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Por Hugo Barcia

Por estos días volvió al centro de la escena el espectáculo de los recordados sobornos en el Senado. Y lo que realmente asombra, en este caso, es el asombro de algunos y la confusión de otros.
Un cuarto de siglo de saqueo y una década menemista en la que se aceleró la destrucción de la Argentina –sumadas a la defección de la Alianza UCR-Frepaso que, ya instalada en el gobierno, no efectivizó el cambio nebulosamente prometido en la campaña electoral– deberían bastar para ver con claridad el pasado y vislumbrar cómo debe ser la salida hacia el futuro.
Durante la década de la impunidad absoluta, las bandas menemistas llevaron adelante su tarea con un objetivo básico, entre otros: el desmantelamiento del patrimonio público que a los argentinos nos había llevado 70 años acumular.
Para alcanzar este objetivo, quedaba claro que la tarea no podía estar a cargo de un ejército de arcángeles y que los instrumentos, por supuesto, no serían transparentes.
El proceso de privatizaciones que sufrió la Argentina fue, en realidad, un saqueo descomunal operado protagónicamente por las bandas menemistas, pero consentido por la corporación política en su conjunto. Pocas fueron las voces que se alzaron para oponerse. Semejante proceso, claro está, tuvo como una de sus características permanentes a la sobornización.
Los sobornos no podían dejar de adquirir una centralidad excluyente.
Un caso como muestra: la Argentina constituye el único caso de un país que entregó su petróleo sin que mediara guerra alguna. Cuando se produjo la parodia de debate de la privatización de YPF, se escuchó justificar, en el recinto de la Cámara de Diputados, que se privatizaba YPF porque el petróleo había perdido importancia estratégica en el mundo. Esto decían las primeras espadas menemistas apenas dos años de la Guerra del Golfo –que había costado la vida de 200.000 iraquíes– y diez años antes de la ocupación de Irak por parte de la alianza angloamericana.
¿Alguien puede seriamente creer que, en la privatización de YPF, no se hayan pagado sobornos? ¿Nadie recuerda ahora que, en la privatización de ENTel, el Departamento de Estado de EE.UU. denunció una coima de 100 millones de dólares?
Todos condenamos los sobornos y la Argentina sería un país mejor sin ellos. Pero los sobornos no fueron más que un instrumento puntual que posibilitó consecuencias nefastas y permanentes.
Causa náuseas que se hayan pagado coimas para aprobar la ley laboral. Pero también debería causarnos la misma repulsa que se haya aprobado esa ley que significó una gigantesca transferencia de ingresos desde los sectores del trabajo hacia los sectores más concentrados del capital, en la búsqueda de la profundización de la precarización laboral. Por eso está muy bien que se busque derogar esa ley que algunos votaron aun sin coima.
Una pregunta final y conexa: ¿Qué se hará con las empresas privatizadas, que fueron rematadas en su conjunto a precio vil, sobornando conciencias y bolsillos? ¿Se las reprivatizará, se las dejará como están –aceptando su ilegitimidad de origen– o se propiciará un debate franco en el que se discuta, por ejemplo, si nuestro país puede elaborar un proyecto soberano sin una empresa petrolera nacional?
Si el escándalo de las coimas en el Senado sólo consigue juzgar –y aun encarcelar– a algunos protagonistas inescrupulosos, sin que se modifiquen las estructuras que generaron esas políticas, caerán los gerentes que ejecutaron los instrumentos, pero seguirá adelante el país de la exclusión y de la entrega.