“Fuimos a señalar a Felipe Solá como uno de los responsables de los asesinatos de Darío (Santillán) y Maxi (Kosteki) y nos comimos las agresiones de su patota”, denunció Leonardo Santillán, hermano de una de las víctimas fatales de la represión desatada el 26 de junio de 2002 para desalojar una movilización popular en el Puente Pueyrredón, en Avellaneda. El Frente Popular Darío Santillán reivindicó la protesta contra Solá que realizaron anteayer y acusaron a “un montón de patoteros” de agredirlos con “trompadas, puñetazos, patadas”. “Nos arrojaron sillas y mesas, nos terminaron lastimando”, dijo Santillán.

En una conferencia de prensa convocada ayer, el Frente Popular y otras organizaciones de la Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi rechazaron las acusaciones que recibieron desde diferentes sectores del arco político por haberse manifestado contra Felipe Solá, mientras participaba de un debate sobre narcotráfico en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Explicaron que fueron a pedirle al candidato a gobernador bonaerense de UNA que se presente a la Justicia y que, luego, fueron atacados por su personal de seguridad. También anunciaron que marcharán mañana a los tribunales de Comodoro Py.

“Como compañeros y familiares de Darío fuimos a señalar ayer (por el martes) a Felipe Solá a su acto proselitista para decirle en la cara que es uno de los responsables políticos de su muerte y que si tiene algo para decir, se presente a la Justicia”, explicó Orlando Agüero, del Frente Popular.

El padre de Darío, Alberto Santillán, y su otro hijo, Leonardo, que también milita en el Frente, encabezaron la conferencia de prensa ayer. Según contaron, en Económicas interrumpieron al candidato del Frente Renovador al grito de “asesino”. “En cuanto empezamos, un montón de patoteros de Solá empezaron a agredirnos con trompadas, puñetazos, patadas, nos arrojaron sillas y mesas, nos terminaron lastimando”, acusó Leonardo.

En 2002, cuando se produjo la represión en la que la Policía Bonaerense asesinó a Kosteki y Santillán en el hall de la estación ferroviaria de Avellaneda, Solá era gobernador bonaerense y Eduardo Duhalde era presidente.

“Lo que nos rodea es la impotencia y la bronca de ver cómo los que tuvieron que ver con la muerte de Darío y Maxi se siguen presentando en todos lados como si no tuviesen nada que ver”, explicó el padre de una de las víctimas en diálogo con la prensa. En 2006, los ex policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta, autores materiales de los asesinatos, fueron condenados a prisión perpetua. Otros ex efectivos recibieron condenas leves. “Faltan los que idearon y alentaron lo que fue el 26 de junio la masacre de Avellaneda”, añadió Leonardo. “Queremos terminar con la impunidad de los responsables, que lejos de estar pagando, salen a proponerse como la garantía de una nueva solución”, concluyó.

El juez federal Ariel Lijo recordó ayer que la causa por la responsabilidad política de las muertes de los militantes sociales fue reabierta en octubre del año pasado, a pedido de los familiares, y señaló que “hay nuevas líneas de investigación que deberían ser evacuadas”. “La responsabilidad de los policías quedó en manos de la provincia de Buenos Aires y ya hay condena en esa causa. La política recayó en mi juzgado y yo se la delegué al Ministerio Público Fiscal”, explicó el juez Lijo.