El Programa de Emergencia Alimentaria (PEA) creado por el gobierno de Eduardo Duhalde fue implementado con “irregularidades”. A esta conclusión llegó la Sindicatura General de la Nación (Sigen) al comprobar que “la sumatoria de la descentralización con la falta de control adecuado permitió despilfarrar los escasos recursos nacionales”.
A modo de ejemplo, el PEA pagó en Neuquén 53 pesos por cada bolsón de alimentos cuyo precio de góndola en supermercados la Sigen estableció en 37 pesos. En Formosa se observaron sobreprecios en algunos artículos de hasta un 45 por ciento, y las cajas alimentarias contenían la leyenda “Presidencia de la Nación”, en una de sus caras, y en la cara posterior llevaban la inscripción “Gildo Insfrán, un compromiso con la gente, gobierno de Formosa”. En base a estos datos, que enumeran presuntas irregularidades detectadas en 18 provincias, el diputado socialista Jorge Rivas presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo, dado que el gobierno de Néstor Kirchner decidió prorrogar el PEA.
“La Sigen monitoreó el plan a medida que se estaba ejecutando y no hay indicios de que esas situaciones se hayan rectificado, y sea por corrupción o por ineficiencia son inadmisibles”, opinó Rivas ante Página/12.
En los fundamentos de la solicitud, el legislador y el resto del bloque socialista afirmaron que “ni el reparto de bolsones de comida ni el asistencialismo focalizado alcanzan para combatir el hambre que padece gran parte de la población”. Sin embargo, agregaron que “si ése es el procedimiento elegido por las actuales autoridades, es necesario proteger los recursos con que se lo financia y evitar un mal gasto”.
Además de pedir explicaciones por las irregularidades detectadas durante la gestión de Eduardo Duhalde, se mostraron preocupados por la posibilidad de que el Jefe de Gabinete reasigne parte del PEA a otros destinos dado que la Ley de Presupuesto para el 2004 le confiere esa atribución. Por eso alertaron que esto “tornaría tangibles recursos que son intangibles por ley de la Nación”. Rivas explicó a Página/12 que “buena parte de lo que motiva el pedido de informes es que el plan se sigue ejecutando, en tal caso no habrá más cajas con la leyenda de Insfrán porque se terminó la campaña”. El diputado indicó que aunque no estén de acuerdo con la matriz de funcionamiento de este tipo de planes, que no son universales, aceptan que sean implementados ante la emergencia alimentaria. “Pero no se puede dejar de exigir que garanticen un mínimo grado de eficiencia y honestidad en el procedimiento”, completó. El caso de Neuquén es paradigmático porque con esa diferencia de precios que paga de más el plan “queda en 50 por ciento del dinero en el camino”.
El 15 de enero de 2002, el ex presidente Duhalde declaró por decreto 108/02 la Emergencia Alimentaria Nacional hasta el 31 de diciembre de ese año y creó el Programa de Emergencia Alimentaria (PEA) destinado a la compra de alimentos para la atención prioritaria de las necesidades básicas de la población de alta vulnerabilidad y en riesgo de subsistencia. Inicialmente el PEA contaba con 392 millones pero el ex jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, lo redujo a 307 millones de pesos. Además, al 7 de noviembre de 2003 sólo fue devengado el 67 por ciento. Esto implica una subejecución de sus recursos que, sin embrago, ocurre en muchos planes oficiales.
Considerando las múltiples irregularidades constatadas por la Sigen entre junio y diciembre de 2002, los diputados preguntaron si es cierto que, siendo que la compra de alimentos es el destino exclusivo de los fondos del PEA, algunas jurisdicciones usaron ese dinero para el pago de gastos financieros u operativos, tales como embalajes, transferencias bancarias y distribución. También quisieron saber si es cierto que en algunas jurisdicciones existen comercios que cobran sobreprecios a los beneficiarios del PEA que reciben tickets para la adquisición de alimentos. Otro de los interrogantes a dilucidar tiene que ver con que ladistribución de fondos entre subejecutores del PEA resulta discrecional, en tanto no se vincula con indicadores actualizados de pobreza en las diferentes provincias. Además, se han detectado a grupos de beneficiarios que “notoriamente no se encuentran en condición de vulnerabilidad social”.
Las anteriores nos serían las únicas irregularidades:
u Según la Sigen, en la provincia de Buenos Aires se utilizaron padrones antiguos en los que figuraban beneficiarios fallecidos, otros dados de baja por parte de los efectores municipales y otros duplicados dentro del mismo partido y en partidos diferentes, entre otras irregularidades. Y se verificó la existencia de más de una chequera para el mismo beneficiario.
u En Río Negro “no se respetó la condición de intangibilidad de los fondos nacionales” porque se usaron para abonar el armado y distribución de los centros de entrega. Además se detectaron “falencias tanto en los aspectos administrativo-contables como en los sociales y de gestión”.
u En términos generales, el organismo de control también comprobó que hubo “una gestión de compra direccionada o poco transparente” y que “los precios de compra son superiores a los de mercado”. El relevamiento y registro de los beneficiarios se ha completado, pero no hay un registro único o bien la base de datos no se encuentra debidamente administrada. En los recuentos físicos se detectaron faltantes sin justificar de productos o módulos. Los municipios no realizan la rendición física del programa en tiempo y forma, o bien la misma es parcial e incompleta. Las prestaciones tuvieron problemas en cuanto a la calidad de los productos.