“Es inédito”, coinciden los fiscales. “Es la primera vez que se sentarán en el banquillo de los acusados gobernantes, jueces y fiscales. Hubo casos en los que, aisladamente, se juzgó a uno u otro, pero nunca porque actuaron en una misma mecánica, en este caso, el desvío de la investigación del atentado contra la AMIA.” Los integrantes de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA, Sabrina Namer y Roberto Salum, junto al coordinador Juan Murray, afrontan el juicio oral que empezará dentro de una semana, el jueves 6 de agosto. “Tenemos la expectativa de encontrar elementos sobre el atentado en sí mismo. Que alguno de los imputados hable y diga realmente que hubo detrás de las maniobras que llevan a este juicio”, afirman. “Este juicio tiene una connotación particular que es que las instituciones estarán juzgando a las instituciones –señala Namer–. Jueces y fiscales sentados, entre otros imputados, frente a jueces y fiscales. Uno está acostumbrado a juicios donde hay funcionarios políticos involucrados por hechos de corrupción. Esta vez son jueces, fiscales y gobernantes. Es inédito”.

Acusación

En una sala del edificio de la Procuración, Página/12 tuvo la chance de dialogar con el equipo fiscal que llevará adelante la acusación en el juicio oral. Entre los imputados estarán nada menos que el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, la cúpula de la SIDE, incluyendo al entonces “Señor 5”, Hugo Anzorreguy, el ex titular de la Unidad Antiterrorista, Jorge “Fino” Palacios, el otrora principal imputado en el atentado Carlos Telleldín y el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja.

“Existen básicamente dos cuerpos de acusaciones –señala Salum–. La primer maniobra se concretó muy poco después del atentado y consistió en frenar lo que se llama la ‘pista siria’.” La jugada consistió en no investigar a quién apareció como sospechoso en los primeros días, un ciudadano argentino de origen siriolibanés Alberto Kanoore Edul, que registraba una llamada con el último tenedor de la Trafic, Telleldín, y que no pudo explicar por qué llamó a quien tenían la camioneta que luego explotó en la AMIA. Además, hubo un camión que dejó un volquete en la puerta de la mutual judía y en la hoja de ruta del chofer figuraba un predio que también era propiedad de Kanoore Edul. Según la acusación fiscal, esa investigación se frenó por orden de Menem e intervinieron como protagonistas el juez, el comisario Palacios y otros. Hubo allanamientos que se ordenaron pero que no se hicieron, una visita a la Casa Rosada para parar los procedimientos, llamadas que indican que les avisaron de los allanamientos y, recuerda Salum, “una prueba clara: hubo sospechosos a los que se les intervino los teléfonos diez años, mientras que la intervención a Kanoore Edul se frenó un día después. Algo que se tenía que investigar no se investigó”.

El otro cuerpo de la acusación se refiere a lo ocurrido dos años después del atentado. “Todo indica que se necesitaban culpables y se decidió pagar 400.000 dólares a un imputado, Telleldín, para comprarle una declaración –señala Namer–. El objeto procesal indica que es por una declaración falsa. Pero también es un ilícito el solo hecho de que un juez con la connivencia de fiscales pague por la declaración de un imputado. El solo hecho del pago en nuestro sistema procesal, en un lugar donde rige el Estado de Derecho, es algo que institucionalmente ya tiene un valor como delito. Cuando uno tiene en sus manos la posibilidad de dejar preso a alguien, como se hizo acá con los policías bonaerenses, no se puede fundar en pruebas obtenidas irregularmente”. Salum, por su parte, redondeó: “la imagen de un juez negociando con un imputado, sin que esté el defensor del imputado presente, ya es muy grave. Y en el video que registró esa negociación se ve al imputado, Telleldín, diciéndole al doctor Galeano ‘te traigo tal testigo, hago que te diga tal cosa, y fulano que declaró A, no te preocupes que va a decir B’”.

Este segundo cuerpo de la imputación consiste en que al cumplirse dos años del atentado, supuestamente para exhibir algún resultado, se acusó como cómplices del ataque a un grupo de policías bonaerenses. En términos políticos, en el marco del conflicto de Menem con Eduardo Duhalde, la idea fue echarle la culpa a la policía de Duhalde.

Encubrimiento

El Tribunal Oral que juzgó a Telleldín y los policías bonaerenses durante tres años concluyó en 2004 con la siguiente frase: “a raíz de las numerosas irregularidades comprobadas, se puede concluir que la investigación se orientó a armar acusaciones pretendiendo atender, a la vez, las lógicas demandas de la sociedad y a satisfacer los oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos”. Es decir, se desvió la investigación, se frenaron pistas, se armaron otras falsas, al servicio de los gobernantes.

–Es cierto que hay irregularidades, numerosos delitos, ¿pero existe una acusación global contra el hecho central que significó desviar la investigación del atentado?

–Nosotros partimos de hechos objetivos –sostiene Salum–. El desvío de la pista de Kanoore Edul, el pago de 400.000 dólares a un imputado por su declaración, el hecho de haber tenido detenidas a personas durante ocho años y medio sobre la base de aquella declaración pagada. El Tribunal Oral concluyó que todo eso se motivó en intereses oscuros de gobernantes inescrupulosos. No sabemos adónde llegan los intereses. Lo veremos en el juicio. Nosotros decimos que todo junto es una gran maniobra de encubrimiento. Al comienzo se frenó la llamada “pista siria”, que es todo lo referido a Kanoore Edul. Y luego, después de dos años del atentado, buscaron un responsable y se apuntó a los policías bonaerenses.

–Hay quien sostiene que los culpables ya estaban señalados en los primeros días, que fueron marcados políticamente por el gobierno, la SIDE y sobre todo, servicios de inteligencia extranjeros. ¿Existe algo de eso en la acusación fiscal?

–Hay indicios de dolo. hechos que dan cuenta de lo que se quiere probar. Si uno ve la imputación por la pista siria a los pocos días del atentado, estaba planteado de manera muy fuerte que Kanoore Edul estaba involucrado por hechos objetivos, como el volquete, la agenda y los llamados. Si tengo un juez que durante diez años mantiene la intervención telefónica a un determinado imputado, aunque no le importe el contenido, y que en este caso de Kanoore Edul a los pocos días le da de baja a las intervenciones telefónicas; o que ordena tres allanamientos y que de repente los abandona; y que Kanoore Edul padre estuvo con Munir Menem en la Casa Rosada y que a partir de ahí se cortan los allanamientos, y que también Munir habló con Galeano, son indicios de que dan cuenta que algo que se debía investigar se dejó de investigar abruptamente. No es un hecho mágico el dolo. Son hechos que a la luz de la investigación son indicios del desvío.

Expectativa

El juicio que empieza el jueves próximo no es directamente sobre el atentado, sino sobre la investigación y las maniobras. Sin embargo, no deja de abrir expectativas sobre lo que pueda pasar en las audiencias orales

–Los familiares tienen la esperanza de que en el juicio se conozcan pruebas que den cuenta del atentado en sí mismo. Que hable alguno de los imputados y diga lo que sabe, lo que se encubrió. ¿Comparten esa expectativa?

–Nosotros también tenemos esa expectativa –completa Namer–. Entendemos que para alguno de los imputados su mejor defensa puede ser decir la verdad. Aportar datos, información, pruebas o indicios. Y es algo que puede valorar el ministerio público al momento de pedir la pena. Esperamos que algunos imputados digan algo. De hecho, estamos preparando el juicio pensando en esto, y que se puedan utilizar cosas en la investigación del atentado.