La discrecionalidad del gobierno de Mauricio Macri para distribuir recursos queda a la vista cuando se comparan las ayudas directas a sus provincias aliadas como Jujuy y Mendoza o de la Pampa Húmeda, como Santa Fe, en detrimento de otras jurisdicciones opositoras. En el caso de la provincia de Santa Cruz, el gobierno nacional decidió paralizar obras ya adjudicadas por 2000 millones de pesos, entre ellas hospitales, gasoductos y planes de vivienda. Si se tiene en cuenta también el freno a las dos represas, el total de trabajadores de la construcción afectados asciende a 7000. En este marco de conflictividad, ayer los trabajadores de la Uocra alcanzaron un principio de acuerdo con las empresas de Lázaro Báez por el pago de quincenas atrasadas e indemnizaciones.

Báez, dueño de las constructoras Austral y Kank & Costilla, decidió dejar en la calle a 1600 trabajadores. El conflicto con los obreros de la Uocra pasaba porque el empresario no sólo debía una quincena sino que ponía trabas para las indemnizaciones. Ayer por la tarde hubo un principio de acuerdo luego de una jornada de intensas negociaciones, en la cual la gobernadora Alicia Kirchner llegó a pedirle al gobierno de Mauricio Macri que Vialidad Nacional rescinda los contratos que tiene con ambas empresas sin que eso afecte a los trabajadores y garantizando las medidas pertinentes para dar continuidad a las obras en curso. Como resultado del acuerdo, los trabajadores levantaron los cortes en las rutas nacionales 3 y 40, que comprometían la normal actividad en la provincia.

“Macri dice que va asistir a las provincias que hagan las cosas bien. ¿Pero a criterio de quién? Yo no sé si hay una buena administración en la Ciudad de Buenos Aires si le giran 10.000 millones de pesos por arriba de lo que necesitan para financiar la policía. Hasta ahora el Gobierno asistió a sus provincias aliadas”, afirmó a Página/12 el vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González.

El gobierno nacional decidió asistir financieramente, de manera urgente, a Jujuy con 500 millones de pesos, Mendoza (1000 millones), Chubut (250 millones), Santa Fe (600 millones), Neuquén (500 millones), Entre Ríos (300 millones) y aumentar la coparticipación de CABA.

El jaqueo a la provincia de Santa Cruz por parte del Gobierno nacional no ocurre solamente por la paralización de las dos represas que cuentan con financiamiento de China, sino al conjunto de la obra pública de la provincia. El 97 por ciento de las obras de esta jurisdicción son sostenidas con recursos del Estado Nacional.

La obra paralizada más relevante, licitada y adjudicada, es el Hospital Materno Infantil, con una inversión frenada de 500 millones de pesos. También fue suspendido la construcción de un gasoducto por 900 millones de pesos, y se paralizaron obras en Yacimientos Carboníferos Fiscales por 250 millones de pesos. Los planes de vivienda dentro del programa Mejor Vivir, llevados adelante junto a los municipios, también fueron frenados por el Gobierno nacional. Estas obras de infraestructura ya tienen adjudicado un presupuesto de 100 millones de pesos.

A su vez fue descartada por el momento la construcción de un Centro de Medicina Nuclear, con una erogación pautada en 30 millones de pesos. En total son aproximadamente 2000 millones de pesos que la administración de Mauricio Macri decidió dejar de ejecutar en la provincia de Santa Cruz.

–¿Por qué cree que ocurre esta discriminación? –consultó este diario al vicegobernador.

–Macri dice que atenderá a los que hacen las cosas bien, pero no tuvo problemas en beneficiar a sus aliados. La gobernadora (Alicia Kirchner) estuvo con (Alfonso) Prat-Gay y otras tres veces con (Rogelio) Frigerio. Nosotros planteamos en las reuniones con las gobernadores que además de hablar de la reforma política tenemos que solucionar otras urgencias. Dicen que van a realizar auditorías, que van a revisar todo. Lo concreto es que mientras otros reciben asistencia, las obras en Santa Cruz están paralizadas –respondió González.

El gobierno provincial sostiene que los trabajadores despedidos por Báez podrían volcarse a trabajar en cualquiera de las obras paralizadas por la administración nacional, incluso en la construcción de las represas, luego de las capacitaciones necesarias por la especificidad de los trabajos.

En relación a las represas, el gobierno chino ya remitió 270 millones de dólares para pagar quincenas pendientes, que no fueron desembolsados producto de la decisión macrista de frenar dichas obras. Por su parte, la administración central tiene frenada la transferencia de 5000 millones de pesos. “Aducen una cuestión ambiental, y la verdad que no me parece que (Juan José) Aranguren sea el más calificado para hablar del tema, ya que fue CEO de una empresa con graves denuncias de contaminación en todo el mundo. Las dos represas van a generar 1742 megavatios, Santa Cruz consume 100 MW. Entonces, le darán energía a todo el país”, concluyó el vicegobernador.