Aunque no hay reuniones de gabinete, el presidente Néstor Kirchner utilizó su forma radial de gobernar para dejar claro a los ministros y los secretarios una decisión que formuló así: “No le voy a sacar los ojos de encima a la policía bonaerense”. Página/12 pudo establecer por consultas a varios de ellos que el Gobierno cuestiona el informe elaborado por el procurador de Buenos Aires Matías de la Cruz como “inadmisible” e “irresponsable”. Esos dos adjetivos figuran también en el documento interno que el Gobierno preparó para refutar a la Procuración y que se resume en la página 2.
Este diario informó en exclusiva el último sábado que el gobierno nacional investigaba una denuncia de la Procuración según la que habría un enjambre de llamadas telefónicas desde y hacia organismos del Poder Ejecutivo Nacional detectadas en la pesquisa de causas por los secuestros de Rubén Astrada y Pablo Belluscio.
Clarín publicó ayer una entrevista con De la Cruz en la que el procurador se respalda ciegamente en la Policía Bonaerense:
- Dice que no recurrió a la Oficina de Análisis de Comunicaciones telefónicas sino al comisario Hugo Matzkin.
- Sospecha de las conexiones del batallón de comunicaciones 602, del Ejército.
- Sostiene que la SIDE realiza escuchas a los teléfonos que piden los jueces, pero que “en el caso Riquelme, cuando el juez federal pidió estas llamadas la cinta estaba borrada”. Según De la Cruz pidieron el rígido y “ese pedazo tenía interferencias, no se escuchaba nada justo en el tramo más interesante”.
La entrevista apareció ayer, 25 de noviembre, o sea que se realizó el lunes 24. Página/12 accedió a una carta en que De la Cruz le solicita al secretario de Inteligencia del Estado, Sergio Acevedo, que informe “con carácter urgente” sobre “los resultados obtenidos hasta el presente de la compulsa realizada entre los llamados telefónicos que figuran en el CD por usted retirado con fecha 19 de noviembre de la Dirección de Análisis y Apoyo para las investigaciones en las comunicaciones, según consta en el acta cuya copia se acompaña para mejor apreciación, y las escuchas realizadas en las diferentes causas en las que se ha solicitado su intervención”.
La carta está fechada en La Plata el 24 de noviembre, lo cual significa que el lunes De la Cruz hizo dos cosas al mismo tiempo.
Por un lado, escribió la carta pidiendo resultados a la SIDE por una misión encomendada cinco días antes.
Por otro, habló públicamente sobre la SIDE y, en especial, dijo que Kirchner “es medio presidente con este problema tan cerca de él”. Mencionaba las comunicaciones detectadas en la zona de la Casa Rosada.
La primera conclusión es que De la Cruz cargó contra el gobierno nacional en público mientras seguía los trámites normales en privado. Algo lo llevó a convertir los famosos CDs en una batalla directa contra Kirchner. Nadie desde el 25 de mayo, día de la asunción, llamó a Kirchner “medio presidente”.
Ese hecho, más la percepción de que De la Cruz estaba representando como mínimo los intereses de la Policía Bonaerense, provocó la durísima respuesta del jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
Fernández dijo que De la Cruz fue “por demás irresponsable” y añadió que “bastante irresponsable ha sido con los informes que ha pedido, que generan un juego de imágenes en la gente que no tienen nada que ver con la realidad”.
“No descartamos nada porque todo es posible”, dijo el jefe de Gabinete, pero opinó que “lo que han logrado es que estemos hablando de la Casa de Gobierno y del Ejército y no hablemos más de la policía bonaerense que hasta aquí era la que aparecía sistemáticamente involucrada”. Agregó que”algún autor de novelas policiales diría dime quién se beneficia con el crimen y te diré quién es el asesino”.
Fernández desligó de cualquier sospecha al ex presidente Eduardo Duhalde o al peronismo bonaerense, y también a Felipe Solá, pero no descartó que además de De la Cruz hubiera “algún funcionario” apoyando a la Bonaerense. El gobierno nacional recela del ministro de Seguridad, Juan José Alvarez.
Solá no criticó a Alvarez, a quien defiende luego de haberlo designado en lugar de Juan Pablo Cafiero, pero sí se sumó a las críticas contra De la Cruz.
“No puede ser que los funcionarios judiciales usen la prensa como medio para dirimir esto y menos mencionando al Presidente o al Gobernador”, dijo Solá. “Aquí, nosotros nos hemos limitado desde el Poder Ejecutivo provincial a hacer un aporte de datos, a pedido de la Justicia, no originado en la Policía. Para el caso, la policía usó el sistema de datos que tiene.”
Página/12 accedió a una línea de investigación del Gobierno nacional que aumenta las sospechas sobre Alvarez, De la Cruz y el comisario Angel Casafuz, relevado ex jefe de la Brigada Antisecuestros de la Bonaerense.
Según esa hipótesis que sigue la Casa Rosada, Casafuz habría sido el principal apoyo dentro de la fuerza de un comisario inspector cuestionado, de apellido Onoratto. El oficial pasó a disponibilidad, una situación habitualmente previa al retiro, luego de que presuntamente tuviera trabajando con él en la Dirección Departamental de Luján a un informante de la policía, que en la jerga se denomina “buche”. El informante hasta habría llegado a firmar el libro de actas de la dependencia, lo cual es obviamente ilegal.
De la Cruz, en medio de la pesquisa por el homicidio de María Marta García Belsunce, habría respaldado el pedido policial de descongelar a Onoratto. Y Juan José Alvarez habría rematado el circuito designándolo en funciones de supervisión el 30 de octubre último.
–¿Kirchner sospecha de Felipe Solá? –preguntó este diario a un funcionario de trato habitual con el Presidente.
–No, el Presidente quiere sumar al gobernador a la pelea por cambiar la Bonaerense –fue la respuesta.
–¿Y qué espera de Solá?
–Que juegue tan fuerte como él porque si la provincia de Buenos Aires estalla en bandas y mafias los efectos se sentirán en todo el país.
Otro funcionario dijo que Kirchner achaca a Solá demasiada contemplación en el trato con un grupo de intendentes del conurbano.
En cuanto a las críticas contra Juan José Alvarez, se resumirían en este esquema:
-Alvarez fue intendente de Hurlingham y tuvo intereses comunes con varios de sus colegas. Esos intereses comunes fueron políticos, como parte de la estructura del Partido Justicialista, e incluyeron la práctica cotidiana de gobierno. Parte de esa práctica consiste en una gradación que va desde mirar para el costado cuando oficiales de la Bonaerense recaudan ilegalmente hasta participar de esa recaudación como parte de una búsqueda diaria de caja que mezcla la política con la policía y el delito.
- En su primer mandato como ministro de Seguridad, Alvarez nunca desarticuló a la bonaerense porque eso implicaba desarticular un sistema completo de recaudación.
- Luego, Alvarez pasó a ser secretario de Seguridad y ministro de Justicia y Seguridad del fugaz Adolfo Rodríguez Saá y de Duhalde. Como secretario, mandó y dio órdenes en lugar de negociar.
- Vuelto al Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, Alvarez regresó también a su estrategia anterior. En el gobierno provincial, a esa estrategia la llaman “búsqueda de consensos”. Los críticos locales y del gobierno nacional replican que “consenso” en seguridad significa negociar con los distintos poderes de la Bonaerense.
La conclusión del Gobierno nacional es que a mediano plazo no habrá solución para la crisis de seguridad ni para la policía provincial sin operar a fondo y controlar la fuerza. Y, a corto plazo, la idea que maneja el Ejecutivo es que Alvarez constituye parte del problema y no de la solución a la crisis, lo mismo que De la Cruz.