Desde Tucumán

Luego de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán rechazara el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia, que pretendía declarar nulas las elecciones del pasado 23 de agosto, los apoderados del Acuerdo para el Bicentenario (ApB) presentaron un pedido de recurso extraordinario federal, para que las supuestas irregularidades y fraude electoral lleguen hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación que preside Ricardo Lorenzetti. El fiscal de Estado tucumano, Jorge Posse Ponessa, se opuso al reclamo, dijo que las acusaciones de supuesto fraude no están fundamentadas y pidió que los magistrados locales den por cerrado el expediente sobre las elecciones, que es lo que –según fuentes judiciales– pasará.

Antes de que se cumplieran los plazos previstos, el fiscal Posse Ponessa presentó en la semana que terminó el detalle de lo que fue la elección donde salió electo el candidato del Frente para la Victoria (FpV), Juan Manzur, por más de cien mil votos. Según el funcionario, el partido que llevó como candidato a gobernador al radical-macrista José Cano “ha demostrado una obcecada negativa a reconocer los resultados de los comicios locales”. Señaló también que “nunca antes había discutido puntualmente la cualidad inalterable del contenido de las urnas”.

Según el escrito al que accedió Página/12: “Respecto de los hechos, cabe subrayar que el frente electoral impugnante (el ApB) incurre en una notoria tergiversación de los antecedentes y de la plataforma fáctica del juicio de referencia. Adjudica al Estado provincial un pretendido e inexistente ‘reconocimiento’ de ‘hechos públicos, notorios, graves, escandalosos y no controvertidos’ que describe como: ‘intimidación pública a los electores, coacción y violencia en forma generalizada, sistematizada y pública, compra de votos, despliegue de los graves actos de coacción y clientelismo desplegados contra toda la población, aunque especialmente contra la más vulnerable’”.

El fiscal del Estado sostuvo ante los jueces que “ninguna de las imputaciones se encuentran debidamente probadas en la causa. La parte impugnante sólo las funda en apreciaciones o referencias ambiguas, genéricas y derivadas de su propio parecer pretendidamente amparadas afirmaciones ‘de público conocimiento’, ‘públicas y notorias’, pero sin individualizar, ni acreditar, con prueba cierta y concreta ninguna de ellas. Por el contrario, muchos de los medios de prueba producidos en este juicio han demostrado exactamente lo opuesto de lo infundadamente manifestado por la parte impugnante en su recurso”. Según Posse Ponessa, “en una lectura desvergonzada de los hechos oportunamente debatidos, la impugnante acude a su notoria tergiversación con el declamado fin de sembrar una nueva duda. Ahora dirigida a que el contenido de las urnas haya permanecido inalterado o que efectivamente sea el producto del comicio, no resultando ninguna garantía la intervención de Gendarmería”.

La estrategia judicial del Estado provincial es que luego de esta presentación sea la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que dé por terminado el litigio, como se espera que ocurra.

Para el fiscal de Estado, “encontramos que la disputa propuesta por la parte impugnante supone la dilucidación de un tema que se encuentra estricta e ineludiblemente encuadrado en el ámbito del derecho público local, ligado de manera directa con el ejercicio de una prerrogativa pública privativa de un Estado provincial en el sistema federal argentino”, por eso es que pidieron a la Justicia que declare “inadmisible”, el recurso extraordinario federal y “manifiestamente improcedente el traslado”.

A fines de septiembre, la Corte Suprema de Tucumán convalidó la elección a gobernador y señaló que el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que la había anulado había tenido un efecto paradójico, ya que con el argumento de resguardar la soberanía popular en realidad la estaba lesionando. Los magistrados señalaron que no se podía impugnar el resultado de toda la votación por algunas irregularidades puntuales y afirmaron que los representantes del Acuerdo para el Bicentenario no pudieron demostrar que hubiera habido fraude. Ahora, luego de que la Junta Electoral ya proclamó a Manzur como gobernador electo, los seguidores de Cano insisten en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre el tema.