El informe que ordenó elaborar el Gobierno sobre el documento confidencial preparado por la Procuración bonaerense y el Ministerio de Seguridad está repleto de adjetivos como “inadmisible” e “irresponsable”, aunque se cuela por allí algún “poco serio”. Aunque no lo dice con esas palabras, el Ejecutivo llegó a la conclusión de que la cantidad de llamadas fue inflada por el equipo a las órdenes de Matías de la Cruz y que además el registro de comunicaciones interceptadas no siguió ninguna categoría razonable y concreta de búsqueda.
El texto del gobierno nacional al que tuvo acceso exclusivo Página/12 cita primero el documento al que critica.
El informe bonaerense explicó que utilizó “los sistemas más modernos de entrecruzamientos telefónicos” para detectar comunicaciones que posean “un patrón común”, cosa que permitiría relacionarlas “en las distintas causas penales que se investigan”. Esos sistemas “permiten detectar teléfonos relacionados entre sí, existentes en bases de datos creadas en cada causa penal”. Por medio del sistema B.id.com –dice el informe nacional que dice el provincial– “es posible identificar un abonado que tiene comunicaciones en distintas investigaciones, ya sea por nombre del titular o por número de línea telefónica”.
“De ese modo –glosa el nacional al bonaerense– se establecen supuestos vínculos que existirían en las diferentes causas, en comunicaciones correspondientes a líneas telefónicas del Batallón 602 de Comunicaciones, o abonados de la calle Azopardo 250 de la Capital Federaly a abonados con domicilio en la calle Balcarce 50, destacando entre otros a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.”
El gobierno bonaerense entregó al nacional un CD con 2540 registros telefónicos “desde y hacia los lugares precedentemente indicados, que figuraban en diversas causas penales tanto en el orden federal como provincial, abarcando desde 1996 al 2003. Cabe aclarar –sigue el informe nacional– que los registros apuntados habrían sido extraídos, mediante la aplicación de los sistemas aludidos, de una base de datos conformada por más de 18 millones de registraciones telefónicas resultantes de todas esas causas penales”.
Según el gobierno nacional, entre las fallas del texto bonaerense están las que siguen:
- Aunque hay referencia a un patrón común de búsqueda para relacionar comunicaciones telefónicas y causas penales, “en ningún momento ha sido explicado cuál es dicho patrón común ni qué elementos lo componen”.
- El gobierno bonaerense no remitió al nacional todas las bases de datos (los presuntos 18 millones de registros), y por lo tanto esa falta “impide corroborar no solo la veracidad de los datos efectivamente aportados sino que también imposibilita poder analizar otros elementos que eventualmente pudieran llegar a tener una relevancia distinta o mayor en el caso”.
- “Resulta de poca seriedad asignar relevancia comparativa entre las distintas bases de datos de las diversas causas penales a través de las líneas telefónicas asignadas a conmutadores tales como los de Azopardo 250 y Balcarce 50, sin que simultáneamente no se logre la individualización del interno asociado a cada llamada”.
- “No menos irresponsable resulta intentar llevar adelante el análisis en un lapso tan amplio, de 1996 a la fecha, cuando variaron gobiernos, funcionarios y dependencias y fueron cambiando las modalidades delictivas.”
- Es “inadmisible” vincular, en el universo de llamadas interceptadas, comunicaciones como las de un celular a los servicios al cliente de su compañía. Según el informe nacional, el 11 por ciento de las 2540 llamadas corresponderían a esa categoría.
- Resulta “cuanto menos aventurado” establecer relaciones “tentativas”. Dice el informe que el gobierno nacional chequeó 81 de esas pertenencias y 16 no se correspondían.
- Sería “poco serio atribuir indicios de participación criminal por el mero hecho de que se verifiquen comunicaciones entre dos o más instituciones estatales, tal como ocurre en el 39 por ciento del total de registros”.
- Parte de las comunicaciones fue realizada desde teléfonos públicos y otra parte corresponde a transeúntes que pasaron por la zona utilizando su celular. En comunicación se llama “celda” a la zona.
- De las 2540 llamadas mencionadas como sospechosas en el informe bonaerense, “tan solo 179 se identificarían con causas vinculadas con secuestros extorsivos, las que una vez debidamente analizadas (y confrontados los datos con los obrantes en la Dirección de Observaciones Judiciales y en los expedientes judiciales) permiten aseverar acerca de la imposibilidad de establecer una vinculación concluyente de las mismas con los hechos delictivos en cuestión”.
- No obstante el reparo anterior, entre esas 179 hay 64 llamadas del caso Riquelme, de las cuales 63 “corresponden a comunicaciones establecidas por un abonado”. Un funcionario dijo a este diario que ese abonado es un militar retirado que vende celulares. Podría vendérselos a cualquiera. Incluso a delincuentes. En esa misma causa judicial hay otros dos abonados que venden celulares, como bolseros, a miembros de fuerzas de seguridad, pero según el informe nacional “el período de observación no abarcó el término de los eventos analizados en el informe” bonaerense.
- Un gráfico entregado por los especialistas a la Casa Rosada separa los distintos tipos de llamadas. De las 2540 hay 1023 de teléfonos oficiales, 471 de la celda mencionada, 269 a servicios al cliente, 93 a Showcenter, 24 a bancos y 34 a teléfonos públicos. La segunda categoría, después de teléfonos oficiales, es “otros”, con 627 llamadas. Dice el texto nacional: “Si en este segmente se comienza a descartar distintas llamadas realizadas, por ejemplo, por el abogado de uno de los imputados en la causa García Belsunce (59 llamadas hechas por el doctor Jorge Licio Scelzi), las realizadas a la presidencia de la Nación, a la Difusora Austral, cuyo número se vinculaba con la denominada causa de las prostitutas de Mar del Plata (1997), aquellas realizadas desde Azopardo 250 y Balcarce 50 a la Agencia Bavarian Motors, y llamadas descartables a clínicas y hospitales, eso permite reducir aún más el espectro de comunicaciones sobre las cuales ha pretendido sustentarse, en un plano hipotético, el ‘informe confidencial’.”
- “Tampoco podrá soslayarse que la reducción de los registros proyecta similares efectos en el número de las causas judiciales invocadas.”