El trato a los represores condenados por delitos de lesa humanidad ratifica la capacidad del Poder Judicial (cuando quiere) para garantizar derechos a las personas privadas de la libertad. Quien puede dar fe es Alejandro Guillermo Duret, oficial del Ejército responsable de secuestrar, torturar y de- saparecer a Carlos Labolita en 1976, quien hoy disfruta del bautismo de su nieta en un sexto piso de Ayacucho al 1800. Los jueces Nelson Jarazzo y Alejandro Esmoris, que en su momento lo absolvieron, lo autorizaron esta vez a salir del penal de Marcos Paz para asistir a la celebración familiar. “La corporación judicial vuelve a reafirmar su complicidad con los genocidas”, advirtió H.I.J.O.S. Capital. La agrupación repudió además “la participación de la Iglesia en un evento privado” con la presencia del militar condenado y recordó que la “cúpula sigue impune por sus delitos de lesa humanidad”. El 27 de abril de 1976, como jefe de Inteligencia de un regimiento de Azul, Duret recibió a Labolita detenido y lo convirtió en desaparecido. Los policías que se lo entregaron vieron cuando le ponía la capucha. Días después, una patota encabezada por Duret llevó al cautivo destrozado por la tortura a un allanamiento en Las Flores. Jara- zzo y Esmoris, con disidencia de Carlos Rozanski, lo absolvieron. Dos años después la Cámara de Casación Penal revirtió el fallo y lo condenó a quince años de prisión. La pena no le impedirá dar el presente en el bautismo, que no será en una iglesia sino en un departamento del barrio de Recoleta. “Repudiamos el permiso para que el genocida Duret salga de paseo. Como todo genocida, debe permanecer en el lugar donde cumple condena”, señaló H.I.J.O.S en un comunicado. Repudió además que la Iglesia “avala que un genocida tenga el privilegio de salir de la cárcel para un evento familiar”. “Si Duret hubiera querido preservar su derecho a presenciar el bautismo de su nieta, lo tendría que haber pensado antes de cometer delitos de lesa humanidad”, señaló.