Los gremios bonaerenses de estatales, docentes, judiciales y trabajadores de la salud realizarán hoy en La Plata una segunda jornada de protesta conjunta. Juntos contra el ajuste que impulsa la gobernadora María Eugenia Vidal, marcharán hasta la Legislatura, donde exigirán a los diputados que no sancionen, en la sesión prevista para esta tarde, la ley de Emergencia Administrativa. La denuncian como una llave para habilitar despidos masivos y contratar nuevo personal, pero de manera más precarizada. Además, aseguran que habilitará a que las empresas colonicen el Estado, con controles mínimos.

Como la semana pasada, la protesta suma también reclamos sectoriales. Por ejemplo, los médicos, judiciales y estatales demandan que la provincia mejore su oferta de aumento salarial, llevándola por encima del 30 por ciento. Los docentes señalan que “en el sector de la Educación, el ajuste se manifiesta en la baja de cupos para los comedores, con graves problemas en el transporte escolar, una falta total de recursos para infraestructura y cierre de los programas socioeducativos”, enumeró Raúl Calamante. El representante docente agregó que exigirán “la reapertura de las paritarias, ya que está vigente y vamos a emplear, la cláusula de monitoreo”, porque “a esta altura del año la inflación ya se comió nuestro salario”.

La marcha será el cierre de una nueva semana de paros: los médicos y judiciales hicieron huelgas por 72 horas y ATE un paro de dos días. En la manifestación estarán, además de ATE, los estatales de Aemopba y Soeme y los docentes del Suteba, la FEB, Sadop (privados) y Udocba (CGT moyanista). También se movilizarán la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), los profesionales de la salud de la Cicop, el sindicato policial Sipoba y la comisión gremial del Banco Provincia.

La ley de Emergencia Administrativa ya logró media sanción en el Senado, el 5 de mayo. El PRO asegura que el único objetivo de la declaración de la emergencia es acelerar los procesos de licitación y adjudicación de bienes y servicios, pero los gremios consideran que el proyecto “abre la puerta para que el sector privado haga negocios masivamente en el Estado provincial”.

“Hay un cambio estructural en el Estado provincial. Van por el desguace para habilitar al sector privado a efectuar todo tipo de negociados con los funcionarios amigos, sin ningún tipo de control”, aseguró el secretario General de ATE provincia, Oscar de Isasi.

Los dirigentes de ATE plantean, además, que con esta ley “10 mil trabajadores quedarán bajo amenaza de despido”.