A pesar de que los abogados de Mauricio Macri se quejaron la semana pasada en un escrito por las dimensiones que va adquiriendo la investigación derivada de los Panama Papers, el juez federal Sebastián Casanello dispuso ampliar las medidas de prueba hacia un entramado de sociedades que excede a Fleg Trading y Kagemusha, las dos offshore no declaradas por el Presidente, que dieron origen al expediente. Por lo pronto pidió a la Inspección General de Justicia (IGJ) información sobre la constitución societaria, balances, cambios de autoridades y todo legajo existente respecto de estas empresas del grupo Macri: Grumafra SA, Socma Americana, Global Collection Services, MTC Investment y Macri Investment Group entre los años 1985 y 2007.

Los pedidos de información del juez Casanello, que surgen de un dictamen del fiscal Federico Delgado, apuntan a analizar la actividad económica de empresas del grupo y si de ellas surge algún posible delito. A través de Socma, empresa del padre del Presidente, Franco Macri, la offshore Fleg Trading se habría quedado con casi todo el capital de la firma Owners Do Brasil. La sociedad de esta firma (radicada en San Pablo) con Fleg, es la que vendría a desmentir las aseveraciones del presidente Macri en alusión a que ésta última no tuvo actividad y que usó para instalar Pago Fácil en Brasil, tal como reveló Página/12. A través de los balances y la documentación de la IGJ se busca establecer si Socma (de la que forman parte Franco Macri, Mauricio y sus hermanos) reconoce su participación en Owners y su actividad. Y cuál era la vinculación con Global Collection, que todo indica que explotaba Pago Fácil.

Luego, la investigación debería dilucidar si la actividad económica detectada fue declarada, o de qué manera era consignada, ya que hay operaciones que se entablan y circulan entre empresas del mismo grupo. Podría ser una forma de facilitar maniobras de lavado de dinero. De este modo, todo hace suponer que el expediente ya no estaría confinado al posible delito de omisión maliciosas de las sociedades offshore en las declaraciones juradas.

Casanello le pidió, a la vez, al juzgado civil 104 que le entregue una copia certificada de los estatutos de Fleg Trading y de las declaraciones juradas de Franco Macri, vinculadas con esa firma, entre 1998 y 2005. En ese juzgado el Presidente le reclama a su padre que le entregue la documentación de Fleg que demostraría que a través de su participación en esa firma él no cometió ningún ilícito. Al hacer su presentación dijo que su padre se resistía a entregársela y que no le alcanzaba con que hubiera emitido un comunicado de prensa. En el juzgado de Casanello hay un juego de copias comunes (no certificadas) entregadas por Franco Macri, que los investigadores deberán cotejar con las copias autorizadas.

Un pedido dirigido a la Oficina Anticorrupción hace hincapié en la declaración jurada de 2015 de Mauricio Macri, correspondiente a su cargo de jefe de gobierno porteño. Uno de los datos que debería surgir de ahí es si ya entonces había declarado que tenía 18 millones de pesos como “ahorro” en un banco de las Islas Bahamas, que sí incluyó en su declaración de bienes de 2016 y que ahora anunció que va a repatriar.

A la Unidad de Investigación Financiera (UIF) el juez le ordenó que rastree información a través de sus pares de Panamá, Bahamas, Uruguay Brasil y Reino Unido, sobre posibles operaciones sospechosas, vinculadas a las empresas sobre las que ya se pidieron informes vía exhorto: Fleg Trading SA, Kagemusha SA, Foxchase Trading SA, Sideco Americana SA, Global Collection Services, Owners Do Brasil Participacoes, Gresoni SA y Macri Investment. El pedido de reportes de operaciones dudosas es una típica medida para intentar detectar maniobras de presunto lavado de dinero.

Casanello ya había librado exhortos a Uruguay, Reino Unido, Irlanda, Panamá y Brasil por empresas de la familia Macri y pidió a la Afip que le remita las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales de Francisco Macri, Gianfranco Macri y Mariano Macri entre los años 2012 y 2014. Al Banco Central había pedido que le requiera a todas las entidades financieras del país datos sobre las cuentas bancarias en las que Mauricio Macri haya participado como titular y apoderado a partir del 1º de enero de 2016 hasta la actualidad y los movimientos de los fondos.

Esta semana, Casanello difundió un comunicado en el que salió a cuestionar increíbles versiones que con las que crecen intentos por desplazarlo de algunos de los expedientes que investiga, que tienen fuerte impacto político: uno es contra Lázaro Báez y su entorno; el otro es el de las muertes en la fiesta Time Warp; y el tercero es el de Panana Papers. Según el juez hay “una operación calumniosa que busca afectar” su “honor e interferir” su “labor como juez”; Por ejemplo, a través de versiones que le atribuyen reuniones con la ex presidenta Cristina Kirchner, a quien dijo que ni conoce.