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El fiscal que investiga la explosión de un depósito clandestino de pirotecnia que el viernes transformó una parte de Florencio Varela en un escenario de guerra confirmó que el dueño del local quedó imputado en la causa. El fiscal Ricardo Maidana explicó que el cargo es por estrago culposo agravado, delito que prevé hasta cinco años de cárcel. Ahora el fiscal se dedicará a reunir las pruebas necesarias para ordenar su detención, según afirmaron fuentes policiales.
La explosión ocurrió en un local habilitado como depósito mayorista de golosinas frente a la estación Dante Ardigó de la línea Roca. Ayer se confirmó que el saldo final de la tragedia es de cuatro muertos y 16 heridos. Minutos después de la medianoche del viernes, las dotaciones de bomberos, la policía y el personal de Defensa Civil que trabajaba en el lugar encontraron el cuarto cuerpo, una joven embarazada de 25 años. Las tareas de remoción de escombros continuaron durante toda la noche y terminaron ayer a las 8, cuando ya no había posibilidades de hallar una nueva víctima debajo de la gran losa del local.
Ayer a la tarde sólo quedaba personal policial que custodia el lugar para evitar robos. El lunes volverán los peritos a la calle Ombú al 600, entre Martín Fierro y El Zonda, para verificar si debajo del local existe un sótano donde podrían haber restos de pirotecnia. El gran almacén ya había sido denunciado por los vecinos y el intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, aseguró a Página/12 que Defensa Civil intentó realizar una inspección el último 31 de diciembre. Pero el dueño del local los echó porque “no tenían orden de allanamiento”.
Pereyra sostuvo que la intendencia inició un sumario interno para investigar el rol que tuvieron los inspectores ese día y se comprometió a “ayudar social y económicamente a las víctimas del siniestro” que destruyó casas y comercios vecinos, debido a la onda expansiva que llegó a vibrar a 10 manzanas a la redonda.
Martín Lescano, vecino de Florencio Varela, había presentado un escrito al intendente tres días antes de la explosión, en el que advertía sobre el peligro que significaba la existencia del mayorista El rey de la oferta. La carta reclamaba que se “arbitren lo antes posible medios para evitar una tragedia” y exigía “el secuestro y decomiso de la pirotecnia existente en depósitos que no están aptos para soportar altas temperaturas”.
Dos de los muertos, Jorge Benítez (18) y Luis Alberto Quinteros (19), eran empleados del comercio. El tercer cuerpo es de un odontólogo alcanzado por la onda expansiva mientras atendía en su consultorio. La última víctima fue encontrada entre los escombros en una casa vecina al local y fue identificada como Noelia Morales, de 25 años. La embarazada fue alcanzada por la explosión mientras estaba en su casa.
De los 16 heridos, 11 ya fueron dados de alta y cinco siguen internados, dos en estado delicado. Uno es Hugo Luna, de 15 años, internado en la Clínica Ramos Mejía; la otra es Adriana Bauza, de 17 años, con el 22 por ciento de su cuerpo con graves quemaduras.
Los dueños del depósito son un matrimonio de más de 40 años que no se encontraban en el lugar en el momento de la explosión.