“Donde uno toca salta pus.” Durante el lanzamiento del Programa Nacional Antiimpunidad en Casa de Gobierno, el presidente Néstor Kirchner volvió a utilizar la frase que había pronunciado el viernes pasado en Puerto Madryn, para graficar el grado de corrupción en que se encuentra el país, con un nuevo caso en cercanías del poder. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, había ratificado algunas horas antes la intención de llegar hasta el fondo en la denuncia penal que el Gobierno impulsó por el robo de las líneas telefónicas en su cartera, como había adelantado Página/12. Fernández fue rotundo: “Ahora que se meta la Justicia y se los coma de a uno”. En esta línea, fueron despedidos de sus cargos en el ministerio un director y un jefe de departamento, mientras que otros dos empleados fueron desplazados sospechados del montaje del virtual locutorio trucho. La causa, en manos del juez federal Jorge Ballestero, será impulsada hoy por el fiscal federal Guillermo Montenegro.
Luego de ser enviada a sorteo ante la Cámara de Apelaciones quedó en la órbita del Juzgado Federal 4, que actualmente está vacante y es subrogado por el propio Ballestero. Tras la requisitoria de Montenegro, el magistrado dispondrá las primeras actuaciones que darán comienzo a la investigación.
La denuncia del Gobierno fue realizada por el propio Fernández, e intenta echar luz sobre los extraños manejos del conmutador de la cartera de Interior que provocaron un salto en la facturación con la empresa Telecom, que de menos de 7000 mil pesos en enero trepó a más de 140 mil en julio. La explicación hallada en la Casa Rosada es el robo de las líneas pertenecientes al ministerio para su utilización en un locutorio con servicios de esta empresa, y a través de las cuales se realizaron cientos de llamadas a Marruecos, Cuba, Pakistán, Sudáfrica, Turquía, Egipto y Bolivia. Estos destinos poco tienen que ver con los habituales y lógicos en un ministerio cuya función central es la relación entre el gobierno nacional y las provincias.
El mecanismo implementado fue detallado en conferencia de prensa por el propio Aníbal Fernández, quien explicó que “se auditó el sistema y se detectó que había un mecanismo que permitía llamar desde el exterior a un número determinado del conmutador de Interior, y por medio de una clave que seguramente se había permitido colocar desde adentro del ministerio, otorgaba tono y una vez que daba el tono automáticamente se podían hacer llamadas al exterior”. Así se explican, por ejemplo, las 644 llamadas detectadas a Marruecos entre el 28 de mayo y el 25 e julio, lo que se tradujo en una factura por 11.961 pesos.
En el entorno presidencial sospechan que esta maniobra sólo pudo efectuarse con la connivencia de la propia empresa, y de gente de planta del ministerio. Se dispuso en este sentido dar de baja las líneas telefónicas que se maniobraban como “enganches”, según explicó Fernández, quien consideró que “es imposible tener el código para acceder a la línea, si no hay alguien de adentro que se lo permita programar”.