El fiscal Mariano Solessio produjo el requerimiento que coloca bajo investigación a los jueces Juan José Mahdjoubian e Ismael Muratorio. La denuncia fue promovida por dos de los integrantes de la Sala IV de la Cámara del Crimen, quienes anularon todo lo actuado por los dos magistrados en la causa por estafa que la empresa ELP Investments –del ex banquero Raúl Juan Pedro Moneta– inició contra su antiguo socio, el inversor texano Tom Hicks. Los camaristas Alfredo Barbarosch y Gustavo Bruzzone entendieron, en un fallo que se considera ejemplar, que Moneta se valió del “forum shopping”, es decir un mecanismo que facilita la elección del juez que debe entender en el expediente. La imputación involucra también al abogado de Moneta, Alejandro Mitchell. La proliferación de casos donde el “forum shopping” ha dado pie a situaciones escandalosas es precisamente, la que acaba de motivar la presentación de un proyecto del senador Antonio Cafiero tendiente a acotar prácticas que distorsionan la equitativa administración de Justicia (ver aparte).
Así, la causa recayó por sorteo en el juzgado de Daniel Turano, quien verificó la existencia de otra causa contra Mahdjoubian, radicada en el juzgado de María Crotto donde, por conexidad, podrían terminar siendo tramitadas ambas. La causa original se basó en una emisión del programa Telenoche Investiga y por ella el secretario Daniel Mauro fue separado del Poder Judicial. Los hechos comenzaron a sucederse a fines del año pasado, cuando en representación de ELP Matías Eusebio Bravo, primo de Eduardo Pearson, yerno a su vez de Moneta y miembro del estudio de su hombre de confianza, Alberto Petracchi, presentó una denuncia por estafa contra el inversor texano Tom Hicks, ex socio de Moneta. Moneta acusaba a Hicks de haber retenido una importante suma, producto de la venta de acciones de Telefónica. El dinero se hallaba caucionado para el pago de elevadas deudas que el ex banquero tenía con acreedores extranjeros, pero pretendía que fuera liberado. Lo más extraño es que semejante intríngulis financiero fue denunciado ante la Dirección de Delitos Complejos de la Policía Federal. La ruta seguida por la denuncia tenía, sin embargo, una explicación sencilla: presentada ante la policía, actuaba el juzgado que se encontraba en ese momento de turno, el de Mahdjoubian; formulada ante los tribunales hubiera sido sorteada y nadie garantizaba cuál sería a partir de allí el juzgado actuante.
De inmediato, el abogado de Moneta Alejandro Mitchell solicitó que Mahdjoubian dictara una medida de no innovar para que el dinero no quedara inmovilizado. Mahdjoubian titubeó y entonces Mitchell recordó repentinamente la existencia de otro expediente que había pasado por el juzgado de Muratorio, pero que Muratorio había dividido, declarándose incompetente en uno de los aspectos y girándolo al fuero penal económico y sobreseyendo a los imputados en el otro. Pese a ello, Mitchell pidió que esas dos causas se acumularan en el juzgado de Muratorio invocando una supuesta conexidad. Mahdjoubian cubrió las formalidades, constató la existencia de la otra causa y dejó todo en manos de Muratorio. Con una velocidad sorprendente, Muratorio se declaró competente y sin solución de continuidad concedió a Mitchell la medida solicitada. Todo esto sucedía al borde de las fiestas de diciembre. Moneta confiaba en Muratorio. En ese mismo juzgado se había tramitado una denuncia suya contra el desarrollista del Edificio República a quien había acusado de extorsión. Esa denuncia también había sido presentada en comisaría. Muratorio dictó el procesamiento del desarrollista Jorge Macchi y la Cámara revisó la decisión. Los camaristas señalaban cosas razonables: la extorsión no sólo no estaba probada sino que además no extorsiona quien quiere sino quien puede, y resultaba obvio que Moneta era un personaje mucho más poderoso e influyente que su desarrollista. Muratorio, empecinado, lo volvió a procesar. La Cámara anuló el procesamiento por infundado. Muratorio volvió a insistir. El ida y vuelta se repitió tres o cuatro veces hasta que Macchi obtuvo el sobresimiento definitivo. Los abogados de Hicks, los penalistas Jorge y Santiago Kent, hartos de las arbitrariedades de Muratorio, elevaron a la Sala IV de la Cámara del Crimen una solicitud de recusación del juez. Los camaristas Alfredo Barbarosch y Gustavo Bruzzone leyeron con atención el expediente. Los dos coincidieron en una resolución ejemplar: anular todo lo actuado por Mahdjoubian y Muratorio porque se estaba en presencia de un típico caso de “forum shopping”. Ordenaron, por otra parte, que copia de esos testimonios fueran enviados a la Justicia para que se determinara si los jueces habían incurrido en un delito de acción pública. El tercer miembro del tribunal, González Palazzo, tomó una postura prescindente acerca de las cuestiones abordadas por sus colegas e hizo eje en el pedido de recusación contra Muratorio, pronunciándose en contra. La actuación de Mahdjoubian y Muratorio era apenas una cara de la moneda: el fiscal Solessio pone ahora el ojo en la otra e imputa también al abogado de Moneta, Alejandro Mitchell. En el Consejo de la Magistratura se estudia el pedido de juicio político a Muratorio presentado por los legisladores integrantes del Grupo Talcahuano, quienes tal vez tengan más suerte que el abogado del desarrollista Macchi, Adolfo Casabal Elía, cuya solicitud de juicio político al mismo magistrado fue archivado por la anterior comisión de acusación.