Un grupo de diputados, varios de ellos kirchneristas, presentó un proyecto de ley para amnistiar a todos los procesados por protestas sociales desde 1991, que son cerca de tres mil. La Cámara baja decidió ayer mismo que será tratado “con preferencia” en la sesión de la semana próxima. Paralelamente, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, buscó despegar al Gobierno de esa propuesta. Ocurre que en la Casa Rosada hay un sector que se inclina por impulsar una reforma del Código Penal o buscar una fórmula que no hable de amnistía. Argumentan que “desprocesar es facultad de la Justicia de cada provincia” y “amnistiar no garantiza descriminalizar la protesta a futuro”.
El proyecto presentado establece que queden “amnistiadas las personas que hayan participado en todos los hechos ocurridos con motivo y/o finalidad de reivindicación social, económica, política, gremial, de derechos humanos o estudiantil, cualquiera sea el bien jurídico lesionado”. Aclara que no están comprendidos los delitos de homicidio simple y calificado y que quedan excluidos “de la amnistía los hechos represivos o las tareas de inteligencia cometidos por funcionarios públicos e integrantes de Fuerzas Armadas, policiales, de seguridad o de inteligencia”. La propuesta fue impulsada por el diputado Ricardo Gómez y firmada por otros que, con él, integran el kirchnerista grupo Talcahuano. También la apoyaron Marcela Bordenave (ARI), Margarita Jarque (Frepaso), Patricia Walsh (IU) y José Roselli (AyL), entre otros.
El texto detalla las modalidades de protestas comprendidas: desde cortes de ruta u otras formas de interrupción del tránsito, acciones para frenar desalojos, ocupaciones de inmuebles, reclamos para frenar subastas hasta movilizaciones estudiantiles, gremiales, ollas populares, huelgas, entre muchas otras. Otros artículos especifican que “los tribunales de todo el país deberán decretar el cierre de todo proceso” vinculado con las situaciones detalladas, hacer cesar las condenas firmes que existieran y ordenar las libertades que correspondan.
Fernández –quien días atrás alentaba la creación de una brigada antipiquetes y hablaba de hacer sentir la autoridad con el Código Penal en la mano– tomó distancia del plan de amnistía. “Esa es una demanda de las organizaciones piqueteras y nosotros no estamos en este momento analizando esa situación”, sostuvo. En la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia cuestionan el proyecto de ley elevado así: “por un lado, desprocesar es facultad de la Justicia de cada provincia y el Congreso no puede legislar sobre eso y, por otro, la amnistía puede solucionar los problemas pasados pero no garantiza nada a futuro”. Esta repartición, a cargo de Eduardo Luis Duhalde, había convocado –a pedido del presidente Néstor Kirchner– a una comisión de notables para elaborar un propuesta para descrimininalizar la protesta. El debate quedó a mitad de camino, a la espera de nuevas reuniones. “Hay que modificar el Código Penal”, dicen en el área.
En el grupo Talcahuano creen que la palabra del jefe de Gabinete y los planteos de la secretaría de Duhalde representan el pensamiento sólo de un sector oficial. “Sabemos que una ley de amnistía puede no ser compartida por algunos funcionarios de gobierno”, dijo Gómez. “Este es un proyecto de diputados, consensuado con organizaciones sociales y de derechos humanos (Correpi, CeProDH, Liga por los Derechos del Hombre, MEDH, APDH La Plata, entre otras)”, señaló. El gran test será en en el recinto la semana que viene.