“Se revirtió uno de los aspectos más relevantes de la reforma”, señalaron el CELS y Memoria Activa.
Imagen: Rafael Yohai.

El secreto vuelve a ser regla en la inteligencia del Estado. El gobierno de Mauricio Macri eliminó el lunes último la obligación de registrar los fondos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el uso que se les da. El argumento del decreto 656/2016: “agilizar las instancias administrativas usuales de gestión”. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la asociación civil Memoria Activa expresaron su “preocupación” en una carta al jefe de gabinete Marcos Peña, en la que advierten al gobierno que la decisión implica incumplir el compromiso de “transparentar el sistema de utilización de fondos reservados” asumido por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de la investigación por el atentado a la AMIA, en la que el dinero público fue usado para sobornar testigos e imputados y encubrir a los autores. Ambas organizaciones solicitaron, además de una audiencia con el jefe de gabinete, que el gobierno informe los detalles de la nueva reforma, cuál será la política de publicidad y secreto de las actividades de inteligencia y cómo se cumplirá el compromiso asumido en 2005.

El secreto y la discrecionalidad reinaron hasta principios de 2015, cuando el Congreso, a partir de un proyecto impulsado por la presidenta Cristina Kirchner, sancionó la reforma del Sistema de Inteligencia Nacional. La ley 27.126 estipuló en sus artículos 18 y 19 que los organismos de ese sistema debían establecer “los procedimientos necesarios para la adecuada rendición” de los fondos de carácter reservado, preservando la documentación respaldatoria que sea posible. Luego, el decreto 1311/2015 sancionó el “Régimen de Administración de la AFI”, que definió qué gastos debían clasificarse como “públicos” y cuales podían mantenerse sujetos a una clasificación de seguridad.

“Por primera vez se estableció que el secreto no era la regla de la estructura administrativa y presupuestaria de la agencia de inteligencia central sino la excepción cuando determinadas cuestiones lo requirieran”, recordaron en un comunicado las dos instituciones que en 1999 denunciaron al Estado ante la CIDH por los sucesivos actos de ocultamiento de la verdad cometidos por funcionarios en el marco de la causa por el atentado. “Si bien no se ha hecho público el impacto que el decreto 1311/15 ha tenido en la gestión cotidiana de la AFI, las normas citadas han constituido un avance significativo respecto del sistema anteriormente vigente”, señalaron en la nota a Peña el director del CELS, Gastón Chillier, y la titular de Memoria Activa, Adriana Reisfeld.

El decreto que firmaron Macri y Peña, publicado el lunes en el boletín oficial, derogó el “Régimen de Administración de la AFI”, con lo cual “revirtió uno de los aspectos más relevantes de la reforma” al aparato de inteligencia “que, con diez años de demora, comenzaba a cumplir con las obligaciones que el Estado había asumido con las víctimas del atentado a la AMIA”, señala el comunicado. Durante los diez meses que ese régimen de administración se mantuvo vigente “el sistema establecido no se aplicó en todas las áreas de la AFI”, advirtieron las organizaciones. A pesar de ello, el nuevo decreto, “en lugar de reforzar esa normativa y establecer reglas para que se adecuen las prácticas, las deroga ‘para agilizar la gestión’”, señalan.

La nueva norma del Ejecutivo derogó además el Régimen Profesional de Personal y la estructura orgánica y funcional de la AFI, y delegó su nueva conformación en su director nacional, Gustavo Arribas. El nuevo Estatuto profesional “retoma el régimen anterior a la reforma de la ley”, afirman el CELS y Memoria Abierta. “Estas decisiones incumplen el compromiso asumido con las víctimas del atentado a la AMIA y su orientación implica que el sistema de inteligencia sostenga su capacidad de operar sin rendir cuentas”, destacan. “Si esta reforma se sostiene, el Poder Ejecutivo estará desandando un cambio normativo que podía condicionar las históricas prácticas discrecionales e irregulares de la agencia de inteligencia y volviendo a un esquema regulatorio que consolida el funcionamiento secreto que llevó a la crisis del sistema”, concluyen.

Chillier y Reisfeld, en su nota a Peña, le advierten que la sumatoria de cambios “ha implicado desarmar el marco reglamentario de los decretos 1311/15 y 2415/15 de la nueva ley de inteligencia, que había avanzado en muchos puntos, inclusive frente a los pisos establecidos por la propia ley”. Le piden que informe si la AFI sancionó por disposición interna un nuevo régimen de administración de fondos reservados, la preguntan cuál será la política de Cambiemos para transparentar la actividad de inteligencia y desclasificar la información que no se relacione con cuesiontes operativas que por razones de seguridad requieran del secreto, por qué el gobierno derogó el Régimen Profesional de Personal de AFI para reemplazarlo por otro que implica volver al sistema vigente desde 2003, y cómo piensa cumpir con los compromisos asumidos en el marco del acuerdo de solución amistosa ante la CIDH.