Después de leer el informe del Ministerio de Defensa, el senador Jorge Busti consideró que no había dudas. El jefe del Ejército, Roberto Bendini, no dijo nada contra los juicios a los represores de la última dictadura o sobre “grupos israelíes” que tendrían como objetivo “adueñarse de la Patagonia”. Sus compañeros de la Comisión de Acuerdos coincidieron. En diez minutos resolvieron firmar el dictamen para que Bendini se convirtiera en teniente general. Pero la investigación oficial, a la que tuvo acceso Página/12, sólo está formada por artículos periodísticos y opiniones de los militares que asistieron a la charla que dio Bendini en agosto en la Escuela Superior de Guerra. Un capitán señaló que uno de los aspectos positivos de la exposición del jefe del Ejército fue el de “proporcionar apoyo jurídico y personal al personal detenido por causas relativas a la guerra contra la subversión”.
–Acá no hay absolutamente nada. Ni de Palomitas ni de grupos judíos. Hay aspectos positivos y negativos de la política militar. Tendría que ser analizada por la Comisión de Defensa para ver si la enseñanza de los militares es acorde a lo que quiere el país. Propongo poner a consideración el despacho –dijo Busti, presidente de la Comisión.
–Fue saludable la postergación y pedir los informes. Coincido en que vaya a despacho –afirmó el senador José Luis Gioja.
–La facultad del Ejecutivo de proponer quién dirige la fuerza no debe ser demorada –opinó Sergio Gallia, otro peronista miembro de la Comisión.
El radical Carlos Prades dijo que llevaría el mensaje a su bloque. Así quedó acordado el ascenso de Bendini a teniente general. Por la tarde, el dictamen tenía la firma de nueve de los quince senadores que integran la comisión y el pliego estaba listo para ser tratado en el recinto.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro Simón Wiesenthal pidieron que, antes de ascender a Bendini, los senadores investigaran por su cuenta si fueron ciertas las afirmaciones que el diario Infobae le atribuyó. La pesquisa consistió en escuchar al presidente de la comisión creada por el Ministerio de Defensa para indagar en ese hecho, el teniente general retirado Carlos María Zabala, y en leer el informe que hizo esa comisión, que absolvía al jefe del Ejército.
Según publicó Infobae, además del supuesto plan de “grupos israelíes” para “apropiarse de la Patagonia”, el jefe del Ejército se habría referido a los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura: “Se han obtenido dos éxitos, el cierre de la causa de Margarita Belén y de la Penitenciaría de Córdoba. La de Palomitas puede que siga el mismo camino y la de la apropiación ilegal de menores va a ser un show mediático que debemos estar preparados para aceptar”. “Con respecto a los juicios derivados de las secuelas del PRN (Proceso de Reorganización Nacional) y la GCS (guerra contra la subversión), el EA (Ejército Argentino) está trabajando sobre diversos frentes para solucionar los problemas y dar contención al personal detenido”, fueron las palabras que se le atribuyeron.
El CELS señaló ayer que la decisión de los senadores de cerrar la investigación sobre Bendini “no disipa las dudas que surgen sobre lo que realmente ocurrió en la exposición en la Escuela de Guerra y, en especial, sobre si el Ejército está brindando o no apoyo institucional a los militares acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado”. Las sospechas se fundan en la lectura del informe elaborado en Defensa y en las palabras de Zabala, que se presentó en el Senado el martes. El militar dijo que se sentía incómodo investigando a Bendini porque era su superior y admitió que el jefe del Ejército trabaja para “atenuar los efectos sobre el personal militar que estuviera afectado por estos temas (los juicios)”.
Del expediente elaborado por el Ministerio de Defensa surge que la investigación oficial duró sólo tres días y que se recogió la opinión deunos veinte alumnos, aunque los asistentes eran más de cincuenta. Además, el teniente coronel Alejandro Lamacchia, docente del grupo, ordenó a los capitanes eliminar los documentos que contenían los informes individuales.
La reconstrucción de dichos documentos demuestra que los capitanes y mayores ven como negativo “que no están claras las políticas o estrategias para defender a los camaradas” y que el Ejército “deje en manos de la Justicia” los problemas sobre “la lucha contra la subversión”.
“Las graves falencias del expediente ratifican la necesidad de que se realice una investigación seria y profunda sobre la idoneidad del actual jefe del Ejército y la actuación de esa institución respecto de las personas investigadas por graves violaciones a los derechos humanos”, señaló el CELS.