La Cámara Federal apartó ayer al juez Ariel Lijo de la investigación por irregularidades en la causa AMIA, es decir que lo sacó del expediente sobre el desvío de las pistas del atentado. Lijo había dictado la falta de mérito de los secretarios del ex juez Juan José Galeano que actuaron en el caso del atentado. La Cámara no sólo revocó esa decisión sino que señaló que el juez no investigaba como correspondía, que dejó sin evaluar evidencias como la interrupción de la llamada pista Siria, que tampoco sopesó que esos secretarios tuvieron participación indirecta en el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín, que ocultaron escuchas y otras pruebas. Aunque no lo dicen de forma taxativa, se percibe que los camaristas le achacan a Lijo que no quiso investigar con rigor a funcionarios del fuero federal, al punto que la Cámara deja asentado que ya le había llamado la atención tres veces. Ahora el expediente irá a sorteo, habrá un nuevo juez, que podría avanzar en pistas abandonadas en el caso AMIA.

En el caso de los desvíos de la investigación del atentado interviene una conformación especial de la Cámara Federal: Carlos Alberto González, Jorge Rimondi y Rodolfo Pociello Argerich. El fallo de ayer fue por unanimidad. La iniciativa en el expediente por las irregularidades en la causa AMIA la tuvieron siempre los familiares agrupados en Memoria Activa, representados ahora por el abogado Rodrigo Borda. Tras el fallo del Tribunal Oral, que absolvió a los policías que estuvieron presos, se convirtieron también en querellantes esos ex uniformados, cuyo abogado es el ex comisario Juan José Ribelli. Por último, en todo el trabajo sobre las irregularidades en la investigación tiene fuerte participación la Unidad Fiscal AMIA, que estaba a cargo de Alberto Nisman, y ahora encabezan Roberto Salum y Sabrina Namer.

Los secretarios de Galeano imputados en la causa son Javier Degamas, Susana Spina, Carlos Velasco y José Fernando Pereyra. La Cámara ya había revocado la falta de mérito a esos funcionarios, pero Lijo insistió con su opinión señalando que no hay pruebas suficientes para procesar a los secretarios.

La Cámara da varios ejemplos en su fallo. Le dice al juez que no sopesó los hechos por los cuales se desvió la investigación sobre un sospechoso, Alberto Kanoore Edul. El secretario Velasco ocultó que a Kanoore Edul ya le habían intervenido los teléfonos por ser sospechoso anteriormente. Respecto de Spina, los camaristas sostienen que no pudo estar ajena al pago de Telleldín. En el fallo, los integrantes del cuerpo señalan que en su momento el secretario Claudio Lifschitz contó que Velasco dijo: “¿Vos querés detener a Kanoore? ¿En qué quilombo nos querés meter? Cuando lo detuvimos hasta llamó el hermano del presidente”. La declaración de Lifschitz tiene que ver con una llamada de Munir Menem, desde la Casa Rosada, pidiendo que se frenen los allanamientos a los domicilios de Kanoore. Finalmente, los camaristas dejaron constancia que De Gamas puso en un acta que Telleldín se hizo presente en el juzgado, pero la realidad es que en esa ocasión se negoció su declaración contra los policías a cambio de los 400 mil dólares. Esta negociación está filmada en video por agentes de la SIDE que estaban allí, en el juzgado. Por no avanzar ni evaluar todos esos elementos, la Cámara ordenó el apartamiento de Lijo.

Ahora el expediente irá a sorteo. El nuevo juez debe elevar a juicio la acusación contra el actual integrante de la Casación bonaerense Federico Domínguez, el comisario Luis Vicat y la abogada Marta Paraescándalo, todos ellos acusados de presionar a policías para que declaren contra Ribelli y sus pares, acusándolos de ser parte del atentado. El ejemplo más característico es que metían preso a un uniformado y le prometían la libertad a cambio de la declaración contra Ribelli y compañía.

El nuevo juez también podría rever la falta de mérito dictada al ex ministro del Interior de Menem Carlos Corach, señalado por Memoria Activa como el hombre que fue el nexo entre el juez Galeano y el presidente Carlos Menem. También está pendiente una investigación sobre una célula que actuaba en Ezeiza y que era comandada por un iraní, Khalil Ghatea. La SIDE supuestamente tenía infiltrada esa célula y lo seguía desde antes del atentado contra la AMIA, pero todo indica que sorpresivamente, en los días de la bomba, le perdieron el rastro. Ghatea se fue de la Argentina y recién lo empezaron a investigar cuatro años después del atentado. Lifschitz considera que el juez de Lomas de Zamora, Alberto Santamarina, que seguía los pasos de Ghatea; el juez Galeano y la SIDE se combinaron para no investigar esa pista.

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