Los estatales bonaerenses manifestaron su rechazo a las políticas de la gobernadora.
Imagen: Télam.

Miles de estatales bonaerenses se movilizaron ayer a la Casa de Gobierno y la Legislatura provincial, en La Plata, en repudio a la sanción de la ley que declara la emergencia administrativa y tecnológica en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa establece la creación de un nuevo sistema de contratación de personal y fue aprobada por la Cámara de Diputados a pesar de la manifestación de empleados públicos, docentes, médicos, estudiantes, policías, trabajadores judiciales, de minoridad, de Astilleros Río Santiago y del Banco Provincia. Los gremios estatales no descartaron la convocatoria a un paro y movilización para la semana próxima.

El proyecto, que había sido aprobado hace 20 días en el Senado, declaró la emergencia administrativa y tecnológica en la administración pública provincial, y busca agilizar y transparentar los procesos de licitación en la provisión de bienes y servicios. Con este objetivo, durante la vigencia de la emergencia de un año se reducirán los plazos de las licitaciones públicas para la adquisición de bienes y servicios de las diferentes áreas del Estado provincial. También establece que el organismo contratante de bienes y servicios deberá solicitar tres ofertas o cotizaciones y luego podrá adjudicarlos, previo dictamen de la Fiscalía de Estado que tendrá un plazo de 72 horas para su respuesta.

Sin embargo, la polémica se instala en los artículos 25 y 26 de la Ley, que crean un nuevo régimen de contratación de la administración pública y a lo que denomina “personal de gabinete”. Para ello, autoriza a los ministros y titulares de órganos descentralizados a contratar a una persona para que preste un servicio determinado sin sujeción a un resultado concreto, siempre que responda a una necesidad de carácter transitorio o estacional debidamente documentada y que por su complejidad o especialización no pueda ser cumplida por personal permanente. Establece además que la celebración del contrato no generará una expectativa o derecho a prórroga, ni creará una relación laboral de dependencia, y que una vez operado su vencimiento, el contratado deberá finalizar las tareas a su cargo sin derecho a remuneración adicional alguna.

La Ley de Emergencia se votó sin debate. El diputado de La Cámpora Miguel Funes pidió al titular del cuerpo, Jorge Sarghini, que ingresara una delegación de representantes de los trabajadores a los palcos, pero éste se opuso por los incidentes que hubo afuera de la Legislatura con la manifestación. El diputado Fernando “Chino” Navarro dijo que “pensé que los 90 habían quedado atrás, no vamos por buen camino si la policía tiene que poner orden, si los trabajadores no pueden ingresar al lugar en donde estamos quienes los representamos”. Y propuso “aprobar leyes que tengan que ver con el sentido común y no con la lógica de la administración pensando en la ‘eficiencia’ y dejando de lado a las mayorías populares”.

En ese momento, el presidente del bloque de Cambiemos, Jorge Silvestre, explicó que “esta ley fue introducida por el Senado con otra de Modernización del Estado, o sea que el Ejecutivo nos da para analizar, modificar y discutir esta segunda norma, pero mientras nos pide la Emergencia para poder llevar a cabo los procesos necesarios” y pidió una moción de preferencia para votar la ley sin debate. Allí, se generó una fuerte discusión entre los legisladores por lo que Sarghini pidió que se vote la ley que contó con el apoyo de Cambiemos, el Frente Renovador, el FAP, el bloque Justicialismo Bonaerense que integran Hugo Oroño y Mario Giacobbe y el unibloque de Peronismo Bonaerense, de Mónica López. En tanto, las tres bancadas en las que se dividió el Frente para la Victoria se opusieron a la norma. A ellos se sumó el unibloque de Izquierda de Guillermo Kane.

De la movilización participaron estatales de todos los sectores, de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Soeme y Aemopba; docentes de Suteba, FEB, Sadop (privados) y Udocba, y judiciales nucleados en la en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB). También marcharon los médicos y profesionales de la salud de Cicop, el sindicato policial Sipoba, la comisión gremial del Bapro, el Sindicato de Conductores de Taxi de La Plata, la Federación Universitaria platense (FULP), Polo Obrero y Quebracho, entre otros.

Oscar de Isasi, titular de ATE provincia de Buenos Aires, dijo que no descartan “hacer un paro y movilización para la semana próxima” y detalló que planean convocar a “una gran marcha multisectorial para junio, no sólo con los gremios sino también con los pequeños productores de la zona afectados por el plan económico del gobierno”. En tanto, Raúl Calamante, secretario Adjunto de la CTA provincia de Buenos Aires y secretario de Interior del Suteba, manifestó que “la marcha fue una señal muy clara de la unidad de la clase trabajadora, que demuestra la voluntad firme de rechazar la propuesta política de ajuste y de flexibilización laboral que se pretende implementar en la provincia”. Por su parte, el ex diputado bonaerense y dirigente del PTS en el FIT Christian Castillo destacó que “la Plaza San Martín estuvo repleta de trabajadores estatales, docentes, judiciales y de la salud, que se movilizaron en repudio de la sanción de estas leyes por parte de la Cámara de Diputados bonaerense”.

Los incidentes a los que se refirió Sarghini fueron protagonizados por un grupo de manifestantes que rompió la valla de calle 7 entre 51 y 53, arrojó piedras a la puerta de ingreso lateral de la Legislatura y prendió fuego cubiertas sobre la rambla de acceso al edificio.