“Si yo avisaba que iba a pagar los aguinaldos estatales en 2003, el FMI hubiera puesto el grito en el cielo. No hay por qué mostrar todo el juego.” A su modo –acompañando la explicación con gestos, silbando las eses, agregando un “¿eehh?” ratificatorio–, Néstor Kirchner glosó una de sus medidas de esta semana y dio señas de una de sus obsesiones, el manejo de la información y la sorpresa.
El enigma es siempre un recurso del poder y el Presidente, que piensa que su poder es escaso, no escatima su uso. Las decisiones oficiales suelen resolverse entre pocos. Usualmente ni siquiera las conocen todos los integrantes del gabinete, ni aún todos los ministros. El modo radial que ejercita Kirchner (hablar con sus funcionarios de a uno o de a dos, obviando reuniones gregarias) apunta a concentrar el poder, manejar la información, evitar filtraciones, todas tamañas obsesiones presidenciales.
Kirchner venía, como un buen pater familiae, amarrocando con Roberto Lavagna los pesos necesarios para concretar aumentos de jubilaciones mínimas, un sucedáneo de aguinaldo para los desocupados y para adelantar el pago del sueldo anual complementario a los estatales. Medidas que dan cuenta de un mínimo de solvencia económica y hasta de cierto desahogo financiero. Toda una novedad en el último lustro, que motiva algo parecido a la euforia en la Rosada y en Hacienda.
Empero, si bien se mira, seguramente la medida más potente y de más repercusión futura no la hizo el Gobierno con fondos propios. Fue la de disponer un incremento en el salario de bolsillo de los trabajadores del sector privado. El objetivo es impulsar la reactivación por vía de la demanda, algo que Lavagna viene predicando especialmente en los últimos tiempos. La fuerza de la novedad es que el Estado ha intervenido en el salario privado, una decisión a contramano de lo que fueron las políticas económicas de la última década, por decir poco. Lavagna está convencido de que la productividad ha aumentado y que muchas empresas privadas lo saben pero que, empresarios argentinos al fin, demoraban el incremento hasta después del verano. “Miles de microdecisiones equivocadas hacen una macrotendencia equivocada”, describe el ministro y resolvió mejorar las tendencias del mercado. “No se puede tener el voluntarismo setentista. Pero tampoco se puede ser noventista y quedar a merced de las limitaciones del mercado”, resume Lavagna, que nunca desperdicia una ocasión para ajustar cuentas con los “noventistas”.
Política económica, en dosis homeopáticas pero no desdeñables, hizo el Gobierno. La Argentina, por obra y gracia de la convertibilidad, se quedó sin moneda, sin política monetaria y a poco andar sin política económica. En un proceso lleno de sufrimiento y privaciones viene desandando ese perverso camino. Un cambio de rumbo que vale acaso más cualitativamente (pues recupera el rol del Estado como conductor de la economía) que por su quántum.
En lo cuantitativo los trabajadores en blanco son minoría. Y –el Gobierno lo sabe– ni siquiera todos ellos cobrarán el aumento. “Habrá pequeñas y hasta medianas empresas que no puedan bancar”, explica un hombre del Presidente. Y sugiere que, aunque no se anunciará a los gritos, el Gobierno no se ensañará con los pequeños y medianos incumplidores. Pero Lavagna y Kirchner piensan que el impacto será grande y progresivo. Algunos no pagarán en enero, pero irán viendo de incorporar el incremento no remunerativo más adelante. El mercado laboral argentino es, como todo por acá, bien intrincado. Lavagna pinta uno de sus ángulos diciendo que hay unos cuantos laburantes “en gris” que cobran parte y parte o que, estando en blanco, no incorporan todos los beneficios. “Hay vasos comunicantes y a la larga, si sigue creciendo la economía, el impacto se ampliará”, confía.
Sea lo que fuere que acontezca con los que están en gris, los que están en negro son los únicos trabajadores que no tuvieron noticia de mejora en la semana que pasó. Los que cobran con sobre, los jubilados y hasta los beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar mejoraron económicamente. Y hasta los estatales, que tampoco tendrán mucho para festejar, recibieron una ayudita financiera para las fiestas. El trabajo en negro, como ocurría con el verde del paisaje de Catamarca, tiene cien distintos tonos que incluye contratos amañados que encubren y desprotegen la relación de dependencia. El Estado es pionero en esas corruptelas.
La complejidad e injusticia del sistema económico argentino es enorme y no se destrabará ni con una medida ni en un año. El Gobierno viene renunciando a hacer una reforma fiscal. Prefiere jugarse a fondo mejorando la recaudación del regresivo sistema actual. Y pone muchas fichas en la batalla contra el trabajo en negro. Dos ejes de gestión interesantes, pero quizás insuficientes.
Interesante pero insuficiente ha sido la inyección de dinero que ha puesto el Gobierno en bolsillos magros. Lo es porque recupera la iniciativa estatal en materia económica, porque abandona la fe del carbonero en la “iniciativa privada” y porque apuesta al consumo (y no a la nefasta teoría del derrame) como instrumento para enderezar las cosas. Un paso en el buen camino, que es muy largo y escarpado.
Otra baraja en la manga
Fiel a sí mismo, Kirchner tampoco mostró todo su juego en el Presupuesto 2004. La clave del mismo, dice uno de sus voceros más fiables, son las facultades concedidas a Alberto Fernández para reasignar partidas. “Usted sabe cómo es el Congreso. Si dejamos en claro todo lo que vamos a hacer corremos el riesgo de que los lobbies convenzan a los legisladores”, redondea el confidente, en su oficina del primer piso de Balcarce 50. Cuando hace sus números en confianza Kirchner computa como “propios-propios” a un puñado de legisladores, treinta si está en un día optimista.
Las potestades cedidas por Diputados al jefe de Gabinete no son una novedad, lo cual no significa (como predicó el mismo Fernández) que sean razonables. Hasta es controvertible que sean constitucionales. Endeble es la legalidad nativa, concesivos son los Parlamentos e imperialistas son los ejecutivos. Este no es el primero, pero no ha sido tampoco dichosa excepción.
Puertas adentro, el Gobierno discurre que esa carta que se reserva tendrá (muy) otra aplicación que la que implementaron administraciones anteriores. “Nosotros no lo vamos a usar para pagar más deuda externa sino para planes sociales. O para promover algunas actividades industriales. La promoción equivale a renunciar recursos, para lo cual hay que tenerlos”, rezongan, prometen, en ambos casos a coro, en Economía y en la Rosada.
Con una tarifa bajo el poncho
No todo es coro dentro del Gobierno. Persisten las diferencias entre el ala política y Economía respecto del aumento de tarifas a algunas privatizadas. El núcleo del debate son las prestadoras de energía, gas y electricidad, cuyos precios, según Lavagna, están rezagados y ponen en riesgo las prestaciones. El ministro arguye que en varias provincias que han tenido repunte en su actividad ya viene habiendo cortes de energía, que a veces (y eso da la medida de su inexorabilidad) hasta son consensuados con grandes usuarios.
En materia de electricidad, explican cerca del ministro, la subinversión suele ser la regla no solo en Argentina. En especial de cara a garantizar suministro en cualquier circunstancia, aun durante las mayores emergencias. Recientes cortes en Chile, Italia, Estados Unidos y Canadá le sirven de ejemplo. Es carísimo precaver picos inusuales de consumo o crisis y como es tan caro... no se hace. Según gente de Lavagna esas crisis están demasiado cerca en la Argentina.
En la Rosada, hace tres meses, se daban por conformes con que no hubiera incrementos durante 2003, objetivo ya alcanzado. Ahora, ya que están van por más, aunque reconocen que juegan tiempo de descuento. También en este rubro el Gobierno maquina alguna jugada para hacer más digerible una medida antipática. Los juristas más avezados del Gobierno analizan creativas formas de aumentos segmentados que repartan las cargas en forma equitativa. La más conocida es la segmentación por consumo. Otra menos trillada, cuya validez legal estudian a toda máquina los más avezados juristas del Gobierno, es imponer tarifas más elevadas (¿dolarizadas?) a quienes tienen grandes ingresos en dólares, léase los exportadores más poderosos. Una medida que desataría la reacción de los lobbies anti retenciones pero que, a ver del oficialismo, contaría con el aval de muchísimos argentinos de a pie.
En zigzag
Zigzagueante, ardua de sintetizar o aun de sistematizar es la política del Gobierno respecto de los desocupados y de su (limitada mas única) representación, el movimiento piquetero. Dos datos claros, tensionados, son sus vigas de estructura: el Presidente no desea reprimir a los piqueteros pero está bastante furioso con sus líderes y su cotidiana gimnasia callejera.
El miniaguinaldo concedido en estos días responde, empero, a una demanda del sector. Y el Gobierno sabe que, a cambio de dispensar un ápice de justicia a los más desfavorecidos, genera broncas entre su clientela más fiel, la clase media. El termómetro callejero sugiere que los cuentapropistas o los trabajadores del Estado no festejan la paga, por única vez, de 50 pesos a cada Jefe o Jefa de Hogar.
Ya se dijo, la sorpresa es una afición presidencial. Nada de definitivo puede decirse de lo que tiene en carpeta. Esto asumido, no parece para nada que el Gobierno piense en ampliar la –congelada– plantilla de los desocupados que cobran el Plan Jefas y Jefes de Hogar. En Economía piensan que sería una pésima señal ampliar el número de subsidios de desocupación cuando está creciendo la demanda de mano de obra. En varias provincias, arguye Lavagna, hasta se siente ya la falta de trabajadores no calificados.
Da la sensación de que esta apreciación peca de voluntarismo, tanto como la valoración que hace el oficialismo de su política social. Los otorgamientos de créditos para microemprendimientos, comedores comunitarios etc. son usualmente ensalzados y sobrevalorados en su real impacto y viabilidad. Como ya ocurrió en la década del 90, hay una fascinación con esas medidas –cuya ejemplaridad es alta y destacable– y una distraída mirada sobre las chances de sobrevida de las actividades subsidiadas. Por ahora, esas modestas empresas, a las que cabría adicionar las recuperadas, tienen un aliado invisible en la baja competitividad general. Pero si la economía prospera como estima el Gobierno tienen el severo riesgo de ser arrasados por la competencia.
La viga fundante de la política social sigue siendo el Plan Jefas y Jefas y es desmesurado suponer que ese dato cambiará en los próximos dos o tres años. El Gobierno no parece actuar en consonancia, tal vez porque exagera sus logros en materia de empleo o de políticas sociales.
Idas y vueltas hay también en el debate sobre la criminalización de la protesta social. De hecho, hay dos posturas dentro del Ejecutivo, la más dura encarnada en los dos ministros de bigotes apellidados Fernández y la más transigente, cuyos adalides son Oscar Parrilli y Eduardo Luis Duhalde.
Ninguno de estos sectores fue cabalmente expresado por el proyecto de amnistía presentado por el grupo Talcahuano, demasiado permisivo a los ojos de toda la Rosada, duros o blandos. Kirchner mismo es reacio a llevar el debate de la amnistía al Congreso. El Presidente es remiso a proponer batallas que den con él por tierra. Y es evidente que los gobiernos provinciales –usualmente derechosos y mucho menos tolerantes que el nacional– no acompañarían una amnistía a luchadores sociales así como así. Aunque no se diga en voz muy alta lo que Kirchner sí estaría dispuesto a conceder sería un indulto a los casos juzgados en jurisdicción nacional. Una medida que tendría, vista desde la Rosada, varias ventajas: a) permitiría espigar caso por caso, b) los costos y beneficios serían todos para el Presidente y c) no habría que asumir tiras y aflojes con los gobernadores y los legisladores provinciales.
El costo más ostensible sería que una decisión así dejaría disconformes a los movimientos de desocupados y de derechos humanos... y también a la derecha nativa, muy reclamante de mano dura con la protesta social por estos días.
A no hacerse mala sangre
“Me preocupa eso de los superpoderes. ¿Es hegemonista el Gobierno? Le pido un análisis circunstanciado, hace mucho que no tengo un informe serio.” El decano de la Facultad de Sociales de Estocolmo trata de apretar a su ex favorito, el politólogo sueco que hace su tesis de posgrado en la Argentina.
Le sobran motivos para la bronca. El politólogo en esta semana no ha hecho otra cosa que llenarle el correo electrónico con data alusiva a la victoria de Boca sobre River. Chistes incomprensibles, estadísticas insufribles y hasta una convocatoria a un cacerolazo para defender a Tevez de una insidiosa campaña de la AFA. Ante sus protestas, el politólogo se limita a replicar que “Boca es la Argentina” y que todo lo que le envía esmaterial de primera agua sobre la cultura local. “El fútbol es política, profesor”, discurre sin originalidad ni esfuerzo.
Pero, apestillado desde el Norte, accede a un mínimo análisis, que tampoco satisfará al comitente. Es que el politólogo se ha aficionado a las burdas metáforas del periodismo y la política de las pampas y, amén de eso, suele burlarse de su jefe.
“Las acusaciones son de la oposición que quiere embarrarle la cancha al Gobierno. Olvidan que la política no es un juego de señoritas. Está buenísimo que Fernández tenga superpoderes porque va a usarlos como Evita, para beneficiar a los pobres. Aunque Carrió se pinte la cara, el Gobierno va a seguir adelante, así que mejor que Lilita vaya haciendo silencio de radio. Y no me venga con que nada bueno puede nacer de un acto de dudosa legalidad. La tesis de la manzana podrida no es pertinente en el hemisferio sur. Piense en los neolemas que inventó Duhalde, una añagaza que derivó en un gobierno mejor que lo que cualquiera esperaba. No sea contrera, profesor, si hasta un demócrata como el rey Juan Carlos se ha vuelto kirchnerista.” Cierra su texto con un irritante “Macri cumple, Bianchi dignifica”.
Y parte, presto, a comprarle un libro a su novia, la pelirroja progre, ayer filogorila, que se ha vuelto un tantín oficialista. “Algo de Halperín Donghi –exhorta al vendedor–, me han dicho que él también es kirchnerista.”