El anteproyecto de ley de emergencia ocupacional cuenta con amplio respaldo en distintos sectores opositores, pero mereció una dura descalificación por parte del oficialismo, que incluso amenaza con vetarlo si se aprueba. Héctor Recalde, diputado nacional, jefe del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara baja y abogado con dilatada experiencia en el campo del derecho laboral, refutó las críticas y expuso las razones por las cuales considera imprescindible la sanción de una ley de protección al empleo en las presentes circunstancias.

–Desde sectores empresarios, y desde el propio gobierno, se dice que con este proyecto se van a acelerar los despidos en vez de proteger el empleo.

–Empecemos por clarificar el contenido del anteproyecto, porque muchos parecen hablar sin siquiera tomarse la molestia de haberlo leído. Primero, se busca proteger el empleo porque hay una ola de despidos como no ha ocurrido en muchos años. Hay una emergencia laboral y se legisla para atender esa emergencia, para que los trabajadores no paguen las consecuencias. Es una ley para proteger el empleo, aunque lo que habría que atacar son las razones de la destrucción del mercado interno, la caída en las ventas que registran en cualquier punto de referencia que se tome. Y lo único que está prohibido, de acuerdo al proyecto de ley que se propone, es el despido sin causa. Ahora, si hay causales de despido, que pueden ser razones económicas, como por ejemplo por aumentos de costos por subas de la luz o el gas que el gobierno provocó, o porque desaparece el mercado por caída del consumo, la ley tiene distintas formas de atender la falta o disminución del trabajo. Existe el procedimiento preventivo de crisis en la ley de empleo, por una reforma que se hizo en la etapa de flexibilización laboral pero que todavía está y se usa. Cuando la empresa invoca esa situación, tiene que plantear por qué se da la crisis y por qué la firma no puede afrontarla sin despedir. Y ahí intervienen el sindicato, el Estado y junto a la empresa se le trata de encontrar una salida que no sea el despido. Es factible que la empresa no conozca otros mercados posibles, que el Estado le puede ofrecer, o que necesite créditos blandos (bajas tasas) para operar, o no cuente con la maquinaria suficiente para competir en el mercado. Son todos factores en los que el Estado puede aportar y se solucionan en la discusión tripartita sin recurrir a los despidos.

–También se le critica al proyecto que va a desalentar el empleo, y que ya fracasó como respuesta a la crisis, en el año 2001.

–Quienes lo plantean en esos términos pecan de ignorancia o de mala fe. Es otra mentira, como la muletilla de que no creció el empleo en los últimos cuatro años de gobierno kirchnerista. En el último año, en 2015, y según las cifras oficiales, se crearon más de 120 mil puestos de trabajo. Hubo años de baja en el crecimiento del empleo, pero siempre fueron datos positivos, de suba del empleo. 2012 fue un año de menor creación de empleo, pero terminó el año con 8100 puestos más que el año anterior. En 2013 se crearon 54 mil puestos de trabajo, otra vez hubo menor ritmo de creación en 2014, con algo más de 25.700 empleos creados y, como ya le dije, 120 mil en 2015. Estoy leyendo las cifras del Ministerio de Trabajo, que siguen publicadas en la página web de esa cartera. El propio titular del Indec, Jorge Todesca, reconoce que el PBI creció 2,1 por ciento en 2015 y la desocupación está en un mínimo histórico de 5,9 por ciento. Y no creo que piensen que Todesca está jugando en contra del gobierno o de Mauricio Macri.

–¿La experiencia de la anterior ley de prohibición de despidos fue tan mala como señala Macri?

–Revisemos las cifras. La ley de emergencia ocupacional a la que se refiere el Presidente es la 25.561, de 2002. La desocupación en ese año había llegado a 23,7 por ciento. Un año después, 2003, pasó a 21,4. En 2004 bajó a 17,6. En 2005, a 14,1. En 2006 llegó a 12,2 y en 2007, último año de vigencia de la ley de emergencia, cayó a 8,8. Seguramente no fue sólo por la ley de emergencia que subió el empleo, hubo una recuperación y un crecimiento importante de la actividad económica. Pero no se puede decir que la ley de emergencia ocupacional destruyó empleo e ignorar completamente la realidad.

–¿A qué razones atribuye, entonces, este ataque contra el proyecto?

–Viendo las características de este gobierno, que defiende a los más ricos y a las grandes corporaciones, lo que se interpreta es que quieren el disciplinamiento social de la fuerza de trabajo. No sólo a través del despido y la masa de desocupados que genera, sino por todo lo que significa en la vida de un trabajador esa situación de inestabilidad permanente. Hay que tener en cuenta, además, que hoy hablamos de 100 mil o 120 mil despidos en el sector privado, pero sólo teniendo como referencia lo que está pasando en la franja de trabajadores registrados. ¿Qué puede estar pasando en el sector de trabajadores en negro, que son un tercio de la masa laboral? Cuando hay crisis o hay ajuste, al primero que despiden es al trabajador no registrado, por lo tanto la proporción de despidos en esa franja debe ser mucho mayor. No podemos tener datos, pero si la medición que hacemos sobre dos tercios de los trabajadores nos da 120 mil despidos, cuando agregamos a ese universo el tercio de no registrados seguramente esa cantidad se vaya muy arriba.

–¿Usted no cree que con una prohibición de despidos las empresas van a dejar de tomar personal, como dicen algunos referentes del sector empresario?

–Les recomendaría a los dirigentes empresarios que lean el proyecto de ley. Establece la prohibición de despidos hasta diciembre de 2017, al menos la que está en Diputados. Pero sólo para aquellos trabajadores que ya estaban en planta en marzo, podríamos decir, para evitar que alguien se quiera apurar a despedir antes que se sancione. Para los nuevos contratos, a partir de la sanción, no rige. Y es una norma de excepción por una emergencia ocupacional, que opera mientras está vigente esa situación. A las pymes les queda el recurso del procedimiento preventivo de crisis si son víctimas de una situación de la que no son responsables, como la suba de costos por la política del gobierno, por tarifazos o devaluación, por ejemplo. Y si el gobierno piensa que es mejor reducirles los aportes previsionales a quien mantenga los planteles, sin dañar el sistema, lo puede hacer por decreto, inclusive de necesidad y urgencia. No es contradictorio con el proyecto de emergencia, pero tampoco lo sustituye.

–Desde el Ejecutivo se amenazó veladamente con vetar la ley. ¿Cree que podría llegar a esa instancia?

–El Gobierno está tratando de evitar por todos los medios que la ley salga. Antes de vetarla, va a tratar de dilatarla, lo está haciendo. Pero no le va a ser fácil, ni al gobierno ni a los sectores que pretendan alinearse. Hay una convocatoria sindical muy importante para el viernes 29, hay presión en las calles por el tema de los despidos. El bloque del FpV ya tomó la decisión de adherir a la convocatoria sindical del 29 y se solidariza con sus reclamos.