El proyecto de ley de emergencia y sinceramiento sugiere que la reparación histórica en marcha no es a los jubilados sino a las grandes empresas, que avizoran la anhelada recuperación de los paquetes accionarios en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional Argentino. Así se desprende de sendos análisis realizados por el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), fundado por Eduardo Basualdo, y por el ex Administrador Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Amado Boudou, quien en 2008 fue el impulsor de la estatización de las AFPJ, acaso la política más exitosa de los dos gobiernos de CFK.

CIFRA entiende que el objetivo de la reforma previsional es liquidar las disponibilidades y las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Este Centro de Estudios de la CTA estima que el blanqueo alcanzará unos 20.000 millones de dólares, con una recaudación para el Estado Nacional de aproximadamente 2.000 millones, lo que no cubriría ni una cuarta parte de los fondos requeridos para aplicar el Plan en 2016. Las colocaciones en títulos y obligaciones negociables constituyen el 65 por ciento de los recursos del Fondo y no son liquidables, ya que de volcarse al mercado los títulos soberanos producirían un desplome de su precio. Tampoco es posible recuperar en el corto plazo las inversiones en proyectos productivos y/o de infraestructura, que insumen largos plazos. Quedan así las disponibilidades del FGS, valuadas en 3.728 millones de dólares y sus acciones, en 5.673 millones de dólares.

El apetecido Fondo de Sustentabilidad, al 31 de diciembre de 2015

Esto incluye la participación del Estado en el capital de unas 40 empresas, de las que en el cuadro se muestran las 15 más importantes. La estatización de las AFJP, en 2008, desató el conflicto más duro del Estado con todas las fracciones del capital y dio lugar a una declaración de guerra de la trasnacional italiana Techint y del Grupo Clarín contra el gobierno de la ex presidente CFK. A fines de 2010, Héctor Magnetto, dijo en un reportaje con el diario inglés Financial Times que el gobierno de Cristina “está entrando en una fase confiscatoria”. Y el de Techint, Paolo Rocca, pronunció un discurso incendiario contra cualquier distribución de ganancias y protección laboral, y presionó como hace siempre por una nueva devaluación. En 2011 el Estado modificó la legislación por la cual las acciones de la ANSES en las empresas sólo tenían derechos políticos en la asamblea de accionistas hasta el 5 por ciento. Desde entonces el Estado hace oír su voz en forma proporcional a su paquete accionario, una ofensa intolerable para el conjunto del patronato y su principal término de unidad.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad y las empresas

“Si bien, en las apariencias, el proyecto de ley de reparación histórica persigue beneficiar a una porción de los jubilados con el incremento de sus haberes, la naturaleza de la medida, tal como está planteada, se orienta a otros propósitos que pueden retornar como un boomerang hacia el propio sistema jubilatorio al tornarlo insustentable”, concluye CIFRA.

El estudio de Boudou llega a conclusiones similares, basado en un análisis técnico. Dentro del total de 6,6 millones de integrantes del Sistema Previsional Argentino, los potenciales beneficiarios serían sólo los jubilados del sistema nacional, ya que no se extiende a quienes ingresaron por el sistema de moratoria, que comenzó a implementarse a partir de 2006, sin los cuales el sistema sería minúsculo, tal como lo dejaron las AFJP. De los 6,6 millones quedan así comprendidos en la norma, 3,1 millones.

Pero de allí hay que detraer los 102.225 casos que tienen regímenes especiales (ex trabajadores docentes, mineros, portuarios, de Luz y Fuerza, el servicio exterior). También a los felices magistrados judiciales, cuyo régimen les garantiza un ingreso promedio de 70.000 pesos mensuales. Con lo cual el universo de potenciales beneficiarios queda reducido a 3.023.774. Sin embargo (también contradiciendo lo que el presidente intenta instalar) durante los últimos doce años se implementó una potente política de liquidación de sentencias. Solo durante 2016 se liquidaron 54.028 y en el total del periodo llegaron al medio millón. El universo de potenciales beneficiarios vuelve a reducirse así a unos 2.523.774 casos.

En 2008 la ley de movilidad jubilatoria 24.617, con dos aumentos anuales, produjo un fuerte crecimiento en el monto de las jubilaciones, por encima de la inflación, sin afectar la sustentabilidad de mediano plazo del sistema, ya que el aumento se determina considerando el salario de los trabajadores activos y los ingresos tributarios del sistema previsional. Desde entonces los ajustes originados en el fallo Badaro perdieron sentido, e inclusive fallos posteriores de la Corte Suprema de Justicia convalidaron la aplicación del nuevo índice. Así, la litigiosidad del sistema tuvo una fuerte disminución y el impacto de los fallos judiciales fue perdiendo importancia. Los reclamos se centraron entonces en el cálculo del haber inicial. Durante los últimos ocho años se otorgaron 2.445.660 jubilaciones y pensiones del SIPA. En el cálculo más conservador sólo al 25 por ciento de ellos se le habría calculado bien el haber inicial, de modo que no tendrían derecho a ampararse en el fallo Ellif. Restando ese 25 por ciento que no tiene nada para reclamar, el universo disminuye a 1.892.830 casos. De allí hay que restar los 380.000 casos que según el gobierno están en juicio, lo cual coloca el subtotal en 1.512.830 personas.

¿Cuántos son los beneficiarios potenciales de la ley Macrì?

De las nuevas jubilaciones de cada año el 22,18 por ciento son trabajadores autónomos, monotributistas y empleados de servicio doméstico, que percibirán un haber inicial inferior al mínimo del sistema, por lo cual serán igualados a ese mínimo y no tendrán más derecho a litigar, lo cual desciende el universo a 1.177.284 personas, según calcula el ex administrador de la ANSES. La jubilación mínima es hoy de 4.959 pesos, que se logra con un promedio salarial de 9.356 en los últimos 10 años y de 14.168 para tramitar una pensión derivada, cuando a fines del año pasado el promedio salarial del país era de 13.000 pesos. Esto indica que un alto porcentaje de quienes solicitaron un beneficio previsional quedó por debajo del nivel de ingresos que le permitiría reclamar los ajustes del caso Badaro o del caso Elliff. Además hay que descontar al 17,7 por ciento del sistema que reciben doble beneficio (jubilación+pensión). Una vez practicadas esas sustracciones, los potenciales beneficiarios de la ley que la semana próxima discutirán las comisiones del Congreso apenas llega a 700.000 personas. Nadie discutirá la estricta justicia de la recomposición de sus haberes, pero el proyecto de ley también contiene otras acechanzas. De acuerdo con el proyecto de ley a los jubilados con sentencia firme favorable, que la ANSES está cancelando a un promedio de cuatro mil expedientes por mes, con recursos ya contemplados en el presupuesto 2016, se les pagaría la mitad al contado y el resto en doce cuotas trimestrales. Por tratarse de un ingreso alimentario, este desmejoramiento puede ser reclamado en los tribunales, lo cual reanudaría la denominada industria del juicio. Los abogados que aconsejen homologar este tipo de acuerdo también podrían ser denunciados por incumplimiento de su obligación profesional. Algo similar ocurre con el cambio del índice de actualización para el recálculo del haber inicial. Según el índice utilizado en el fallo Elliff el incremento sería del 65 al 80 por ciento de los haberes. Con el que elige el proyecto de ley, del 45 por ciento. Lo mismo podría suceder con el tope jubilatorio de 36.000 pesos mensuales y con el año menos de retroactividad que surge del proyecto. Las sucesivas moratorias permitieron que el 98 de las personas en edad de jubilarse accedieran a ese beneficio, percibiendo el haber mínimo, como piso digno de subsistencia. El proyecto oficial lo disminuye al 80 por ciento de la jubilación mínima, perpetuando en la vejez la discriminación que padecieron durante su vida activa quienes realizaban trabajos informales. De paso, se eleva la edad de retiro femenina a 65 años, en una excepcional y paradójica medida de igualdad de género. Sin el Fondo de Garantía de Sustentabilidad el Estado perdería una herramienta clave para su incidencia en la economía real y financiera. Otras de las reformas destructivas de un sistema que funcionó muy bien es el pago con el FGS no sólo de las deudas de capital sino también de los gastos corrientes y la habilitación en el artículo 28 de invertir en títulos y acciones de estados y sociedades extranjeras, cosa que estaba prohibida, partiendo de la premisa de que el FGS debería ser un instrumento del desarrollo nacional. El texto de la ley trae de contrabando una baja permanente del haber mínimo, un aumento en la edad de acceso a las mujeres y el desfinanciamiento del ANSES, mientras el nuevo beneficio asistencial a los adultos mayores será financiado por rentas generales. Esta liquidación es un objetivo estratégico de la venganza social en marcha y la puerta de entrada a una nueva privatización del sistema previsional, esta vez concentrada en los más altos ingresos, los mismos a los que se dirige esta ley, a diferencia del gobierno anterior, cuya prioridad fue la ampliación de la base de beneficiarios y el mejoramiento de su ingreso mínimo.