Rubén Beraja está preso. Es el mismo hombre que hace poco más de cinco años era reconocido como uno de los financistas más exitosos y que ahora, ante el juez Norberto Oyarbide, aseguró no percibir ingresos salvo los 1000 pesos mensuales que aporta al hogar su señora Raquel. Mucho menos que los 6000 pesos que dice precisar cada mes para vivir y que, por suerte para él, puede recabar de sus ahorros. Beraja, ex titular del liquidado Banco Mayo y ex presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), se entregó ayer a la mañana en el despacho de Oyarbide y, a la tarde, fue alojado en la División de Delitos Complejos de la Policía Federal, el mismo lugar en el que se encuentra detenida María Julia Alsogaray. Está acusado de liderar una asociación ilícita que operaba desde el banco, delito que no prevé la excarcelación. Las maniobras investigadas involucran unos 500 millones de dólares, aunque este monto podría ser superior.
El pedido de detención recayó también sobre Salomón Carlos Cheb Terrab, ex accionista del Mayo y dueño de empresas sospechadas de ilícitos. Al cierre de esta edición, Cheb Terrab no se había presentando ante el magistrado.
Beraja ya había sido procesado en esta causa por el juez Gabriel Cavallo (ver más información en esta misma página). Lo que hizo ahora Oyarbide fue ampliar esa medida y dictar la prisión preventiva del ex banquero. Junto a Beraja y Cheb Terrab, el magistrado proceso, pero sin ordenar la prisión, a otros 15 ex directivos del banco.
A mediados del ‘98, Beraja vivía su plenitud. Encabezaba uno de los bancos más fuertes del sistema financiero. El mayo ocupaba el duodécimo lugar del ranking de depósitos, entre las entidades financieras privadas, con 1030 millones de pesos/dólares. Acababa de absorber al quebrado Patricios, banco que pertenecía a la familia Spolski. Por entonces, Beraja tenía el objetivo de expandir su negocio en Capital y el Gran Buenos Aires. Pero el montaje duró poco.
En agosto de aquel 1998, la renuncia del vicepresidente del Mayo, Víctor Liniado, despertó las sospechas de los ahorristas más importantes del banco. Entendieron que el alejamiento del directivo era un indicio de que algo andaba mal y sacaron sus fondos. Era el comienzo del fin. Beraja, que había crecido económica y políticamente al amparo del menemismo, recibió ayuda oficial en medio del naufragio. Por la huida de capitales, el Banco Central conducido por Pedro Pou lo socorrió con unos 300 millones de dólares. Fueron préstamos cuyo real destino está siendo investigado ahora por el Poder Judicial.
En pocos días, el Mayo perdió 400 millones de dólares de sus depósitos y el 9 de octubre del ‘98 fue suspendido por la autoridad monetaria. El cierre de la entidad financiera conmocionó a la colectividad judía: el propio titular de la DAIA estaba acusado de pergeñar una estafa multimillonaria. No hay que olvidar que la mayoría de los clientes del Mayo eran integrantes de esa comunidad.
Una vez intervenido el banco, los veedores del Central empezaron a encontrarse con sorpresas. Por ejemplo, millonarios préstamos a empresas vinculadas al grupo financiero. Sólo durante el último mes en que el banco estuvo abierto, en medio de la huida de fondos, se contabilizaron autopréstamos por 27 millones de dólares a ocho compañías ligadas al grupo controlante. Ahora se sospecha que el auxilio del Central, en medio de la debacle, fue utilizado por Beraja y sus socios para provecho propio.
En la resolución de Oyarbide conocida ayer, el juez escribió con claridad: “Por lo menos desde 1993 hasta 1998 existió una organización estable, permanente y sólidamente conformada (...) que sería constitutiva de ilícitos penales”. En otro párrafo, el magistrado apuntó que el banco “ofreció a la asociación una fachada de legalidad” que sirvió para captar inversores, “abusar de su confianza, confundiéndolos y hacerse del dinerode terceros y emplearlo para financiar proyectos o negocios de los propios imputados”. En los considerandos de su decisión, el magistrado rememora que la causa se inició ante la denuncia de maniobras que “habrían ocasionado una pérdida, en apenas seis semanas, de 200 millones de pesos”.
Las maniobras irregulares investigadas son cuatro:
- Mesas de dinero: Oyarbide menciona dos: Mayflower Bank y Trust Inversions. Funcionaban en oficinas ubicadas en San Luis y Pueyrredón. A través de ellas tomaron 200 millones de dólares de unos 3 mil ahorristas que, a cambio, recibían una tasa de interés superior a la de un plazo fijo normal: 13 por ciento anual en dólares y 15 por ciento en pesos. Como muchas de estas colocaciones eran “en negro”, sus titulares ni siquiera reclamaron cuando quebró el Mayo. Otros tuvieron más suerte: Armando Gostanián recuperó los 8 millones de dólares que había enviado a las Bahamas.
- Asistencia del BCRA: La sospecha en Tribunales es que los 300 millones recibidos por el banco entre septiembre y octubre del ‘98, en medio de la fuga de depósitos, fueron utilizados en provecho de los propios accionistas del Mayo.
- Autopréstamos: El juez constató una “elevada” asistencia crediticia del Mayo a favor de personas o empresas vinculadas al grupo de control. Esos autopréstamos, en total alrededor de 30, habrían acumulado unos 123 millones de pesos.
- Tiempo compartido: Se detectaron inversiones “aparentemente irregulares” en la compra de derechos de uso de tiempo compartido a la empresa Icatur. Un hecho “incompatible” con la iliquidez del banco.