, y con suficientes pruebas, Casal realizó un allanamiento masivo: en La Reja, Castelar, Villa Madero y en el local de Dorrego al 300. A once cuadras de la comisaría 27ª, en la zona de los revendedores de autopartes de Warnes. Allí encontraron “cientos de miles de autopartes”, señaló la fuente. Una de las pruebas indica el recorrido: hallaron una puerta de un Renault 19. La parte del auto donde se montaba esa puerta fue hallada en el taller de La Reja. Según consta a ciertos testigos, el líder de la banda, prófugo, estaba muy en contacto con los federales. La investigación de “la causita” sigue abierta. Los muchachos lo saben, y por eso se mueven.