El juicio oral por el encubrimiento del atentado a la AMIA, a través del desvío de la investigación, tendrá trece acusados en el banquillo, que abarcan desde el ex presidente Carlos Menem, el ex juez y los fiscales de la causa, las autoridades de la ex SIDE, comisarios de la Policía Federal, hasta Carlos Telleldín y el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja. La mayoría de los funcionarios están imputados de violación de medios de prueba, falsedad ideológica, encubrimiento, abuso de autoridad y peculado. También la coacción a testigos, la privación abusiva de la libertad de policías involucrados con una acusación falsa y prevaricato (por resolver en base a pruebas adulteradas). Los fiscales que impulsan el enjuiciamiento advierten que a algunos de los acusados podrían tocarles penas de prisión de cumplimiento efectivo. Aquí, el papel de cada uno.

- Carlos Menem: Está acusado de haber indicado al juez Juan José Galeano que abandonara la investigación sobre la llamada “pista siria”, que involucraba al ciudadano Alberto Kanoore Edul. El mensaje lo transmitió el fallecido hermano del ex presidente, Munir Menem –era coordinador de la Unidad Presidente– al ex juez, a quien se le atribuye frustrar, ocultar, dilatar e interrumpir medidas probatorias que podían comprometer a Kanoore Edul y su entorno, al que pertenecía –aunque lejanamente– el entonces agregado cultural iraní Moshen Rabbani, sobre quien había sospechas y hoy es uno de los iraníes con pedido de captura. Las familias de Menem y Edul tenían vínculos en Siria y luego en la Argentina. Munir, además, recibió a Kanoore Edul padre en la Casa Rosada días después del atentado. El ex presidente va a juicio por haber ordenado que participen en la trama de encubrimento otros funcionarios como el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y su subsecretario Juan Carlos Anchezar y los ex comisarios Jorge “Fino” Palacios y Carlos Castañeda. La fiscalía sostiene que falsearon informes y ocultaron transcripciones de intervenciones telefónicas.

- Juan José Galeano: En su carácter de juez federal a cargo de investigar el ataque a la AMIA, se lo acusa de haber interrumpido la investigación sobre la pista siria, a partir de una orden de Menem, a punto tal de suspender con argumentos falsos un allanamiento que él mismo había ordenado en la vivienda de Kanoore Edul. Otros allanamientos dispuestos para secuestrar elementos específicos (documentos y material explosivo) fueron dejados en suspenso. A los pocos días, ordenó discontinuar las escuchas telefónicas. Cuando terminó el mandato de Menem, llamativamente se intentó retomar esta pista. A Galeano también se le adjudica la desaparición de legajos con transcripciones telefónicas. La otra maniobra que lo compromete es el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín para que diera una versión falsa sobre el atentado e involucrara a un grupo de policías bonaerenses. De los encuentros con Telleldín, entre el 10 de abril y el 1° de julio de 1996, hay registros fílmicos. Videos que el propio Galeano admitió haber filmado donde negocia el pago, que se hizo con dinero de la ex SIDE. En uno de los videos se lo ve dándole instrucciones a Telleldín y los nombres de los policías a los que debía incriminar, que le mostraba en fotos. Galeano, además, ordenó la detención de los policías y luego su procesamiento por el atentado “en base a pruebas falsas”. A esto se agrega la coacción a testigos para que declararan a gusto del juzgado. Detuvo a una testigo llamada Miriam Salinas, la coaccionó para que declarara y lo mismo hizo con el abogado Gustavo Semorile.

- Jorge “Fino” Palacios: Era el comisario a cargo de la División de Operaciones Federales de Drogas Peligrosas de la Policía Federal. Se lo acusa de haber colaborado con el ocultamiento de información sobre Kanoore Edul y con la desaparición de casettes con escuchas telefónicas por esa pista. Entre algunos hallazgos, se establecieron llamados desde un celular a nombre de Palacios a dos domicilios de Kanoore Edul que debía allanar en agosto de 1994, horas antes del procedimiento. Luego, en uno de los casos no se secuestró nada y el otro operativo ni se hizo. Ese mismo día Kanoore Edul padre visitó a Munir Menem.

- Carlos Castañeda: Era comisario inspector del Departamento de Protección al Orden Constitucional de la Federal y, al igual que Palacios, en el contexto de los allanamientos en tres propiedades de Kanoore Edul, está acusado de colaborar con el ocultamiento de información. Se le atribuye haber incumplido con una orden de allanar un domicilio de Kanoore Edul y de alegar motivos falsos, como falta de interés, para dejarla sin efecto.

- Hugo Anzorreguy y Juan Carlos Anchezar: Eran secretario y subsecretario de Inteligencia, respectivamente. La imputación fiscal indica que ocultaron información sobre Kanoore Edul y su círculo, e incluso que consignaron datos falsos sobre intervenciones telefónicas. En el caso de Anzorreguy, también está acusado por disponer la utilización fondos del Estado (los 400 mil dólares) para pagarle a Telleldín a pedido de Galeano, y encomendarle la tarea de entregar el dinero a agentes de inteligencia. El ex “señor cinco” admitió que se reunió con Galeano, quien le dijo que la investigación estaba “atascada” y que con los 400 mil dólares se resolvería el tema.

- Eamon Mullen y José Barbaccia: Fueron los fiscales federales de la investigación del atentado a la AMIA en la etapa de instrucción que condujo Galeano y durante el juicio oral que terminó en 2004 (anulado por el tribunal con la absolución de todos los acusados). Los fiscales fueron quienes solicitaron la detención e indagatoria de los policías bonaerenses imputados en base a argumentos truchos. Según la imputación fiscal, adecuaron toda su actividad en la causa a “una construcción procesal que sabían era alejada de la verdad” y que “conocían y consintieron” el pago a Telleldín.

- Patricio Finnen: Era el jefe de contrainteligencia de la ex SIDE. Está imputado por haber recibido el dinero para que Telleldín declarara contra los policías, dárselo al agente Brousson en el estacionamiento de los tribunales de Comodoro Py 2002 y le dio las indicaciones para que se lo entregara a la pareja del desarmador de autos.

- Carlos Telleldín: Era doblador de autos en el momento del atentado, fue imputado por el caso y cumplió diez años de prisión preventiva. Terminó absuelto en 2004, aunque la Corte Suprema definió que es el único de los entonces imputados que debe ser juzgado por hechos vinculados con el atentado. Admitió el cobro de 400 mil dólares de la ex SIDE y será juzgado por inculpar falsamente a los policías bonaerenses.

- Ana Boragni: La pareja de Telleldín que recibió el dinero acordado con el juzgado de Galeano, en dos pagos. Está implicada como partícipe necesaria de las maniobras.

- Víctor Stinfale: Era el abogado de Telleldín, también implicado por su cooperación en el pago ilegal conociendo el origen de los fondos. Acompañó a Boragni a recibir el dinero en Ramos Mejía.

- Rubén Beraja: era el titular de la DAIA al momento del atentado. La fiscalía le imputa haber consentido y apoyado el pago ilegal a Telleldín y, en general, las maniobras de Galeano en la causa. Se le adjudica un trato frecuente con el ex juez y un conocimiento de lo que sucedía en el expediente. El ex secretario Claudio Lifschitz declaró que Beraja “sabía lo que pedía Telleldín” y que lo fue a ver a Galeano antes del pago.